La Corporación Yurupari, manifiesta su más alta preocupación frente a los crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando en Colombia. Es triste pensar que hoy en Colombia se hable de más de 50 mil desaparecidos, de fosas comunes, de testimonios de criminales que han reconocido la utilización de hornos crematorios hechos para desaparecer los restos de las víctimas, ejecuciones extrajudiciales de manos de los militares, masacres de indígenas, campesinos y afrocolombianos, de 4 millones de desplazados, este holocausto es sin duda la ausencia de políticas que garanticen la vida de la gente y la muestra de que en Colombia hay una sistemática violación los derechos humanos y una burla de los acuerdos, convenios y pactos ratificados por Colombia en materia de derechos humanos.
La aparición en un pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres "NN", enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.
Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy". Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".
Sumado a estos hallazgos están las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que han confesado la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.
La Corporación Yurupari, hace un llamado respetuoso a los Jueces de la CPI para que tomen mediadas y cartas en el asunto, pues como organización no gubernamental de derechos humanos no vemos la voluntad política del gobierno para llevar a una verdadera justicia, y castigar ejemplarmente a los responsables. Pues creemos que la ley 975 de justicia y Paz ampara la impunidad y deja sin castigo a los responsables de este holocausto que se vive en Colombia.
La Corporación Yurupari, hace un llamado a la comunidad nacional e internacional para rodear de solidaridad la justa lucha de los defensores de derechos humanos de Medellín y en específico a las y los abogados de la Corporación Jurídica Libertad.
La Corporación pudo establecer, que el abogado Bairon Góngora Arango, directivo de la Corporación Jurídica Libertad, el 9 de febrero, fue enterado de la existencia de un plan para asesinarlo y para lo cual fueron contratadosmiembros de una poderosa banda criminal de la ciudad de Medellín.
Estos nuevos hechos se suman a los hostigamientos que desde hace varios años vienen padeciendo los defensores de la Corporación Jurídica Libertad.
La Corporación Yurupari,solicitaa las autoridades del Estado Colombiano, investigar prontamente estos hechos y brindar todas las medidas pertinentes para proteger la vida e integridad de los defensores de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad.
