La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de Derechos Humanos, ve con alta preocupación, como la estrategia paramilitar en Colombia sigue siendo una herramienta para mantener el statu quo y garantizar en muchas regiones del país la inversión extrajera multinacional.
Pese a que las Auto defensas Unidas de Colombia AUC se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Mediante la aplicación de la "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" que permitieron entregar a la justicia colombiana elementos para juzgar y condenar a máximo ocho años a los paramilitares que confesarán sus crímenes y colaboraran con la justicia.
Las AUC se crearon en abril de 1997 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.
Más del 70 por ciento de sus ingresos provenían del narcotráfico, e igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales con presencia en las zonas bajo su control.
Asimismo, recibieron colaboración de varios miembros de Ejército, al tiempo que tuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos.
La Corporacion Yurpari, al igual que organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas como MOVICE coincidimos al afirmar que muchos de sus miembros de estos grupos paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, los Rastrojos entre otros.
La "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" ha sido denunciada por familiares de víctimas como una suerte de "premio" a los victimarios: en virtud de esa ley la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar en Colombia son 8 años de cárcel. En diciembre 2010 fue condenado el jefe paramilitar Iván Laverde, alias "el Iguano" a tan sólo 8 años de cárcel por asesinar a más de 4000 (cuatro mil) personas (asesinatos confesados), por varias masacres, desapariciones, atentados. El "Iguano" confesó incluso haber usado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas.
La Corporación Yurpari, manifiesta que en Colombia la Impunidad y la tolerancia oficial, con estos grupos paramilitares es altamente preocupantes más aun, cuando La Fiscalía General reveló el pasado 13 de enero 2011 que tiene documentados 173 mil 183 casos de homicidios, mil 597 masacres y 34 mil 467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74 mil 990 comunidades y el reclutamiento de tres mil 557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".
Según el informe, los ex integrantes del referido grupo paramilitar están implicados en tres mil 527 casos de secuestro, tres mil 532 de extorsión, 677 de violencia de género, 68 de narcotráfico y 28 mil 167 de otras conductas delictivas, sin precisar cuáles.
De acuerdo la fuente judicial, en la actualidad la entidad avanza en las diligencias de confesión de 51 mil 616 hechos por parte de ex paramilitares acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz, en casos con 65 mil 747 víctimas relacionadas.
Dichas diligencia ha permitido a las autoridades -siempre según el reporte-hallar tres mil 37 fosas comunes, en las que se logró encontrar tres mil 678 cadáveres, con mil 323 cuerpos identificados plenamente.
A su vez, las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación a los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles, además de otras siete mil 67 personas.
La Corporación Yurupari, ante el escalofriante panorama de violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos en Colombia. Llama a las organizaciones Internacionales de derechos humanos a permanecer alertas y solidarias con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con los pueblos indígenas, campesinas y afrodescendientes.
A los gobiernos Europeos y de Estados Unidos a condicionar las ayudas con el gobierno de Colombia, mientras persista una clara y sistemática violación a los derechos humanos y de pueblos indígenas,campesina, afrodescendientes y de la ciudad civil.
Pese a que las Auto defensas Unidas de Colombia AUC se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Mediante la aplicación de la "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" que permitieron entregar a la justicia colombiana elementos para juzgar y condenar a máximo ocho años a los paramilitares que confesarán sus crímenes y colaboraran con la justicia.
Las AUC se crearon en abril de 1997 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.
Más del 70 por ciento de sus ingresos provenían del narcotráfico, e igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales con presencia en las zonas bajo su control.
Asimismo, recibieron colaboración de varios miembros de Ejército, al tiempo que tuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos.
La Corporacion Yurpari, al igual que organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas como MOVICE coincidimos al afirmar que muchos de sus miembros de estos grupos paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, los Rastrojos entre otros.
La "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" ha sido denunciada por familiares de víctimas como una suerte de "premio" a los victimarios: en virtud de esa ley la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar en Colombia son 8 años de cárcel. En diciembre 2010 fue condenado el jefe paramilitar Iván Laverde, alias "el Iguano" a tan sólo 8 años de cárcel por asesinar a más de 4000 (cuatro mil) personas (asesinatos confesados), por varias masacres, desapariciones, atentados. El "Iguano" confesó incluso haber usado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas.
La Corporación Yurpari, manifiesta que en Colombia la Impunidad y la tolerancia oficial, con estos grupos paramilitares es altamente preocupantes más aun, cuando La Fiscalía General reveló el pasado 13 de enero 2011 que tiene documentados 173 mil 183 casos de homicidios, mil 597 masacres y 34 mil 467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74 mil 990 comunidades y el reclutamiento de tres mil 557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".
Según el informe, los ex integrantes del referido grupo paramilitar están implicados en tres mil 527 casos de secuestro, tres mil 532 de extorsión, 677 de violencia de género, 68 de narcotráfico y 28 mil 167 de otras conductas delictivas, sin precisar cuáles.
De acuerdo la fuente judicial, en la actualidad la entidad avanza en las diligencias de confesión de 51 mil 616 hechos por parte de ex paramilitares acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz, en casos con 65 mil 747 víctimas relacionadas.
Dichas diligencia ha permitido a las autoridades -siempre según el reporte-hallar tres mil 37 fosas comunes, en las que se logró encontrar tres mil 678 cadáveres, con mil 323 cuerpos identificados plenamente.
A su vez, las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación a los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles, además de otras siete mil 67 personas.
La Corporación Yurupari, ante el escalofriante panorama de violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos en Colombia. Llama a las organizaciones Internacionales de derechos humanos a permanecer alertas y solidarias con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con los pueblos indígenas, campesinas y afrodescendientes.
A los gobiernos Europeos y de Estados Unidos a condicionar las ayudas con el gobierno de Colombia, mientras persista una clara y sistemática violación a los derechos humanos y de pueblos indígenas,campesina, afrodescendientes y de la ciudad civil.
