¨Séptimo Día¨Canal Caracol, Tergiverso, Manipuló y Falseó, Información del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,

A pesar de que el Cajar presentó al programa Séptimo Día, toda la información disponible acerca de los pagos, éste señaló falsamente que los montos de las indemnizaciones a los familiares de las victimas superaron los $20.000.000.000 (20 mil millones de pesos), de los cuales el CAJAR se habría quedado con $6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos) El Cajar suministró a la periodista del programa Séptimo Día, la información en la que consta que la indemnización por la masacre de Caloto o Nilo no superó los $1.977.000.000 (mil novecientos setenta y siete millones de pesos M/Cte.) para el conjunto de los familiares de las víctimas demandantes, conforme las sentencias y resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Criminalización de movimientos sociales | Derecho a la honra | Indígenas | Defensores de derechos humanos | Cauca | Guajira |

Frente al Informe del programa Séptimo Día de Caracol Televisión, titulado “Desarmonización: La Flecha del conflicto”, emitido en sus dos primeras partes los días 26 de julio y 3 de agosto de 2015, expresamos a la Opinión Pública lo siguiente:

Este informe periodístico hace parte de una estrategia de difamación y persecución contra pueblos indígenas, los cuales han sido sometidos a un proceso de exterminio físico y cultural durante siglos, que los ha convertido en uno de los grupos más vulnerables y marginados del país, condición que exige un deber especial de protección para la salvaguarda, respeto y garantía de sus derechos fundamentales individuales y colectivos.

El capítulo en cuestión constituye un claro ejemplo de abuso del poder mediático. El enfoque del programa es racista, discriminatorio, estigmatizador, fomenta el odio e incita a la violencia y la exclusión en contra de los pueblos indígenas y en particular contra el pueblo Nasa, que ha sido señalado por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como uno de los 34 pueblos indígenas en Colombia en alto riesgo de extinción física y cultural. La tergiversación de la información presentada a la opinión pública profundiza los niveles de riesgo tal y como lo han expresado el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN (1) y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2).

En el mismo programa se hacen afirmaciones injuriosas y calumniosas sobre la actuación del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, en relación con el acompañamiento integral que ha realizado frente a los hechos conocidos como la “Masacre de Caloto o masacre del Nilo”, perpetrada el 16 de diciembre de 1991, en la que fueron asesinados 20 indígenas Nasa del resguardo de Huellas, por una alianza de terratenientes, narcotraficantes e integrantes de la Fuerza Pública.

El Cajar presentó a la investigadora enviada por el programa Séptimo Día toda la información en la que constaba el acompañamiento integral que la institución ha realizado durante más de 24 años para superar la impunidad por este crimen, lo que ha implicado la representación judicial en Jurisdicción Penal Militar, Justicia Penal Ordinaria, Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Procuraduría General de la Nación y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así como en actividades de formación, protección y fortalecimiento organizativo e incidencia, las cuales han sido adelantadas en apoyo y coordinación con CRIC y la ACIN.

Después de 24 años de perpetrados los hechos se logró demostrar la responsabilidad del Estado colombiano tanto en los procesos de la jurisdicción interna como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ante este organismo, se buscó una solución amistosa, acuerdos en los que el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la masacre. Fracasada la conciliación por incumplimiento de los acuerdos, la CIDH profirió el Informe 36/00 en el que se recogen los acuerdos alcanzados y se ordena al Estado colombiano la investigación de los responsables, así como la indemnización de las víctimas.

Como resultado de este trabajo, hoy están acusados ante la justicia el General de la Policía (r) Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, por los delitos de homicidio múltiple agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. 

El tendencioso programa omite esta información y se concentra en las indemnizaciones supuestamente recibidas por las víctimas, con cifras falsas e interpretación manipulada de las órdenes de tribunales nacionales e internacionales.

En relación con los procesos adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativa, el Estado Colombiano en cabeza del Ministerio de Defensa - Policía Nacional manifestó a la CIDH su voluntad de adelantar trámites conciliatorios para la indemnización de los familiares de las víctimas. Asimismo, producto de la incidencia, el Estado colombiano promulgó la Ley 288 de 1996, que establece instrumentos para la indemnización a víctimas de graves violaciones a derechos humanos en virtud de decisiones de órganos internacionales de protección.

En el marco de los procesos de conciliación tanto en la justicia ordinaria, como en el procedimiento de la ley 288/96, el Cajar representó a 139 familiares de las 20 víctimas asesinadas. Los jueces ordenaron indemnizaciones conforme a los criterios jurisprudenciales de la época y entre el año 2000 y 2004 el, Ministerio de Defensa - Policía Nacional ordenó mediante resoluciones el pago de dichas indemnizaciones, las cuales fueron canceladas a todos y cada uno de los familiares que representamos en estos mismos años.

Frente a 19 familiares demandantes la Policía Nacional no accedió a la conciliación, razón por la cual el proceso judicial siguió su trámite ordinario, y después de 22 años de presentadas las demandas, el Consejo de Estado en decisión de segunda instancia de26 de junio del 2014, ordenó a la Policía Nacional el pago de las respectivas indemnizaciones.

En esta misma decisión se condenó al General retirado Fabio Alejandro Castañeda Mateus y Mayor Jorge Enrique Durán Arguelles, a reintegrar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el 40% el valor de las condenas reconocidas a favor de los demandantes, así como medidas satisfacción consistentes en que el Ministro de Defensa debe poner en conocimiento del Presidente de la República el sentido de la sentencia y el Informe No. 036 del 13 de abril/2000 de la CIDH con el fin que el Consejo de Ministros analice y evalúe el grado de cumplimiento de los acuerdos de reparación colectiva celebrados entre las autoridades del pueblo Nasa del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional, los cuales incluyen la adquisición y adjudicación de tierras en favor del pueblo Nasa y la puesta en marcha de planes de desarrollo alternativo, decisión judicial que hasta la fecha no ha sido cumplida.

El Informe periodístico de Séptimo Día descontextualizó las declaraciones del Presidente y la Directora Ejecutiva del Cajar, impidiendo que la audiencia conociera las explicaciones suficientes y rigurosas que recibió la periodista sobre el proceso que ha llevado el Cajar durante 24 años en trabajo coordinado con el CRIC y la ACIN, velando siempre por los intereses de las víctimas y buscando la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de hechos como los ocurridos en el resguardo de Huellas municipio de Caloto.

A pesar de que el Cajar presentó al programa Séptimo Día, toda la información disponible acerca de los pagos, éste señaló falsamente que los montos de las indemnizaciones a los familiares de las victimas superaron los $20.000.000.000 (20 mil millones de pesos), de los cuales el CAJAR se habría quedado con $6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos) El Cajar suministró a la periodista del programa Séptimo Día, la información en la que consta que la indemnización por la masacre de Caloto o Nilo no superó los $1.977.000.000 (mil novecientos setenta y siete millones de pesos M/Cte.) para el conjunto de los familiares de las víctimas demandantes, conforme las sentencias y resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

A lo largo de 24 años, el Colectivo de Abogados recibió como aporte por sus servicios profesionales el 30% de las indemnizaciones recibidas, inferior porcentaje al estándar establecido por el Colegio Nacional de Abogados, entidad encargada por el Ministerio de Justicia de regular estas tarifas. Este porcentaje en gran medida se ha reinvertido en el acompañamiento jurídico del caso. Es de señalar que a ninguno de los familiares de las víctimas ni a las organizaciones indígenas se les ha solicitado cifra adicional por los gastos que ha demandado el litigio nacional e internacional, formación, incidencia y protección, en más de dos décadas de trabajo.

Es decir que el Cajar recibió un aporte aproximado de seiscientos millones de pesos ($600.000.000.), cifra que al dividirla en los 24 años que completa el litigio y acompañamiento integral y los 139 familiares representados, corresponden a un pago de alrededor de $16.000 pesos mensuales por cada persona representada en todos y cada uno de los procesos judiciales, los cuales hoy continuamos acompañando dado que actuamos en el juicio que se adelanta actualmente en la ciudad de Popayán en contra del General retirado Castañeda Mateus y el Mayor Durán Arguelles. Es necesario aclarar que esta cifra no fue sometida a un análisis sobre la variación de la inflación a lo largo de estos 24 años, y se calculó con base en el monto total de las resoluciones de distintos años ya citadas. Esta información debió dar lugar para que dicho programa reconociera que las acusaciones contra el Cajar no tenían fundamento alguno.

La cifra de $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos) que se citó en el programa Séptimo Día como total de la indemnización por este caso corresponde a un dato falso, tergiversado y mal intencionado con el objeto de afectar nuestro buen nombre y reputación, y hacer creer a la opinión pública que Cajar habría recibido altas sumas de dinero y los familiares de las víctimas no. Como fuente de dicha cifra, la periodista se basó en la resolución 00458 de 2001 que corrige la resolución 03853 del mismo año, emitida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por $19.807.786.285,80 (Diecinueve mil ochocientos siete millones, setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con ochenta centavos) correspondientes al total de indemnizaciones que le correspondían a esta entidad por hechos victimizantes para la vigencia de ese año.

De la lectura de dicha resolución, se deduce claramente que para la vigencia 2001sólo había un monto destinado a algunos de los familiares de la masacre de Caloto por la suma de $471’614.893,72 (Cuatrocientos setenta y un millones, seiscientos catorce mil ochocientos noventa y tres pesos con setenta y dos centavos.)

Cabe resaltar también que todos los poderes otorgados por los familiares de las víctimas y presentados por el Cajar a lo largo de su trabajo de litigio en este caso fueron reconocidos por tribunales nacionales e internacionales. Cada uno de estos poderes, fueron dados a conocer a la periodista de Séptimo Día, quien también hizo caso omiso de esta prueba en la presentación de su informe.

Obedeciendo al principio de responsabilidad de los medios de comunicación frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos y atendiendo a la información tergiversada presentada por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión sobre la actuación del Cajar en el Caso Caloto, solicitamos se garantice el derecho de réplica y rectificación correspondientes, y manifestamos que iniciaremos las acciones judiciales correspondientes contra el Director del programa y las periodistas responsables de esta investigación.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” exige responsabilidad a los medios de comunicación y en particular a Caracol Televisión y su programa Séptimo Día, frente a la manera de abordar informativamente situaciones que se presentan al interior de las comunidades indígenas, pero que en manera alguna pueden generalizarse, descontextualizarse y manipularse con información falsa para deslegitimar sus procesos organizativos para la exigibilidad de derechos.

Llamamos la atención igualmente, sobre la campaña de difamación y desprestigio en contra de defensores que agrava la situación de riesgo tanto de los pueblos indígenas, sus organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos. Hacemos responsables a Caracol Televisión por los hechos de agresión que se han venido presentado después de emitidos estos programas.

TV Canal Caracol ¨Desinformación Contra Pueblos Indígenas¨ en Colombia

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional

                                                                                                                                                  

DESINFORMACIÓN: ESTRATEGIA NEOCOLONIAL Y XENOFÓBICA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

Bogotá, 3 de Agosto de 2015

La Consejería Mayor de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, luego de haber visto y analizar las emisiones del programa Séptimo Día, transmitidos los días 26 de julio y 2 de agosto pasado,  denominado “Desarmonización; la flecha del conflicto”, se permite comunicar a la opinión pública nacional e internacional que:

Rechazamos de manera categórica y enfática las afirmaciones realizadas por el programa Séptimo Día en el sentido de señalar y estigmatizar a los Pueblos Indígenas, sus autoridades y dirigentes como corruptos, violadores, injustos, anormales, desequilibrados, guerrilleros, entre otros, considerados como degradantes y discriminatorios.

Las afirmaciones realizadas en las dos emisiones de dicho programa no corresponden a la realidad de los Pueblos Indígenas en Colombia, y en gran medida han sido editadas a favor de un libreto, cuyo propósito es desconocer los grandes aportes de los Pueblos Indígenas a la convivencia, así como nuestro condición de principales víctimas del conflicto armado y de las iniciativas económicas conexas al mismo.  

No resulta ser una coincidencia que el programa Séptimo Día tenga como fuente, en su gran  mayoría, a personas que pertenecen a la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) creada por militares y paramilitares en el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y a Senadores del partido político Centro Democrático, razón por la cual nos resulta fundamental saber cuál es el interés de este movimiento político en generar una campaña de desprestigio del movimiento indígena colombiano. Si algo tiene que decirnos, deben hacerlo de frente. En ese sentido, somos de la idea de generar un debate público para que expliquen al país cuáles son los intereses que los motivan y exponer nosotros nuestros argumentos de frente y sin dilaciones. Los Pueblos Indígenas somos gente de palabra, que no le huimos al debate y no tenemos la necesidad de recurrir a artimañas ni campañas mediáticas para defender nuestros Derechos.

En atención a la responsabilidad social que les asiste, es imprescindible que el Programa ´Séptimo Día´ y el Canal Caracol le hablen con la verdad a Colombia, y planteen claramente los intereses en deslegitimar nuestro proceso organizativo, mediante el uso de la casuística e información carente de datos y sustento real, y sobre todo, cuál es el vínculo que tienen con un movimiento político en particular, más cuando nos acercamos a un debate electoral que define el control de las instancias regionales de poder.

Insinuar que ser indígena y ser guerrillero es lo mismo en algunas regiones del país, no sólo es una irresponsabilidad y un insulto a la memoria histórica de nuestros Pueblos Indígenas milenarios, sino que además es una afirmación temeraria que pone en grave riesgo la vida, la integridad física y moral de la dirigencia indígena colombiana.  La sociedad no puede olvidar que recientemente en el norte del Cauca, la Guardia Indígena capturó a los guerrilleros acusados del homicidio de dos guardias indígenas y luego la justicia especial indígena los condenó a penas de entre 40 y 60 años de cárcel.   

En esa misma región del país, la Guardia Indígena rescató a una niña secuestrada por la guerrilla y la entregó a sus familiares, desmanteló laboratorios de cocaína, entre múltiples acciones más de control territorial y ejercicio de la autonomía.

Es oportuno recordar que los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país hemos sido víctimas de los actores armados: la guerrilla y los paramilitares han asesinado a muchos de nuestros dirigentes y comuneros, así mismo, la fuerza pública también ha colocado su cuota de asesinatos, persecución y vulneración de Derechos en contra de nuestra población.

Mientras las Naciones Unidas promulgó en 2007 que “todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas” , el programa Séptimo Día se ha fundado en un sesgo ideológico, xenofóbico y con un claro interés de político, haciendo uso de la libertad de expresión e información de manera irresponsable, poniendo en riesgo la vida, la integridad y mancillando el buen nombre de los Pueblos Indígenas. No en vano la Corte Constitucional afirmó en el Auto 004 de 2009 que muchos Pueblos nos encontramos en grave riesgo de exterminio físico y cultural, a consecuencia del conflicto armado, el abandono estatal y las políticas económicas conexas.

A los Pueblos Indígenas nos ha caracterizado la rectitud y la defensa de la vida, no solo de nuestras gentes sino de la madre tierra y de los colombianos (as) en general. No han podido diezmar nuestra moral y firmeza con el uso de la violencia, el señalamiento y la persecución, y ahora disponen el monopolio de los medios empresariales de comunicación para difamar y justificar el exterminio, la discriminación y racismo en nuestra contra.

Por tanto, responsabilizamos a las personas del programa Séptimo Día, a las directivas de Canal Caracol Televisión por cualquier acto de violencia o vulneración de Derechos en contra de miembros de comunidades y dirigentes indígenas, pues las afirmaciones hechas en las dos emisiones, de tres programadas, están dirigidas a crear un ambiente hostil y acrecentar la xenofobia en contra de nuestros Pueblos. 

Como en toda sociedad, en nuestros Pueblos Indígenas existen fallas y errores que deben corregirse, seguramente se requieren apoyos para mejorar situaciones críticas que se presentan en nuestras comunidades. Rechazamos todo acto de violencia y agresiones sexuales contra nuestras niñas, jóvenes y mujeres, cometidos por comuneros indígenas y por actores armados legales e ilegales. Estos hechos son y deben ser investigados y juzgados en las instancias correspondientes.

De otro lado, los recursos públicos que son asignados a los Resguardos indígenas corresponden al 0,52% del total del Sistema General de Participaciones y durante más de 24 años han sido administrados por las Alcaldías. Si existen hechos de corrupción, los cuales hemos denunciado oportunamente, es en dichas instancias donde se deben consultar. Ojalá hubiera los resultados que esperamos en dichas investigaciones de corrupción con los recursos que nos corresponde. Nosotros también somos colombianos y aportamos a la recolección de los mismos. 

Lejos de considerar que los asuntos de los Pueblos Indígenas sean un tabú para la sociedad, debemos preguntarnos cuál es el interés de gran parte de los medios masivos de comunicación en generar una campaña en contra de los Derechos legítimos de nuestras comunidades. Los derechos, recursos y responsabilidades que tenemos los Pueblos Indígenas no son una concesión de ningún gobierno ni el resultado de la filantropía de grupo económico alguno, son producto de nuestra resistencia y lucha organizada por conquistarlos.

Los Pueblos Indígenas ´no somos el folclor de la democracia´, ni artículos de museo. Somos actores políticos que contribuimos a la concreción de una sociedad incluyente para todos los colombianos y colombianas. No atentamos contra los derechos de nadie, mucho menos de las clases menos favorecidas, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde.

Resulta fundamental que la sociedad  colombiana, los sectores populares, los partidos políticos y el pueblo en general analice el papel de los medios masivos de comunicación en la construcción del Estado Social de Derecho y su rol en la construcción de una paz con justicia social, en justa proporción, respeto y garantía de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección, la democratización de estos medios comunicación y su aporte para la consecución de país justo, tolerante y equitativo.

Desde ya anunciamos que la ONIC iniciará las acciones legales, políticas, de incidencia nacional e internacional y, fijaremos la Minga Indígena Social y Popular con toda la fuerza de la movilización social, en defensa del buen nombre, la dignidad, la riqueza ética, moral y organizativa del movimiento indígena colombiano. No descansaremos en ese propósito y ni siquiera el establecimiento y las élites económicas con sus serviles medios de comunicación, podrán contener la fuerza y la unidad de todo un pueblo que hoy adolorido y atacado vilmente, seguirá resistiendo y enarbolando las banderas de la Autonomía, el Territorio, la Unidad y la Cultura.

Finalmente, convocamos a todos los medios de comunicación de carácter nacional e internacional, a los medios alternativos e independientes, a los medios propios, a una rueda de prensa el próximo Lunes 10 de agosto, a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la ONIC (Calle 12 B No. 4 – 38) en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de Agosto) a fin que conozcan e informen la verdadera realidad, en aportes y amenazas, de nuestros Pueblos Indígenas en Colombia.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC - CONSEJERÍA MAYOR DE GOBIERNO