Rechazamos la ¨Ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨

Nuevas amenazas a los derechos humanos ¨La ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨

La Corporación Yurpari, organismo no gubernamental de derechos humanos, rechaza la aprobada ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ por ser esta una herramienta que puede permitir un incremento mayor a las violaciones de derechos humanos; a la vez que se convierte en una medida de fuerza coercitiva que reprime, castiga, si buscar otro tipo de soluciones a los problemas que vivimos las y los colombianos.

Hoy el país requiere con urgencia resolver temas de fondo que realmente se requieren en este país, a las problemáticas crecientes en el orden social y económico, de pobreza creciente en el país. No creemos que las salidas para responder a la Criminalidad tengan que ser solo coercitivas y aumentando las penas, reformando el código Penal, de Procedimiento y de Infancia, dando mayores herramientas a la justicia y a la policía. La Corporación se pregunta ¿es la Cárcel la única solución a la inseguridad deshabitada de los derechos?. O quizás lo que tenemos que hacer hoy, es ocuparnos de temas que requieren de mayor atención, como lo es, el tema de los cuatro millones de desplazados, generar empleo, darle mayor oportunidad a los jóvenes para que estudien, o tal vez combatir las estructuras mafiosas anquilosadas en todas las esferas de las estructuras gubernamentales regionales, y nacionales, etc.

Puede ser, que tal vez a la Rama Legislativa, no le importe resolver los problemas sociales, y puede estar más interesada en mantener el viejo modelo de seguridad antidemocrática que desde, hace mas de 33 años se instauro en Colombia, un modelo represivo para contener el descontento popular y las necesidades de la gente pobre, que reclaman sus derechos. Estas medidas de seguridad sirven también como herramienta para contener a los opositores del desarrollo y las ¨locomotoras¨ que se impulsan de manera oficial en los llamados ¨Planes de Desarrollo¨ o los TLC. No podemos olvidar como en este sentido se han aprobado medidas como: El Estatuto de Seguridad Democrática del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), el Estatuto para la Defensa de la Democracia del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el Estatuto para la Defensa de la Justicia de la administración de cesar Gaviria (1990- 1994), y el Estatuto Anti-terrorista de Álvaro Uribe (2002-2006-2010), hoy la unidad de gobierno de Juan Manuel Santos sigue ese camino con la creación de la llamada ¨ ley de seguridad Ciudadana¨ estas son las bases de la legislación del orden publico que pueden asegurar a la inversión extrajera mayor confianza en el orden económico Colombiano.

La Ley contempla nuevos delitos y aumento de penas, pero no deja de sorprender que en uno de sus artículos de la ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ se consagre ¨Quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares tendrá penas de 6 a 8 años y multas que podrán oscilar entre 600 y 700 salarios mínimos¨ esta Ley, compara con la Ley de Justicia y Paz, la cual le entrega beneficios a los Paramilitares por colaborar con la justicia (penas de 8 años de prisión que pueden ser reducidos a 5 años), estas contradicciones de la ley, nos deja estupefactos pues encontramos irrisoriamente como para los Paramilitares que han confesado más de 45.499 asesinatos según fuente de la Fiscalía General de la Nación. Además la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía ha registrado un total de 1.597 masacres, 13.850 casos de desaparición y desplazamiento. Miremos este otro caso de un solo paramilitar según fuentes de el fiscal octavo de Justicia y Paz, ¨alias el Iguano habría incurrido en delitos tales como: concierto para delinquir, homicidios en persona protegida, homicidios agravados, terrorismo, fabricación arbitraria, toma de rehenes y actos de barbarie…ha confesado más de 3 mil delitos los cuales se encuentra el asesinato de personas que se encuentran en más de 20 fosas. También confesó que tiro 15 cadáveres al rio Pamplona; realizo 27 masacres en Cúcuta¨. En este caso y en muchos más confesados por los paramilitares las penas impuestas son pura impunidad.

La ley también establece ¨ penas de máximo dos años por bloqueo de vías. El castigo se aplicara para quienes incentiven dicha conducta¨

Se le entrega a la policía en la vigilancia de las personas que se encuentran en detención domiciliaria o vigilancia electrónica.

Se permite hacer allanamientos a partir de las seis de la tarde, sin presencia obligatoria de la Procuraduría. Se aumentan los términos de la formulación, por parte de la Fiscalía, para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. Ahora serán de 90 días. Asimismo, cuando se presentan concurso de delitos será de 120 días.

Otra medida de aplicación en la Ley es el incremento de las interceptaciones que pasan de 3 meses a extenderse hasta 6 meses. Lo curioso de esta medida es que no hemos salido del escándalo de las Chuzadas ilegales del DAS y ya estamos ampliando esta medida, que no sabemos qué utilidad y beneficios traerá a los derechos humanos, cuando hay sin lugar a dudas un mar de impunidad frente a los delitos cometidos atreves de esta medida de andar Chuzando y escuchando las conversaciones de los Magistrados de la Corte Constitucional y de las y los defensores de de los derechos humanos perpetrados por los organismos de seguridad del Estado Colombiano.

La Corporación Yurupari reitera su más enérgico rechazo con las mediadas anunciadas en este campo pues quedamos desnudos de inseguridad.

Bogotá 3 de junio de 2011

Corporacionyurupari@hayoo.es

SUSPENDER LA GUERRA Y LAS INTERVENCIONES MILITARES

CARTA PÚBLICA

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos, testigos de numerosos hechos históricos acaecidos en un largo conflicto social, político y militar que padecemos las y los colombianos. Hemos reiterado en muchas oportunidades públicamente que siempre estaremos a favor de las víctimas, las cuales son al fin y al cabo; sobre quienes recaen los embates de la guerra, las múltiples violaciones a los derechos humanos y el derecho Internacional humanitario. De la misma manera siempre hemos realizado un llamado al dialogo y a la búsqueda de una solución negociada de los conflictos y proclamamos nuestro derecho la paz como una herramienta para el entendimiento y respeto a la vida.
Nuestra corporación hace un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la civilidad, para que alcemos el principio y el derecho humano a la PAZ, pues creemos que NINGUNA GUERRA PODRÁ LOGRAR LA PAZ Y MUCHO MENOS EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
Hoy queremos recordar la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS de Argel 4 de julio de 1976. En la cual su preámbulo ilumina sabiamente estos contextos “Vivimos tiempos de grandes esperanzas, pero también de profundas inquietudes, tiempos llenos de conflictos y de contradicciones, tiempos en que las luchas de liberación han alzado a los pueblos del mundo contra las estructuras nacionales e internacionales del imperialismo, y han conseguido derribar sistemas coloniales. Pero son también tiempos de frustraciones y derrotas, en que aparecen nuevas formas de imperialismo para oprimir y explotar a los pueblos. El imperialismo, con procedimientos pérfidos y brutales, con la complicidad de gobiernos que a menudo se han auto designado, sigue dominando una parte del mundo. Interviniendo directa e indirectamente, por intermedio de las empresas multinacionales, utilizando a políticos locales corrompidos, ayudando a regímenes militares que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores; por un conjunto de prácticas a las que se les llama neo-colonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos”

De la misma manera también la declaración nos recuerda en la “Sección II. Derecho a la autodeterminación política. Artículo 5. Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. Artículo 6. Todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas. Artículo 7. Todo pueblo tiene derecho a un régimen democrático que represente al conjunto de los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, creencia o color, y capaz de asegurar el respeto efectivo de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos”.
Somos consientes de que esta declaración no tiene un reconocimiento oficial o jurídico. Pero representa un llamado de miles y miles de personas para seguir en la búsqueda de la paz y el entendimiento de los derechos humanos universales.
Vivimos en tiempos de conquistas y reconocimientos a los derechos humanos y de innumerables resoluciones, declaraciones que han sido emanadas de espacios nacionales, constitucionales e internacionales; de gobiernos que se han comprometido con la Paz y el respeto a los derechos humanos desde la Declaración de Derechos Humanos hasta la evolución de los derechos Económicos, sociales y culturales.
En este sentido hacemos un llamado a la conciencia de la Humanidad, a las y los organismos de derechos humanos, a exigir:
A los gobiernos asentados como miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, la OTAN y otros organismos multilaterales. A detener de inmediato los bombardeos y la guerra contra Libia.

Buscar la Paz en el medio Oriente a través del dialogo, la concertación y el respeto a los derechos humanos.

Solicitar al gobierno de Israel el cese de bombardeos contra el pueblo Palestino.

Llamar al desmonte armamentístico desarrollado por las grandes potencias, los cuales hacen parte de seno de Naciones Unidas, pero que a la vez venden en el mercado internacional.

Es necesario exigir el respeto de los grandes países sobre los más chicos y exigir el retiro de sus tropas, des sus bases militares de cualquier país del mundo.

Llamamos a las ONG, a los pueblos, a las mujeres y hombres a sentir y pensar los derechos humanos y evitar que la conquista de la humanidad reflejada en la democracia y la autonomía de los pueblos se pierdan en medio del dolor y la guerra.
Corporación Yurupari, Bogotá marzo 23 de 2011
corporacionyurupari@yahoo. es http://coryurupari.blogspot.com

Denuncias del pueblo AWA,

COMUNICADO DE PRENSA

Febrero 08 de 2011: La unidad Indígena del pueblo Awá - UNIPA, hace pública la siguiente denuncia y rechaza categóricamente los hechos presentados el lunes 31 de enero en el resguardo Hojal la Turbia, comunidad Peña Caraño, municipio de Tumaco donde dos compañeros Awá, Wilfrido Rodríguez de 51 años y su hijo José Richard Rodríguez de 14 años, al movilizarse por nuestro territorio fueron víctimas de una mina antipersonal. Lamentablemente durante los hechos falleció José Richard Rodríguez.

En otros hechos ocurridos el día 7 de febrero Maria Fernanda Canticus Pascal de 16 años, Rosa Aurelina Guanga de 30 años y Jhon Fabio Guanga de 22 años, habitantes del Resguardo Hojal la Turbia, Comunidad Quejuambí la Liza; cuando se desplazaban hacia su casa, fueron víctimas de una mina antipersonal sembrada en esta zona, dejando gravemente herida a la compañera Rosa Aurelina Guanga, y con esquirlas del artefacto explosivo a los otros dos Indígenas Awá.

A lo anterior, nos sumamos a la denuncia emitida por los compañeros del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI, donde dan a conocer el incremento de la presencia de efectivos del Ejército Nacional desde finales del año pasado y solicitan como mecanismo de protección a la vida y la integridad de las personas que allí habitan, el retiro de las tropas que vienen haciendo presencia permanente en el Resguardo Pialapí – Pueblo Viejo- y en especial en la Reserva Natural de La Planada.

Ante estos hechos exijimos

A los actores armados

1. Que se retiren de nuestro territorio.
2. Que no siembren más minas antipersonal porque vulneran nuestro derecho a la vida, el derecho a la integridad física cultural y el derecho a la libre movilidad.
3. Un desminado Humanitario para poder vivir en nuestro territorio con tranquilidad.
4. Que no involucren en el conflicto armado a las familias Awá y no utilicen nuestro territorio como campos de batalla.

Al Gobierno Nacional:

1. Que inicie el proceso de concertación del Plan de Salvaguarda como marco para tomar medidas urgentes y necesarias para garantizar la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo.

2. Que retire las fuerzas militares del territorio Awá.

3. Que repare a las víctimas del conflicto armado del cual es objeto el Pueblo Awá, de manera individual y colectiva.

Al Ministerio Público

1. A la Defensoría del Pueblo: que haga un seguimiento de la situación y emita la alerta temprana sobre el riesgo de desplazamiento de los resguardos indígenas del pueblo Awá

2. A la Procuraduría: que de acuerdo a su competencia realice las investigaciones pertinentes frente al cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado y sus funcionarios.

Solicitamos a la Comunidad Internacional:

1. Acompañamiento y monitoreo permanente sobre la situación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la zona indígena Awá.

2. Instar al gobierno colombiano que brinde las garantías para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Política, la legislación indígena nacional y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia.

3. Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos otorgar Medidas Cautelares y/o Provisionales para la protección colectiva del Pueblo Indígena Awá y a su vez instituya mecanismos de cumplimiento que obliguen al gobierno colombiano a actuar en consecuencia.

AUTORIDADES INDÍGENAS AWÁ – UNIPA

Territorio de encuentro, convivencia, dialogo y paz - Nariño

Febrero 8 de 2.011

Mayor información Alex Guanga 3188216083 Juan Edgardo Paí 3188216070

Las cifras de la IMPUNIDAD

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de Derechos Humanos, ve con alta preocupación, como la estrategia paramilitar en Colombia sigue siendo una herramienta para mantener el statu quo y garantizar en muchas regiones del país la inversión extrajera multinacional.
Pese a que las Auto defensas Unidas de Colombia AUC se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Mediante la aplicación de la "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" que permitieron entregar a la justicia colombiana elementos para juzgar y condenar a máximo ocho años a los paramilitares que confesarán sus crímenes y colaboraran con la justicia.
Las AUC se crearon en abril de 1997 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.

Más del 70 por ciento de sus ingresos provenían del narcotráfico, e igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales con presencia en las zonas bajo su control.

Asimismo, recibieron colaboración de varios miembros de Ejército, al tiempo que tuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos.

La Corporacion Yurpari, al igual que organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas como MOVICE coincidimos al afirmar que muchos de sus miembros de estos grupos paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, los Rastrojos entre otros.
La "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" ha sido denunciada por familiares de víctimas como una suerte de "premio" a los victimarios: en virtud de esa ley la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar en Colombia son 8 años de cárcel. En diciembre 2010 fue condenado el jefe paramilitar Iván Laverde, alias "el Iguano" a tan sólo 8 años de cárcel por asesinar a más de 4000 (cuatro mil) personas (asesinatos confesados), por varias masacres, desapariciones, atentados. El "Iguano" confesó incluso haber usado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas.
La Corporación Yurpari, manifiesta que en Colombia la Impunidad y la tolerancia oficial, con estos grupos paramilitares es altamente preocupantes más aun, cuando La Fiscalía General reveló el pasado 13 de enero 2011 que tiene documentados 173 mil 183 casos de homicidios, mil 597 masacres y 34 mil 467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74 mil 990 comunidades y el reclutamiento de tres mil 557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".

Según el informe, los ex integrantes del referido grupo paramilitar están implicados en tres mil 527 casos de secuestro, tres mil 532 de extorsión, 677 de violencia de género, 68 de narcotráfico y 28 mil 167 de otras conductas delictivas, sin precisar cuáles.

De acuerdo la fuente judicial, en la actualidad la entidad avanza en las diligencias de confesión de 51 mil 616 hechos por parte de ex paramilitares acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz, en casos con 65 mil 747 víctimas relacionadas.

Dichas diligencia ha permitido a las autoridades -siempre según el reporte-hallar tres mil 37 fosas comunes, en las que se logró encontrar tres mil 678 cadáveres, con mil 323 cuerpos identificados plenamente.

A su vez, las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación a los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles, además de otras siete mil 67 personas.

La Corporación Yurupari, ante el escalofriante panorama de violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos en Colombia. Llama a las organizaciones Internacionales de derechos humanos a permanecer alertas y solidarias con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con los pueblos indígenas, campesinas y afrodescendientes.
A los gobiernos Europeos y de Estados Unidos a condicionar las ayudas con el gobierno de Colombia, mientras persista una clara y sistemática violación a los derechos humanos y de pueblos indígenas,campesina, afrodescendientes y de la ciudad civil.

COLOMBIA BASTA YA DE IMPUNIDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COLOMBIA BASTA YA DE IMPUNIDAD

Corporación Yurupari
Hoy 10 de diciembre de 2010, se celebra un año más de la promulgación Universal de los Derechos Humanos, 62 años, de luchas y reivindicaciones por mantener en alto la bandera de la vida, La Paz, y los mínimos vitales que hacen posible la existencia del ser humano en el planeta.
Sin embargo a pesar de contar con instrumentos internacionales que nos dejan una jurisprudencia muy amplia y rica en el tema universal de protección a las personas de muchos países; y donde los Estados se han comprometido a respetar y garantizar dicha jurisprudencia internacional. Lamentablemente esto aun no se lleva a cabo por muchos Estados; el cumplimiento de estas directrices internacionales y en muchos casos la burla y el menos precio de los compromisos internacionales es una constante.
Colombia en materia de Derechos Humanos, es uno de esos países donde se presenta una muy alta y sistemática violación a los a los derechos humanos, un país gobernado en el dilema de una falsa democracia, donde los terratenientes herederos de la vieja colonia Española, gobiernan por los siglos de los siglos, rotándose en el poder entre la burguesía Liberal y la Conservadora.
El pasado lunes 6 de diciembre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Intervino ante el pleno de la Corte Penal Internacional, con el objetivo de explicar los supuestos avances en la defensa de los derechos humanos, en sus intervenciones no dice toda la verdad y insiste en negar el conflicto social y armado que viven los colombianos desde hace mas de 60 años.
El presidente no puede tapar el sol con una mano, la impunidad réinate en Colombia por violaciones sistemática y reiteradas por acción u omisión a los derechos humanos es muy alta. 99% de impunidad.
El desplazamiento interno hoy alcanza una cifra escandalosa de más de 4 millones de personas que fueron amenazadas abandonar sus tierras por uso de la fuerza paramilitar.
Durante 2010 a la fecha de esta conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han registrado 105 asesinatos de indígenas en el país, 25 de ellos ocurridos bajo el periodo agosto a diciembre.
En Colombia la Ley de Justicia y Paz no respeta la Resolución 1325 de la ONU porque impone penas irrisorias de entre tres y ocho años, a los culpables de crímenes de lesa humanidad que confiesan voluntariamente, aunque también omiten.
La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia. Pero las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, “pese a que con la Ley de justicia y Paz el miedo a nombrar la violencia sexual en voz alta haya empezado a correr un poco”, como afirma Gloria Tobón de la organización Humanizar. De las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.
El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados
El paramilitarismo más vivo que nunca
Pese a que la desmovilización colectiva de los paramilitares agrupados en las AUC se dio por finalizada en 2006, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados integrados por ex paramilitares y que se dedican al control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.
Usurpan el territorio a comunidades indígenas y afrocolombianas fundamentalmente, “a través de la amenaza, el asesinato y el terror ejercidos muchas veces a través de la violencia contra la mujer”, afirma Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
En estos primeros cuatro meses de agosto a diciembre, del mandatado del Presidente Juan Manuel Santo por lo menos 22 activistas miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos han sido asesinados, un periodista y un juez también fueron asesinados.
El actual gobierno no cuenta con una estrategia adecuada y eficaz para enfrentar y desmantelar estructuras económicas, políticas y militares del Narcoparamilitarismo. En los últimos meses se han venido presentando asesinato de líderes que reclaman la tierra despojada por los paramilitares lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de una ley de tierras y de reparación a las víctimas.
El gobierno de Juan Manuel Santos tampoco ha dado a conocer medidas y políticas eficaces para combatir la impunidad. Y de sanciones para quienes han cometido crímenes relacionados con la parapolitica y las ejecuciones extrajudiciales y de las chuzadas realizadas por el DAS.
La deuda externa a la fecha 17 de noviembre 2010, alcanzaba la cifra de 61.135 millones de dólares, de los cuales 38.103 corresponde al sector publico, 23.32 mil millones de dólares corresponden al sector privado. Hoy 10 de diciembre los grandes empresarios han anunciado que la mesa de concertación entre sindicalistas que reclaman un salario digno, solo recibirá un aumento del 3% sobre el salario mínimo actual vigente. Teniendo presente que el actual salario es de $515.000, o sea que el 3% de aumento seria de 15.450 pesos.
Según datos suministrados por el Periódico Desde Abajo, edición 156, el profesor Libardo Sarmiento Anzola.” El nivel de pobreza es el mismo desde el 2002 al 2010 y afecta 46% de la población Colombiana, y la pobreza extrema es de 17,8%, el desempleo oscila 12,8%, y la posibilidades de que un joven muera es 5 veces más alto que el promedio de América Latina, 29 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y 9 millones viven en la indigencia”
De acuerdo a lo anunciado anteriormente la Corporación Yurupari, organismo no Gubernamental de Derechos Humanos en Colombia, hace un llamado al Estado Colombiano a respetar, garantizar los derechos humanos de una manera integral y acatar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
A tomar medidas eficaces para desmantelar totalmente la política paramilitar y mafiosa que deambula por todas las regiones, sin ningún control de la fuerza pública.

Corporación Yurupari, 10 de diciembre de 2010.

PUEBLO INDIGENA AWA ALERTA

A la Corporación Yurupari, ha llegado el siguiente Comunicado del Pueblo Indígena Awa, el cual transcribimos y nos sumamos a las exigencias de nuestros hermanos indígenas, exigimos del Estado Una pronta atención y el cese inmediato de los Bombardeos.

Privada de la libertad defensora de DDHH.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
EL EXTERMINIO DEL PUEBLO INDÍGENA AWÁ CONTINUA

Territorio de encuentro, convivencia, dialogo y paz, Predio El Verde - Nariño
15 de noviembre de 2.010


La organización, Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) hace un llamado de alerta a la comunidad Nacional e Internacional sobre los hechos sucedidos en nuestro territorio.

El día 4 de noviembre de 2010, después de un año y medio, de la masacre ocurrida en el resguardo Tortugaña Telembi, municipio de Barbacoas – Nariño, en la prensa regional “El Diario del Sur” aparece una noticia en la que las entidades del estado del nivel nacional y departamental manifiestan su repudio por este crimen, después de que se reiterara la autoría de las FARC, en la masacre de Tortugaña-Telembí basados en las pruebas encontradas en los computadores del “Mono Jojoy”.

Para nosotros, como indígenas Awá, siempre estuvo claro quiénes eran los responsables materiales de esta masacre, sin embargo no se borra de nuestra memoria que algunos funcionarios, instituciones del Estado e incluso algunas ONG´s pusieron en tela de juicio nuestra palabra y diciendo que esta masacre se había dado por un ajuste de cuentas entre indígenas Awá, un simple problema interno.

Después de esta tragedia los asesinatos continuaron y el 26 de agosto de 2010/ 12 hermanos awá fueron cruelmente asesinados. Ante tanto dolor y perdida de la vida de nuestros hermanos y hermanas Awá, vimos como los medios masivos de comunicación presentaban a unos indígenas Awá como responsables de las dos masacres.
Dejando en la opinión pública nacional e internacional un mensaje implícito “los asesinatos que se están presentando en el pueblo indígena Awá, es un problema interno, se están matando entre los mismos”. Lo que nunca manifiestan es que al igual que en los wisha (no indígena) la vinculación a los actores armados legales e ilegales se hace de manera individual y no obedece a los mandatos de un pueblo.

Hoy, las familias que salieron desplazadas se encuentran a la espera de que tantas entrevistas con periodistas, delegados internacionales, funcionarios de gobierno por fin les garanticen el restablecimiento de sus derechos, pero lastimosamente la tragedia de estas familias paso a ser una noticia de ayer, tan sólo se les recordó, porque en el computador de un cabecilla de las FARC aparecían unos correos admitiendo su responsabilidad.

La estrategia de exterminio contra nuestro pueblo continúa. Hace seis meses, en el resguardo Chinguirito Mira y los consejos comunitarios aledaños, las FARC advirtieron a la comunidad que si entraban los erradicadores con la fuerza pública iban a bombardear.

El 10 de octubre el ejército entro y se ubico entre el consejo comunitario Brisas de la Hondita y el resguardo indígena Awá Chinguirito Mira.
Los soldados se estaban entrando en las casas de las familias Awá cuando estas se encontraban solas y se estaban llevando los bienes de las familias, razón por la cual la autoridad del resguardo en compañía de la guardia hablo con el ejército para que respetaran los bienes de la población awá.

Se han presentado varios hostigamientos y bombardeos, el día 14 de octubre de 2010/ se dio un enfrentamiento en los límites entre consejo comunitario Brisas de la Honda y el resguardo Chinguirito Mira a las 8:30 pm. Después se presento otro enfrentamiento el día 26 octubre en la comunidad de la Hondita (comunidad awá que no está dentro del título del resguardo, pero es parte de la zona solicitud para ampliación).

El día 3 de noviembre se presentaron bombardeos en la hondita, posteriormente el 5 de noviembre cayó una bomba a cien metros de la escuela de Chinguirito, lugar donde hay varias casas y las familias awá se han estado refugiando cuando se presentan los bombardeos y combates entre las FARC y el ejército. Estos enfrentamientos han dejado en el resguardo municiones sin explotar lo que se constituye en un grave riesgo para las familias Awá que allí habitan

Desde que el ejército está presente en la zona, los habitantes del resguardo no ha podido realizar sus actividades cotidianas, como la siembra, la caza, la pesca. A causa de estos enfrentamientos y bombardeos, la gente tiene temor.

El día 14 de noviembre de 2010/ en el corregimiento de Buenavista, Municipio de Barbacoas - Nariño a las 8:00 p.m.se presento un fuerte enfrentamiento entre las FARC, el ELN y el Ejército Nacional. Como resultado de este enfrentamiento, el señor Melqui Nastacuás de 25 años murió, el señor Ignacio Nastacuas y la señora Claudia García (quien tiene cinco meses de embarazo y es la esposa de Melqui) se encuentran heridos. Al parecer este enfrentamiento dejo más heridos y muertos.

La población de este corregimiento y las veredas aledañas (indígenas, campesinos y afros) se encuentran intimidadas y con miedo, porque los paramilitares permanecen en el pueblo y obligan a la gente a darles posada, andan como si está fuera su casa, y el ejército parece que fuera ciego y sordo, porque no hace nada para garantizar la seguridad y la vida de los habitantes. Mientras que la policía que está en el corregimiento de Junín, detiene a todos los indígenas que salen o se encuentran en la vía les toman fotografías, incrementando los riesgos de los habitantes Awá de esta zona.

Se pone en conocimiento de la defensoría del pueblo, la Gobernación de Nariño y los organismos nacionales e internacionales que se está desplazando una comisión de guardia al corregimiento de Buenavista, para verificar los hechos e indagar si hay más hermanos awá muertos o heridos.


Por todo lo anterior EXIGIMOS:

A todos los actores armados:

1. A las FARC y el ELN que no pongan más en riesgo la vida de la población indígena, que respeten la vida y el territorio de nuestro pueblo, que no nos vinculen en un conflicto armado que no nos pertenece y que se retiren de nuestro territorio porque con sus acciones están convirtiendo a nuestra madre en un cementerio.
2. A la fuerza pública que cumpla con su deber constitucional de proteger a la población civil y en especial a la población indígena, sujetándose en todo momento al respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario-DIH- y al ejercicio pleno de nuestra Jurisdicción Especial Indígena.

Al Gobierno Nacional:

1. Que cumpla con su deber constitucional de garantizar la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo.
2. Que le haga un llamado a la fuerza pública para que no ponga más en riesgo a nuestras familias y que respeten nuestros derechos fundamentales y colectivos, así como el DIH.
3. Que se garantice un grupo civil especializado retire las municiones sin explotar del Resguardo Chinguirito Mira
4. Que realice las investigaciones pertinentes para determinar los nexos existentes entre el ejército, la policía y los paramilitares.
5. Que adopte e implemente el Plan de Salvaguarda Étnica que ha elaborado el pueblo indígena Awá.
6. Que no nos ponga más en riesgo al no respetar nuestras solicitudes de no vincularnos con la fuerza pública de diferentes formas.


A la comunidad Internacional:

1. Acompañamiento y monitoreo permanente sobre la situación Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del pueblo indígena Awá
2. Instar al gobierno colombiano que nos brinde las garantías para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Política, la legislación indígena nacional y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia.
3. Al Sistema Interamericano otorgar Medidas Cautelares y/o Provisionales para la protección colectiva del Pueblo Indígena Awá y a su vez instituya mecanismos de cumplimiento que obliguen al gobierno colombiano a actuar en consecuencia.


Llamamos a demás pueblos y organizaciones indígenas a unirnos en resistencia pacífica y emprender acciones de incidencia y denuncia ante cualquier hecho de violencia que afecte la pervivencia, los derechos y dignidad de nuestros hermanos indígenas.




AUTORIDADES INDÍGENAS AWÁ – UNIPA
Territorio de encuentro, convivencia, dialogo y paz - Nariño
Noviembre 15 de 2.010
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ- UNIPA
1990 - 2010, 20 años de vida organizativa
Carrera 30 A No. 12 A 64
Barrio San Ignacio
Teléfono: (572) 7335297
Fax: 7230885
awaunipa1@yahoo.es
San Juan de Pasto - Nariño

NUEVA MASACRE

La Corporación Yurupari, rechaza la Barbarie y la muerte ocurrida contra los niños. En el Municipio de Tame Arauca, el jueves 14 de Octubre, donde fueron sacados de su casa de habitación los menores de edad: JENNY NARVEIZ TORRES JAIMES de 14 años, JIMMY FERNEY TORRES JAIMES de 9 años y JEFERSON GUIOVANNY TORRES JAIMES de 6 años, todos hermanos integrantes de una humilde familia campesina de la Vereda el Temblador y estudiantes en la escuela Alto Caño Martin de la Vereda Carraos del Municipio de Tame. Estos indefensos menores fueron encontrados muertos con sevicia (apuñalados) y señales de tortura en una FOSA COMUN el sábado 16 de octubre por su padre y campesinos de la región.
Los hechos se registraron tras el arribo al área de una brigada militar móvil conformada por unos 60 uniformados.
La presencia de los militares fue reconocida por el comando del Ejército Nacional, que en un comunicado emitido el pasado 24 de octubre admitió haber conocido "versiones que asociaban a miembros de la institución con malos tratos a la población".
Según versiones del padre de los niños JOSE ALVARO TORRES y campesinos de la región, comprometen seriamente a miembros del Ejército Nacional Batallón de contraguerrillas No. 45 adscrito a la Brigada Móvil No 5 de la Octava División con sede en Yopal. Cabe anotar, que desde el pasado 8 de Octubre tropas de este Batallón hacen presencia en la mencionada Vereda y a escasos metros del lugar donde se hallo la fosa común, fueron encontrados objetos de uso privativo del Ejército Nacional.
La Fiscalía General reveló que se encontraron muestras biológicas como sangre, semen y saliva, en los morrales y otras pertenencias de por lo menos 8 de los 60 militares, que están siendo investigados por el asesinato de tres menores de edad en Tame, Arauca.

El hallazgo fue realizado por el grupo de expertos peritos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes han estado realizando en la zona donde ocurrieron los hechos todas las inspecciones y otras diligencias judiciales.

La Corporación Yurupari, de manda del Estado una pronta investigación y el cumplimiento anunciado por el Ministro del Interior y de Justicia en el sentido “…advertimos que la investigación sobre los mismos no irá a la Justicia Penal Militar, esos no pueden considerarse actos del servicio y el conocimiento y la investigación de los mismos debe ser asumida por la justicia ordinaria”.

La Corporación Yurupari solicita:
1. A la FISCALIA GENERAL DE LA NACION investigar hasta sus últimas consecuencias la horrenda masacre de los menores, garantizar garantías, de protección de los testigos, transparencia y objetividad el proceso tendiente al esclarecimiento de los hechos.
2. Ante las violaciones sistemáticas y reiteradas de los derechos humanos por parte del ente castrense en el país; llamamos al desmonte inmediato del fuero militar que es concedido a los militares por parte de la Justicia Penal Militar. Pues consideramos que en este es un instrumento para fomentar mas la impunidad.
3. Solicitamos al fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, coordinar eficazmente la investigación sobre estas muertes que están siendo adelantadas por un fiscal especializado de Arauca, con apoyo de un fiscal especial de asuntos humanitarios de Cúcuta, quienes iniciaron las entrevistas a los 60 militares que operaban en la zona para establecer su posible implicación en los hechos.
4. A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales rodear de solidaridad y acompañamiento a las víctimas de esta nueva y espantosa masacre. Ocurrida en una de las zonas donde más se ha desarrollado la seguridad democrática y donde más se han violado los derechos humanos a la población civil.

EXIGIMOS EL DESMONTE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR POR SER UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA

Corporación Yurupari