Corporacion Yurupari

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viernes, 3 de junio de 2011

Demandar Ante la Corte Constitucional ¨Ley de Victimas y Restitución de Tierras¨.

Las bufonadas de la aprobada ¨Ley de Victimas y Restitución de Tierras¨.

La Corporación Yurpari, organismo no gubernamental de Derechos humanos, manifiesta públicamente sus interrogantes frente a la recién aprobada ¨LEY de VICTIMAS y RESTITUCION de TIERRAS y dejar claro a nuestros lectores, especialmente a las víctimas, las cuales han padecido las innumerables, sistemáticas y reiteradas violaciones a sus derechos individuales, como colectivos de los pueblos; también a las miles de víctimas organizadas a lo largo y ancho del país, a través del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, a quienes les manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento en sus luchas contra la impunidad y por que en algún momento de la historia Colombiana pueda existir sin engaños, ni dilaciones, ni bufonadas, una verdadera ley de compromiso real, por la Verdad, la Justicia y la reparación Integral.

La corporación Yurupari, considera que desde el surgimiento de “Ley de Victimas y restitución de tierras” planteamiento bandera; del actual Gobierno de Juan Manuel Santos, no se conto con la participación real y efectiva tanto individual como colectiva de las víctimas, así como, de las organizaciones de derechos humanos, ni de los movimientos representativos de las víctimas de crímenes de Estado. Igualmente, se ha pasado de largo la consulta previa para los pueblos indígenas y afrodescendientes violando una vez más el 169 de la OIT, ni se consideraron los aportes mencionados en diversas sentencias de la Corte Constitucional en materia de protección a los derechos de las víctimas.

Estamos seguros, que la llamada unidad nacional impulsada por el Presdiente Juan Manuel Santos esta en caminada en adormecer y dividir a las organizaciones sociales, a través de las llamadas mesas de concertación con los pueblos indígenas, comunidades de afrodescendientes, sindicalistas, ONGs de DD.HH, campesinos, ofreciendo unos mínimos que no compensa en manera alguna las obligaciones en materia de protección a los derechos fundamentales. ¿A quién trata de engañar la Unidad del gobierno de Juan Manuel Santos?

El actual congreso de la Republica está feliz porque por fin le está entregando una buena caja de herramientas al Presidente Juan Manuel Santos para que ponga en marcha las cinco locomotoras para el “desarrollo colombiano”. Por fin el Vicepresidente, la cancillería y sus altos funcionarios tendrán algo para hacer, en su carrera de diplomacia, con la que se pretende mostrar a nivel internacional ante la, Unión europea, EEUU, Naciones Unidas, que este es un país preparado, con la mejor legislatura en materia de derechos humanos, despejar las dudas frente a un país y un gobierno que históricamente ha sido violador de los derechos humanos, y con ello garantizar, salvaguardar las grandes inversiones extranjeras o mejor dicho; los tratados de Libre Comercio.

La Corporación Yurupari cree oportuno demandar la ¨Ley de Victimas y Restitución de Tierras¨ por lo siguiente:

a) Por violación a la Consulta Previa Libre e informada para con los pueblos indígenas.

b) Por no contar con una metodologíapara la participación de las víctimas, de sus organizaciones, de los organismos no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

c) Desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional en materia de protección y atención de los derechos humanos, contraviniendo la jurisprudencia constitucional.

d) Por contemplar figuras como ¨contrato de transacción¨ lo cual llevara a obstaculizar la justicia y viola el derecho a una justa indemnización.

e) La Ley no cuanta con criterios ni objetivos precisos en materia de indemnización administrativa.

f) La ley no cuenta con un reconocimiento explicito que de fundamento a las mediadas de reparación y no reconoce la responsabilidad del Estado como garante de protección de los derechos humanos.

g) La ley deja por fuera el enfoque y los parámetros de reparación en estándares internacionales.

h) La ley plantea el reconocimiento de reparación como ayuda humanitaria y prestación de servicios sociales. A esto no se le puede llamar reparación.

i) La ley no tiene claridad frente al principio de sostenibilidad fiscal.

j) La ley ha desdibujado el carácter transicional de restitución de tierras.

k) No está claro por parte del ente oficial ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? van hacer atendidas las reclamaciones de las victimas para poder acceder al derecho de reparación.

l) El Estado podrá llegar a acuerdos con las victimas en materia de pagos e indemnizaciones obligando a las víctimas a renunciar a cualquier otro tipo de demandas.

m) Artículos de la Ley quedan bajo la potestad de ser reglamentados por el presidente de la republica, lo cual viola la distinción y división de poderes, entre el poder ejecutivo y el legislativo.

n) Vulnera el derecho al carácter universal de víctima y viola el derecho a la igualdad.

o) La ley no contempla políticas de búsqueda de las victimas de desaparición forzada y las garantías de investigación, juzgamiento, y sanción de este delito.

La Corporación Yurpari, lamenta la forma como hoy se habla de una ¨Ley de Víctimas y Restitución de Tierras¨, en el congreso de la republica y como se vende la idea de que en Colombia es el Estado comprometido con los derecho humanos, cuando en la realidad el Estado y gobierno dista de ese compromiso de proteger los derechos de las comunidades. ¿Dónde queda el compromiso y el respeto por los derechos de las víctimas? ¿Dónde está la atención a los miembros de la Zona Humanitaria de Curvaradó y Jiguamiandó? ¿Dónde están los 57 mil desaparecidos forzosamente? ¿Quién atiende a los 4 millones de desplazados forzosamente de de sus tierras? ¿Quién responde por las denuncias presentadas por el incremento paramilitar en todas las zonas del país? continúan realizándose operativos militares sin distinguir en las normas de protección a la población civil, menos cavando los principios del DIH.

La corporación Yurupari seguirá denunciando y acompañando a las víctimas, tratando de hacer posible que en un futuro, las víctimas sean consideradas como sujetos de derechos y no mendigos del derecho.

Bogotá 2 de junio de 2011.

Corporacionyurupari@yahoo.es

Rechazamos la ¨Ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨

Nuevas amenazas a los derechos humanos ¨La ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨

La Corporación Yurpari, organismo no gubernamental de derechos humanos, rechaza la aprobada ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ por ser esta una herramienta que puede permitir un incremento mayor a las violaciones de derechos humanos; a la vez que se convierte en una medida de fuerza coercitiva que reprime, castiga, si buscar otro tipo de soluciones a los problemas que vivimos las y los colombianos.

Hoy el país requiere con urgencia resolver temas de fondo que realmente se requieren en este país, a las problemáticas crecientes en el orden social y económico, de pobreza creciente en el país. No creemos que las salidas para responder a la Criminalidad tengan que ser solo coercitivas y aumentando las penas, reformando el código Penal, de Procedimiento y de Infancia, dando mayores herramientas a la justicia y a la policía. La Corporación se pregunta ¿es la Cárcel la única solución a la inseguridad deshabitada de los derechos?. O quizás lo que tenemos que hacer hoy, es ocuparnos de temas que requieren de mayor atención, como lo es, el tema de los cuatro millones de desplazados, generar empleo, darle mayor oportunidad a los jóvenes para que estudien, o tal vez combatir las estructuras mafiosas anquilosadas en todas las esferas de las estructuras gubernamentales regionales, y nacionales, etc.

Puede ser, que tal vez a la Rama Legislativa, no le importe resolver los problemas sociales, y puede estar más interesada en mantener el viejo modelo de seguridad antidemocrática que desde, hace mas de 33 años se instauro en Colombia, un modelo represivo para contener el descontento popular y las necesidades de la gente pobre, que reclaman sus derechos. Estas medidas de seguridad sirven también como herramienta para contener a los opositores del desarrollo y las ¨locomotoras¨ que se impulsan de manera oficial en los llamados ¨Planes de Desarrollo¨ o los TLC. No podemos olvidar como en este sentido se han aprobado medidas como: El Estatuto de Seguridad Democrática del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), el Estatuto para la Defensa de la Democracia del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el Estatuto para la Defensa de la Justicia de la administración de cesar Gaviria (1990- 1994), y el Estatuto Anti-terrorista de Álvaro Uribe (2002-2006-2010), hoy la unidad de gobierno de Juan Manuel Santos sigue ese camino con la creación de la llamada ¨ ley de seguridad Ciudadana¨ estas son las bases de la legislación del orden publico que pueden asegurar a la inversión extrajera mayor confianza en el orden económico Colombiano.

La Ley contempla nuevos delitos y aumento de penas, pero no deja de sorprender que en uno de sus artículos de la ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ se consagre ¨Quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares tendrá penas de 6 a 8 años y multas que podrán oscilar entre 600 y 700 salarios mínimos¨ esta Ley, compara con la Ley de Justicia y Paz, la cual le entrega beneficios a los Paramilitares por colaborar con la justicia (penas de 8 años de prisión que pueden ser reducidos a 5 años), estas contradicciones de la ley, nos deja estupefactos pues encontramos irrisoriamente como para los Paramilitares que han confesado más de 45.499 asesinatos según fuente de la Fiscalía General de la Nación. Además la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía ha registrado un total de 1.597 masacres, 13.850 casos de desaparición y desplazamiento. Miremos este otro caso de un solo paramilitar según fuentes de el fiscal octavo de Justicia y Paz, ¨alias el Iguano habría incurrido en delitos tales como: concierto para delinquir, homicidios en persona protegida, homicidios agravados, terrorismo, fabricación arbitraria, toma de rehenes y actos de barbarie…ha confesado más de 3 mil delitos los cuales se encuentra el asesinato de personas que se encuentran en más de 20 fosas. También confesó que tiro 15 cadáveres al rio Pamplona; realizo 27 masacres en Cúcuta¨. En este caso y en muchos más confesados por los paramilitares las penas impuestas son pura impunidad.

La ley también establece ¨ penas de máximo dos años por bloqueo de vías. El castigo se aplicara para quienes incentiven dicha conducta¨

Se le entrega a la policía en la vigilancia de las personas que se encuentran en detención domiciliaria o vigilancia electrónica.

Se permite hacer allanamientos a partir de las seis de la tarde, sin presencia obligatoria de la Procuraduría. Se aumentan los términos de la formulación, por parte de la Fiscalía, para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. Ahora serán de 90 días. Asimismo, cuando se presentan concurso de delitos será de 120 días.

Otra medida de aplicación en la Ley es el incremento de las interceptaciones que pasan de 3 meses a extenderse hasta 6 meses. Lo curioso de esta medida es que no hemos salido del escándalo de las Chuzadas ilegales del DAS y ya estamos ampliando esta medida, que no sabemos qué utilidad y beneficios traerá a los derechos humanos, cuando hay sin lugar a dudas un mar de impunidad frente a los delitos cometidos atreves de esta medida de andar Chuzando y escuchando las conversaciones de los Magistrados de la Corte Constitucional y de las y los defensores de de los derechos humanos perpetrados por los organismos de seguridad del Estado Colombiano.

La Corporación Yurupari reitera su más enérgico rechazo con las mediadas anunciadas en este campo pues quedamos desnudos de inseguridad.

Bogotá 3 de junio de 2011

Corporacionyurupari@hayoo.es

miércoles, 23 de marzo de 2011

SUSPENDER LA GUERRA Y LAS INTERVENCIONES MILITARES

CARTA PÚBLICA

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos, testigos de numerosos hechos históricos acaecidos en un largo conflicto social, político y militar que padecemos las y los colombianos. Hemos reiterado en muchas oportunidades públicamente que siempre estaremos a favor de las víctimas, las cuales son al fin y al cabo; sobre quienes recaen los embates de la guerra, las múltiples violaciones a los derechos humanos y el derecho Internacional humanitario. De la misma manera siempre hemos realizado un llamado al dialogo y a la búsqueda de una solución negociada de los conflictos y proclamamos nuestro derecho la paz como una herramienta para el entendimiento y respeto a la vida.
Nuestra corporación hace un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la civilidad, para que alcemos el principio y el derecho humano a la PAZ, pues creemos que NINGUNA GUERRA PODRÁ LOGRAR LA PAZ Y MUCHO MENOS EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
Hoy queremos recordar la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS de Argel 4 de julio de 1976. En la cual su preámbulo ilumina sabiamente estos contextos “Vivimos tiempos de grandes esperanzas, pero también de profundas inquietudes, tiempos llenos de conflictos y de contradicciones, tiempos en que las luchas de liberación han alzado a los pueblos del mundo contra las estructuras nacionales e internacionales del imperialismo, y han conseguido derribar sistemas coloniales. Pero son también tiempos de frustraciones y derrotas, en que aparecen nuevas formas de imperialismo para oprimir y explotar a los pueblos. El imperialismo, con procedimientos pérfidos y brutales, con la complicidad de gobiernos que a menudo se han auto designado, sigue dominando una parte del mundo. Interviniendo directa e indirectamente, por intermedio de las empresas multinacionales, utilizando a políticos locales corrompidos, ayudando a regímenes militares que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores; por un conjunto de prácticas a las que se les llama neo-colonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos”

De la misma manera también la declaración nos recuerda en la “Sección II. Derecho a la autodeterminación política. Artículo 5. Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. Artículo 6. Todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas. Artículo 7. Todo pueblo tiene derecho a un régimen democrático que represente al conjunto de los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, creencia o color, y capaz de asegurar el respeto efectivo de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos”.
Somos consientes de que esta declaración no tiene un reconocimiento oficial o jurídico. Pero representa un llamado de miles y miles de personas para seguir en la búsqueda de la paz y el entendimiento de los derechos humanos universales.
Vivimos en tiempos de conquistas y reconocimientos a los derechos humanos y de innumerables resoluciones, declaraciones que han sido emanadas de espacios nacionales, constitucionales e internacionales; de gobiernos que se han comprometido con la Paz y el respeto a los derechos humanos desde la Declaración de Derechos Humanos hasta la evolución de los derechos Económicos, sociales y culturales.
En este sentido hacemos un llamado a la conciencia de la Humanidad, a las y los organismos de derechos humanos, a exigir:
A los gobiernos asentados como miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, la OTAN y otros organismos multilaterales. A detener de inmediato los bombardeos y la guerra contra Libia.

Buscar la Paz en el medio Oriente a través del dialogo, la concertación y el respeto a los derechos humanos.

Solicitar al gobierno de Israel el cese de bombardeos contra el pueblo Palestino.

Llamar al desmonte armamentístico desarrollado por las grandes potencias, los cuales hacen parte de seno de Naciones Unidas, pero que a la vez venden en el mercado internacional.

Es necesario exigir el respeto de los grandes países sobre los más chicos y exigir el retiro de sus tropas, des sus bases militares de cualquier país del mundo.

Llamamos a las ONG, a los pueblos, a las mujeres y hombres a sentir y pensar los derechos humanos y evitar que la conquista de la humanidad reflejada en la democracia y la autonomía de los pueblos se pierdan en medio del dolor y la guerra.
Corporación Yurupari, Bogotá marzo 23 de 2011
corporacionyurupari@yahoo. es http://coryurupari.blogspot.com

martes, 15 de febrero de 2011

Denuncias del pueblo AWA,

COMUNICADO DE PRENSA

Febrero 08 de 2011: La unidad Indígena del pueblo Awá - UNIPA, hace pública la siguiente denuncia y rechaza categóricamente los hechos presentados el lunes 31 de enero en el resguardo Hojal la Turbia, comunidad Peña Caraño, municipio de Tumaco donde dos compañeros Awá, Wilfrido Rodríguez de 51 años y su hijo José Richard Rodríguez de 14 años, al movilizarse por nuestro territorio fueron víctimas de una mina antipersonal. Lamentablemente durante los hechos falleció José Richard Rodríguez.

En otros hechos ocurridos el día 7 de febrero Maria Fernanda Canticus Pascal de 16 años, Rosa Aurelina Guanga de 30 años y Jhon Fabio Guanga de 22 años, habitantes del Resguardo Hojal la Turbia, Comunidad Quejuambí la Liza; cuando se desplazaban hacia su casa, fueron víctimas de una mina antipersonal sembrada en esta zona, dejando gravemente herida a la compañera Rosa Aurelina Guanga, y con esquirlas del artefacto explosivo a los otros dos Indígenas Awá.

A lo anterior, nos sumamos a la denuncia emitida por los compañeros del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI, donde dan a conocer el incremento de la presencia de efectivos del Ejército Nacional desde finales del año pasado y solicitan como mecanismo de protección a la vida y la integridad de las personas que allí habitan, el retiro de las tropas que vienen haciendo presencia permanente en el Resguardo Pialapí – Pueblo Viejo- y en especial en la Reserva Natural de La Planada.

Ante estos hechos exijimos

A los actores armados

  1. Que se retiren de nuestro territorio.
  2. Que no siembren más minas antipersonal porque vulneran nuestro derecho a la vida, el derecho a la integridad física cultural y el derecho a la libre movilidad.
  3. Un desminado Humanitario para poder vivir en nuestro territorio con tranquilidad.
  4. Que no involucren en el conflicto armado a las familias Awá y no utilicen nuestro territorio como campos de batalla.

Al Gobierno Nacional:

1. Que inicie el proceso de concertación del Plan de Salvaguarda como marco para tomar medidas urgentes y necesarias para garantizar la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo.

2. Que retire las fuerzas militares del territorio Awá.

3. Que repare a las víctimas del conflicto armado del cual es objeto el Pueblo Awá, de manera individual y colectiva.

Al Ministerio Público

1. A la Defensoría del Pueblo: que haga un seguimiento de la situación y emita la alerta temprana sobre el riesgo de desplazamiento de los resguardos indígenas del pueblo Awá

2. A la Procuraduría: que de acuerdo a su competencia realice las investigaciones pertinentes frente al cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado y sus funcionarios.

Solicitamos a la Comunidad Internacional:

1. Acompañamiento y monitoreo permanente sobre la situación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la zona indígena Awá.

2. Instar al gobierno colombiano que brinde las garantías para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Política, la legislación indígena nacional y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia.

3. Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos otorgar Medidas Cautelares y/o Provisionales para la protección colectiva del Pueblo Indígena Awá y a su vez instituya mecanismos de cumplimiento que obliguen al gobierno colombiano a actuar en consecuencia.

AUTORIDADES INDÍGENAS AWÁ – UNIPA

Territorio de encuentro, convivencia, dialogo y paz - Nariño

Febrero 8 de 2.011

Mayor información

Alex Guanga 3188216083

Juan Edgardo Paí 3188216070

jueves, 27 de enero de 2011

Las cifras de la IMPUNIDAD

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de Derechos Humanos, ve con alta preocupación, como la estrategia paramilitar en Colombia sigue siendo una herramienta para mantener el statu quo y garantizar en muchas regiones del país la inversión extrajera multinacional.
Pese a que las Auto defensas Unidas de Colombia AUC se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Mediante la aplicación de la "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" que permitieron entregar a la justicia colombiana elementos para juzgar y condenar a máximo ocho años a los paramilitares que confesarán sus crímenes y colaboraran con la justicia.
Las AUC se crearon en abril de 1997 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.

Más del 70 por ciento de sus ingresos provenían del narcotráfico, e igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales con presencia en las zonas bajo su control.

Asimismo, recibieron colaboración de varios miembros de Ejército, al tiempo que tuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos.

La Corporacion Yurpari, al igual que organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas como MOVICE coincidimos al afirmar que muchos de sus miembros de estos grupos paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, los Rastrojos entre otros.
La "Ley de Justicia y Paz" que es el marco legal de las "desmovilizaciones" ha sido denunciada por familiares de víctimas como una suerte de "premio" a los victimarios: en virtud de esa ley la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar en Colombia son 8 años de cárcel. En diciembre 2010 fue condenado el jefe paramilitar Iván Laverde, alias "el Iguano" a tan sólo 8 años de cárcel por asesinar a más de 4000 (cuatro mil) personas (asesinatos confesados), por varias masacres, desapariciones, atentados. El "Iguano" confesó incluso haber usado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas.
La Corporación Yurpari, manifiesta que en Colombia la Impunidad y la tolerancia oficial, con estos grupos paramilitares es altamente preocupantes más aun, cuando La Fiscalía General reveló el pasado 13 de enero 2011 que tiene documentados 173 mil 183 casos de homicidios, mil 597 masacres y 34 mil 467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74 mil 990 comunidades y el reclutamiento de tres mil 557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".

Según el informe, los ex integrantes del referido grupo paramilitar están implicados en tres mil 527 casos de secuestro, tres mil 532 de extorsión, 677 de violencia de género, 68 de narcotráfico y 28 mil 167 de otras conductas delictivas, sin precisar cuáles.

De acuerdo la fuente judicial, en la actualidad la entidad avanza en las diligencias de confesión de 51 mil 616 hechos por parte de ex paramilitares acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz, en casos con 65 mil 747 víctimas relacionadas.

Dichas diligencia ha permitido a las autoridades -siempre según el reporte-hallar tres mil 37 fosas comunes, en las que se logró encontrar tres mil 678 cadáveres, con mil 323 cuerpos identificados plenamente.

A su vez, las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación a los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles, además de otras siete mil 67 personas.

La Corporación Yurupari, ante el escalofriante panorama de violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos en Colombia. Llama a las organizaciones Internacionales de derechos humanos a permanecer alertas y solidarias con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con los pueblos indígenas, campesinas y afrodescendientes.
A los gobiernos Europeos y de Estados Unidos a condicionar las ayudas con el gobierno de Colombia, mientras persista una clara y sistemática violación a los derechos humanos y de pueblos indígenas,campesina, afrodescendientes y de la ciudad civil.

viernes, 10 de diciembre de 2010

COLOMBIA BASTA YA DE IMPUNIDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COLOMBIA BASTA YA DE IMPUNIDAD
Corporación Yurupari
Hoy 10 de diciembre de 2010, se celebra un año más de la promulgación Universal de los Derechos Humanos, 62 años, de luchas y reivindicaciones por mantener en alto la bandera de la vida, La Paz, y los mínimos vitales que hacen posible la existencia del ser humano en el planeta.
Sin embargo a pesar de contar con instrumentos internacionales que nos dejan una jurisprudencia muy amplia y rica en el tema universal de protección a las personas de muchos países; y donde los Estados se han comprometido a respetar y garantizar dicha jurisprudencia internacional. Lamentablemente esto aun no se lleva a cabo por muchos Estados; el cumplimiento de estas directrices internacionales y en muchos casos la burla y el menos precio de los compromisos internacionales es una constante.
Colombia en materia de Derechos Humanos, es uno de esos países donde se presenta una muy alta y sistemática violación a los a los derechos humanos, un país gobernado en el dilema de una falsa democracia, donde los terratenientes herederos de la vieja colonia Española, gobiernan por los siglos de los siglos, rotándose en el poder entre la burguesía Liberal y la Conservadora.
El pasado lunes 6 de diciembre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Intervino ante el pleno de la Corte Penal Internacional, con el objetivo de explicar los supuestos avances en la defensa de los derechos humanos, en sus intervenciones no dice toda la verdad y insiste en negar el conflicto social y armado que viven los colombianos desde hace mas de 60 años.
El presidente no puede tapar el sol con una mano, la impunidad réinate en Colombia por violaciones sistemática y reiteradas por acción u omisión a los derechos humanos es muy alta. 99% de impunidad.
El desplazamiento interno hoy alcanza una cifra escandalosa de más de 4 millones de personas que fueron amenazadas abandonar sus tierras por uso de la fuerza paramilitar.
Durante 2010 a la fecha de esta conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han registrado 105 asesinatos de indígenas en el país, 25 de ellos ocurridos bajo el periodo agosto a diciembre.
En Colombia la Ley de Justicia y Paz no respeta la Resolución 1325 de la ONU porque impone penas irrisorias de entre tres y ocho años, a los culpables de crímenes de lesa humanidad que confiesan voluntariamente, aunque también omiten.
La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia. Pero las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, “pese a que con la Ley de justicia y Paz el miedo a nombrar la violencia sexual en voz alta haya empezado a correr un poco”, como afirma Gloria Tobón de la organización Humanizar. De las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.
El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados
El paramilitarismo más vivo que nunca
Pese a que la desmovilización colectiva de los paramilitares agrupados en las AUC se dio por finalizada en 2006, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados integrados por ex paramilitares y que se dedican al control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.
Usurpan el territorio a comunidades indígenas y afrocolombianas fundamentalmente, “a través de la amenaza, el asesinato y el terror ejercidos muchas veces a través de la violencia contra la mujer”, afirma Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
En estos primeros cuatro meses de agosto a diciembre, del mandatado del Presidente Juan Manuel Santo por lo menos 22 activistas miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos han sido asesinados, un periodista y un juez también fueron asesinados.
El actual gobierno no cuenta con una estrategia adecuada y eficaz para enfrentar y desmantelar estructuras económicas, políticas y militares del Narcoparamilitarismo. En los últimos meses se han venido presentando asesinato de líderes que reclaman la tierra despojada por los paramilitares lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de una ley de tierras y de reparación a las víctimas.
El gobierno de Juan Manuel Santos tampoco ha dado a conocer medidas y políticas eficaces para combatir la impunidad. Y de sanciones para quienes han cometido crímenes relacionados con la parapolitica y las ejecuciones extrajudiciales y de las chuzadas realizadas por el DAS.
La deuda externa a la fecha 17 de noviembre 2010, alcanzaba la cifra de 61.135 millones de dólares, de los cuales 38.103 corresponde al sector publico, 23.32 mil millones de dólares corresponden al sector privado. Hoy 10 de diciembre los grandes empresarios han anunciado que la mesa de concertación entre sindicalistas que reclaman un salario digno, solo recibirá un aumento del 3% sobre el salario mínimo actual vigente. Teniendo presente que el actual salario es de $515.000, o sea que el 3% de aumento seria de 15.450 pesos.
Según datos suministrados por el Periódico Desde Abajo, edición 156, el profesor Libardo Sarmiento Anzola.” El nivel de pobreza es el mismo desde el 2002 al 2010 y afecta 46% de la población Colombiana, y la pobreza extrema es de 17,8%, el desempleo oscila 12,8%, y la posibilidades de que un joven muera es 5 veces más alto que el promedio de América Latina, 29 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y 9 millones viven en la indigencia”
De acuerdo a lo anunciado anteriormente la Corporación Yurupari, organismo no Gubernamental de Derechos Humanos en Colombia, hace un llamado al Estado Colombiano a respetar, garantizar los derechos humanos de una manera integral y acatar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
A tomar medidas eficaces para desmantelar totalmente la política paramilitar y mafiosa que deambula por todas las regiones, sin ningún control de la fuerza pública.

Corporación Yurupari, 10 de diciembre de 2010.