ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

“Los defensores y las defensoras de derechos humanos no sólo deben ser protegidos por el Estado sino respetados por todas las personas de un país, ya que su trabajo es fundamental para lograr que se llegue al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, y sociales, económicos y culturales. La ONU respalda y valora su trabajo”, dijo Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bogotá D.C., 10 de julio de 2012

CARTA PÚBLICA

ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

LA CORPORACIÓN YURUPARI, Organismo no Gubernamental de DDHH, de Colombia, y la ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LO PÚBLICO –ASOPÚBLICO-. Rechazamos vehementemente las amenazas de muerte proferidas contra las y los defensores de derechos humanos, ocurridas el pasado 4 de julio de 2012, en una carta panfleto dirigida por en autodenominado “ejército anti-restitución”.

Señores:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE

Fiscal General de la Nación

En esta oportunidad nos dirigimos con el más alto respeto, deseándoles muchos éxitos en las labores que adelantan en pro de la democracia y la justicia en el país. Respetados servidores públicos, nuestra Organización No Gubernamental de derechos humanos  solicita de manera urgente  la intervención inmediata para prevenir cualquier actuación que ponga en peligro la vida y la honra de las y los defensores de derechos humanos, pertenecientes a distinguidas y respetadas ONGs: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), defensoras. Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, Vice Presidenta de la FIDH, así como Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Jeison Paba, filiales de la FIDH; los Señores. Iván Cepeda, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE; Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE; Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP); José Humberto Torres, integrante de esta misma fundación, y a las Señoras. Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex senadora Piedad Córdoba.

Las amenazas de muerte proferidas por el ¨ejercito anti restitución¨ advierten lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también [HP] guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.

Ante estas amenazas sistemáticas y reiterativas  en el tiempo que se convierten en crimines de lesa humanidad a la luz de la Corte Penal Internacional.

Solicitamos del Sr. Fiscal General de la Nación, una respuesta contundente para dar con la identificación de este grupo que se autodenomina ¨ejercito anti-restitución¨, responder de manera eficaz ante las denuncia y peticiones realizadas por las y los defensores y  para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes de las organizaciones y de las personas amenazadas.

Excelentísimo señor presidente Juan Manuel Santos, le pedimos:  Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2).

Nos despedimos a la espera de poder contar con medidas eficaces para la protección de la legítima labor de las y los defensores de derechos humanos.

NO MAS IMPUNIDAD, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS DE LA MUJER.

Bogotá, junio 2 de 2012

La Corporación Yurupari, se suma a la invitación a participar de la movilización, este  3 de junio, que promueven  los y las Jóvenes de la Universidad Nacional, a las 10 de la mañana en el Parque Nacional de Bogotá “NI UNA MAS” no mas violaciones de derechos contra las mujeres en el país.

Comunicado público

Hacemos un llamado categórico al Estado Colombiano, a los órganos de control, a tomar medidas eficaces y contundentes contra  las violaciones sistemáticas y reiterativas y permanentes contra a los derechos de las mujer.

Los hechos de violencia contra la mujer no cesan, La muerte de Rosa Elvira Cely, quien tenía 35 años, estaba culminando su bachillerato y trabajaba en una cafetería del Hospital Militar, enlútese una vez más la conciencia de la humanidad.

En la madrugada del jueves pasado, 24 de mayo  Cely, llamó a la línea de emergencia 123 para reportar que estaba siendo violada. "Estoy en el Parque Nacional. Me están violando, me están violando", dijo la mujer en la comunicación. Seis horas después, la Policía de Carabineros la encontró y con asombro vieron que había sido torturada, tenía señales de ahorcamiento, una herida causada con arma blanca en su espalda, y había sido violada y empalada.

El empalamiento, que consiste en atravesar un palo o varilla en los genitales de la víctima, se conoció como forma de tortura durante la época de la inquisición y ha sido practicada por paramilitares en masacres como la de El Salado. Cuatro días después de estar internada en el Hospital Santa Clara, la mujer murió por una peritonitis (consecuencia del empalamiento), un trauma craneal y lesiones graves en su aparato intestinal y rectal. Este fue el diagnóstico que dio a conocer el médico José Páramo, subdirector científico del Hospital Santa Clara, según un comunicado difundido por la Defensoría del Pueblo

Vivimos tiempos de una alta impunidad y la voz de las mujeres, frente al abuso de sus derechos es ocultada, por miedo  o temor de las mujeres a denunciar de sus agresores victimarios, pues ellas no encuentran en el Estado protección eficaz y además  el estamento oficial  pasa por alto todas las directrices de organismos internacionales y de Naciones Unidas para frenar los abusos de violaciones a los derechos de las mujeres.

La Corporación Yurupari rechaza el aumento, de las violaciones sexuales, el maltrato, la tortura, la desaparición, asesinatos, la discriminación, la esclavitud sexual, prostitución forzada, los maltratos intrafamiliares, abuso sexual de niña y niños, tratos humillantes, desplazamiento forzado, reclutamiento militar,  Estos crímenes aborrecibles deben conmover la conciencia de la humanidad y de todos y cada uno de los colombianos

Proclamamos Verdad, Justicia y Reparación integral  con las mujeres víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

NO MAS IMPUNIDAD, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS DE LA MUJER.

Voces de memoria y dignidad

La CORPORACION YURUPARI, organización no gubernamental de derechos humanos INVITA a sus amigos y amigas a MARCHAR el próximo martes 6 de marzo en la ciudad de Bogotá: Lugar Calle 24 (frente a la torre Colpatria con carrera 7 a las 9 am.
El recorrido por la carrera 7 hasta el Ministerio de Agricultura, se contara con la presencia de Artistas y actos simbólicos, culturales y con la galería de la memoria del Capitulo Bogotá y la CUT.

En esta ocasión el 6 de marzo estará dedicado a poner en evidencia al despojo como otro crimen de Estado, así como las exigencias en torno a una restitución real e integral de las tierras, la no formalización de títulos y extranjerización de las mismas, el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares, hoy con un crecimiento y presencia en aproximadamente 406 municipios del país y garantías de protección a líderes reclamantes de tierras.

La Corporación Yurupari, rechaza enérgicamente todas las amenazas de (GRUPOS PARAMILITARES), que en los últimos días, bien apareciendo y allegadas a las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, a las victimas que reclaman sus derechos a la tierra, a la verdad y a la justicia, agrupadas el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Responsabilizamos al Estado Colombiano de cualquier hecho que pueda poner en peligro la vida de las victimas y de las y los defensores de derechos humanos. Que reclaman una real e integral reparación con verdad y justicia.

Llamamos al Estamento Gubernamental, acatar las normas Constitucionales e internacionales en materia de una real garantía de derechos, sumada aun serio compromiso por la paz, de lo contrario todas las normas y leyes que quieren proteger la reparación de las victimas será letra muerta y teoría sin cumplimiento.

Creemos como Corporación, que las medidas de reparación individual y colectiva puedan ser sostenibles, dichos mecanismos deben estar fundamentados en la reparación política, que concebimos en términos de reformas estructurales e institucionales, que promuevan el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos de la población Colombiana.

Mientras subsistan mecanismos de seguridad nacional con la idea del exterminio de opciones sociales alternativas, de intolerancia, discriminación hacia la diversidad multiétnica, pluricultural. Y persistan las múltiples impunidades y el Estado y los asesinos, torturadores, victimarios, juegan aparentar ser las victimas. Bajo esos ideales no abra condiciones para la verdad la justicia y la reparación.

Rechazamos categóricamente la burla con que pretende el Estado engañar a las victimas y a las y los colombianos, por un lado se muestra benévolo con la recién creada Ley de Victimas y seguidamente se empeña en el debilitamiento de los movimientos sociales que han buscado otras opiniones frente al modelo económico de las locomotoras y del desarrollo en el que se quiere entregar el país a las empresas multinacionales y a gobiernos foráneos, la explotación a cielo abierto de los recursos naturales y de la propiedad de la tierra acumulada en pocas manos.

Quisiéramos terminar recordando el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala “ la memoria de las víctimas es un aspecto sustancial de la memoria histórica de la Nación, y contribuye a dar sentido a los hechos de violencia ocurridos en el pasado , rescatando y dignificando el recuerdo de las víctimas en el presente, para evitar que sus derechos vuelvan hacer vulnerados en el futuro. Teniendo en cuenta que las particularidades de la victimización colectiva están relacionadas con la intencionalidad de desarticular procesos organizativos que adelantan los movimientos sociales”


Nos despedimos sumándonos y respaldando la Marcha de las victimas de Crímenes de Estado.

Corporación Yurupari

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

EN MEMORIA A JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO: DEFENSOR DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS

LOS TITIRITEROS DE CUELLO BLANCO AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD

El 27 de febrero de 1998, siendo las dos y quince de la tarde, dos hombres y una mujer, entraron al Edificio Colon ubicado en la calle 49 con carrera 51 del centro de la capital antioqueña. Portando pistolas con silenciador, accionaron sus armas contra el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, propinándole disparos mortales en la cabeza que de inmediato acabaron con su existencia y su labor de defensor de derechos humanos.

Catorce años de impunidad, las confesiones de paramilitares ocultan sin lugar a dudas a los titiriteros de cuello blanco que ordenaron acabar con la vida del honorable defensor.

Los verdugos querían silenciar las contundentes denuncias que realizaba Jesús María Valle, las cuales en muchas oportunidades develaba “lo más doloroso es que hemos encontrado una convivencia, una complicidad y una ayuda entre comandantes de la policía y del ejercito y esos grupos armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano”

Jesús María Valle, acompaño a las víctimas, en aquellos momentos difíciles cuando preguntaban por los desaparecidos, cuando defendía a las y los detenidos por razones políticas, a los campesinos desplazados forzosamente de sus tierras, a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares, a los estudiantes en sus luchas, a los indígenas, afro descendientes y las y los dirigentes sociales y populares.

El defensor incansable de las ideas y las palabras, era un convencido que sin justicia social no podrá existir una verdadera Paz.

De qué sirve hoy contar con la Ley de Victimas, si las confesiones de los criminales son una burla para las víctimas, las verdades son a medias y no revelan a los verdaderos titiriteros de cuello blanco, los castigos son irrisorios con parados los daños causados a sus víctimas y la justicia desdeña un perdón y olvido con los crímenes de lesa humanidad.

Para la Corporación Yurupari, está claro, que con la muerte de Jesús María Valle, los dueños del poder, no lograron, ni lograran jamás acabar con el mundo de las ideas de hombres y mujeres que dieron su vida a la causa de los derechos humanos y la paz. Nada quedara oculto bajo el sol y algún día saldrán las voces quijotescas de muchos hombres y mujeres guiados por las ideas de Jesús María Valle y otros tantos ejemplos para revelar la verdad y los verdaderos nombres de los titiriteros del poder cuello blanco que han causado tantos crímenes en el país.

La memoria es mejor que el olvido. Corporación Yurupari. 27 de febrero de 2012.

Derechos de los pueblos indígenas en Panamá vulnerados

Bogotá/Colombia, 6 de febrero de 2012
La Corporación Yurupari y la Asociación de Autoridades del Municipio de Jurado del Departamento del Choco Alertan a la Comunidad Nacional e Internacional los siguientes hechos de los cuales hemos tenido conocimiento en las últimas horas sobre los hermanos indígenas de Panamá.
El domingo 5 de febrero de 2012, los indígenas que adelantan luchas en Panamá contra los proyectos que pretenden la explotación de los recursos minerales y la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe / Bugle, aéreas anexa fueron Reprimidos por parte del Gobierno panameño.
Alertamos
1. El día 31 de enero del 2012 en un comunicado enviado a nuestros correos de parte del EL PUEBLO EMBERA Y WOUNAAN DE PANAMÁ, AGLUTINADO EN LOS CONGRESOS GENERALES DE LA COMARCA EMBERA Y WOUNAAN, CONGRESO GENERAL DE TIERRA COLECTIVA EMBERA Y WOUNAAN, CONGRESO NACIONAL DEL PUEBLO WOUNAAN, EL CONGRESO GENERAL EMBERA DE ALTO BAYANO, CONSEJO GENERAL BRIBRI, Y CONGRESO GENERAL BUGLE, TODOS ESTOS ORGANISMOS CONSTITUIDOS COMO MÁXIMOS ORGANISMOS TRADICIONALES DE DECISIÓN Y EXPRESIÓN DENTRO DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIO SE HAN DECLARADO EN ALERTA ROJA Y EN PIE DE GUERRA, Y ANUNCIARON AL GOBIERNO DEL ESTADO PANAMEÑO, QUE LE DAN UN PLAZO DE 07 DÍAS CONTINUOS PARA QUE SE ATIENDA DE MANERA URGENTE LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON:

1. Invasiones de Colonos en tierras y territorios de los pueblos Embera y Wounaan, establecidos por Decretos y Leyes en las regiones de: Sambu y Cemaco (Comarca Embera) y las regiones de Jaque, Rio Congo, Arimae, Bajo Lepe, Aruza, Pijibasal, Piriati, Ipeti, Maje Chiman, Platanare, Rio Hondo y Maje Cordillera (Tierras Colectivas).
2. Invasiones de Colonos en tierras y territorios de los pueblos Embera y Wounaan, establecidos por Decretos y Leyes en las regiones de: Sambu y Cemaco (Comarca Embera) y las regiones de Jaque, Rio Congo, Arimae, Bajo Lepe, Aruza, Pijibasal, Piriati, Ipeti, Maje Chiman, Platanare, Rio Hondo y Maje Cordillera (Tierras Colectivas).

3. Las entidades públicas competentes no están cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales para atender y resolver estos conflictos territoriales, que por muchos años han sido denunciados públicamente, por los pueblos Embera y Wounaan. Estas deficiencias administrativas y de procedimientos, están fomentando las invasiones de tierras y territorios, en detrimentos de los derechos de los pueblos indígenas; en clara violación a los derechos humanos.

4. Intimidación y persecución a las Autoridades Tradicionales Embera y Wounaan por Fiscales, Juzgados Municipales, Juzgados Mixto de Circuito de Darién, Honorables Alcaldes, y Autoridades Judiciales de Panamá Este, aplicando medidas arbitrarias e ilegales, desconociendo y violando normas que garantizan los derechos humanos y los derechos de los pueblos Indígenas.

Pueblo Indigena Ngabe/ Bugle

1. Desde hace ya varios días, cientos de indígenas de estos pueblos mantienen protestas contra el Gobierno de Panamá y las informaciones hablan de un fuerte contingente de policías antimotines dispuestos a contener las protestas pacificas de los indígenas.
2. La razón principal de la protesta es que desde hace un año el gobierno se comprometió a cambiar la ley minera respetando la Comarca Ngabe/Bugle como zona libre de minería e hidroeléctricas El incumplimiento con los acuerdo con la dirigencia de la Coordinadora por la defensa de los recursos naturales del Pueblo Ngäbe / Bugle, La Asamblea Nacional y los diputados eliminaron el artículo 5, que se refiere a las limitaciones de las concesiones mineras en la Comarca Ngäbe / Bugle y áreas anexas. (acuerdo firmado el día 27 de febrero de 2011).
3. El Gobierno de Martinelli pretende excluir del proyecto de ley 415, el articulo 5, el cual dice “ Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe / Bugle, aéreas anexas, territorios y comunidades Ngäbe / Bugle, fuera de la comarca, y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando a cabo dichas empresas.”

4. De acuerdo a las ultimas noticias de Gilberto González Maroto, corresponsal de Prensa Indígena.org. mx “el presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, dio declaraciones oficiales y afirma una vez mas, que el no puede decir a la represas hidroeléctricas en la comarca Ngäbe / Bugle, porque estaría atentando contra el desarrollo del país y que si tiene que tomar medidas con la fuerza, lo va hacer.”

Antecedentes
Entre el 6 al 8 de Julio de 2011 se llevo acabo el III congreso indígena Colombo Panameño allí participaron las autoridades indígenas Embera Wounaan de las comarcas de Panamá; los hermanos indígenas dieron a conocer el contexto en el que viven los indígenas de Panamá, lo cual se resume de la siguiente manera: Los indígenas de Panamá viven en una situación alarmante y vergonzosa padecen de hambre, invasión territorial por parte de los colonos y desconocimiento de los mas mínimos derechos por parte del Estado Panameño. Existen siete pueblos indígenas, ellos son los Ngobe, Bugle, Bribri y Naso (en la región occidental) y los Kuna, Embera y Wounaan en la región Oriental, cuentan con cinco territorios legalizados a través de Comarcas Indígenas, que son divisiones políticas especiales para los pueblos indígenas.

Peticiones
1. La Corporación Yurpari y las autoridades indígenas Asociación de Autoridades del Municipio de Jurado del Departamento del Choco, de frontera, hacemos un llamado al señor presidente de la República de Panamá Ricardo Martinelli, a respetar los tratados internacionales de los derechos humanos, convenios, pactos y protocolos que protegen y salvaguardan los derechos de los pueblo indígenas.
2. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a escribir cartas al gobierno de Martinelli, para que este cumpla con los acuerdos firmados con los pueblos indígenas. Del mismo modo exigir el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios y su modelo de desarrollo que se implanta en ellos.
3. Exigimos el derecho a la protesta social y popular y rechazamos cualquier acto de violencia que pretenda acallar la voz de los pueblos indígenas de Panamá.
4. Atender de manera adecuada y democrática las demandas territoriales de los pueblos indígenas y poner soluciones a las invasiones de los colonos sobre tierras indígenas.


Atentamente
Corporación Yurupari
Asociación de Autoridades del Municipio de Jurado del Departamento del Choco


Correo electrónico: corporacionyurupari@yahoo.es, coryurupari.blogspot.com

Solidaridad con el colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo

CARTA PÚBLICA DE SOLIDARIDAD CON EL COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO Y LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos multiétnico y pluricultural, manifiesta su solidaridad y apoyo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; ante los anuncios de La Fiscal General, Viviane Morales, sobre la apertura de una investigación para establecer responsabilidades en un caso de "falsas víctimas" de la matanza de Mapiripán, perpetrada por paramilitares en 1997, y admitió que en ese caso fue menor el número de fallecidos. Es de recordar que por esa masacre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano en 2005 y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas.

La corporación Yurupari, tiene una serie de preocupaciones que llaman la atención sobre un estado creciente y sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país.

1. Vemos un estado de cosas inconstitucionales que ocurren en el país frente al tema de los derechos humanos y la impunidad, que habita en Colombia durante muchos años, en el cual muchas y muchos defensores de derechos humanos han sido víctimas de innumerables hechos como son: desapariciones, señalamientos, asesinatos, destierro, persecuciones, detenciones, amenazas, investigaciones judiciales, montajes, chuzadas desde los organismos de inteligencia, descredito a la labor como defensores y acusaciones desde el más alto cargo público, es decir: que las y los defensores son el arma jurídica de la Guerrilla Colombiana.
2. Somos consientes del avance teórico en materia de nuevas leyes que buscan salvaguardar los derechos de las victimas con el logro de este gobierno con la aprobada Ley 1448 la cual buscara reparar a las víctimas del conflicto y restituir las tierras a los desplazados. Sin embargo, la Corporación cree que el gobierno va contrariando esta iniciativa al seguir impulsando Leyes que protegen a los victimarios (grupos paramilitares), la reforma a la justicia, e impulso al Fuero Penal Militar. Los derechos de las víctimas son desdibujados, son muchos los casos donde las victimas

acuden a la justicia para denunciar los hechos violatorios ocurridos contra sus derechos y terminan siendo las victimas investigados por la justicia y se les incrimina como si fueran ellos mismos como sus propios victimarios y se pone en entredicho la veracidad de los hechos o como si todo fuera un invento de las víctimas.

3. Pensando en las Chuzadas y en los operativos del Das contra las y los organismos de derechos humanos y entre ellos los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, no vemos una fiscalía comprometida en entregar resultados eficaces contra esta andanada criminal contra los defensores de derechos humanos y las investigaciones se han quedado en unas cuantas personalidades como si los miembros de los organismos de derechos humanos realmente fueran criminales. Esto nos hace dudar que este nuevo proceso que se inicia contra el mundo de los defensores, defensoras abogados, de las victimas haga parte de ese mundo de descredito contra el buen nombre de nuestras instituciones.

Rastreando entre nuestros documentos queremos citar del escrito del Padre Javier Giraldo (Algunos rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país) presentado en Medellín en la Universidad de Antioquia el día 13 de mayo del 2011. El genio de Rousseau, rebelde y alternativo, tuvo el merito de señalarnos las debilidades e insuficiencias de las ciencias; de las teorías; de los ejercicios cognitivos de la razón. Para él, las ciencias todas se originaron en los vicios humanos, mientras que las virtudes tomaron como base el sentimiento de conmiseración o solidaridad de especie, que fue capaz de construir o diseñar sistemas sociales más atractivos y justos. Según Rousseau, un filósofo o un científico puede ver descuartizar a un ser humano bajo su ventana, y le basta frotarse los ojos mientras concibe un argumento legitimador de su inacción para seguir durmiendo con tranquilidad; en cambio el hombre virtuoso se entregaría de inmediato, y seguro de manera emotiva e imprudente, a la acción solidaria, arrastrado por sentimientos impulsivos muy similares a los animales, que demuestran mas solidaridad que los humanos.

4. Nuestro principio de la solidaridad es la que mueve nuestra labor como defensores, y es ella la que abre nuestras oficinas a la atención a innumerables victimas, las cuales llegan con sus dolores y con el deseo de ser escuchadas. Después de haber llegado de los órganos de control del Estado sin ninguna respuesta a sus quejas. Nuestra fe hace que esa atención tenga acogida y una respuesta rápida y oportuna. Nuestra labor es humana y no busca la utilización de las victimas como lo pudiera plantear la frase de Maquiavelo el fin justifica los medios, los defensores no somos corruptos y no utilizamos a las víctimas para volvernos ricos.
5. Nuestra labor como defensoras y defensores está reconocida por el Sistema Universal de Derechos humanos y por el Sistema Americano. Nuestra labor es legal y no ilegal como pretenden menoscabar nuestro derecho funcionarios del Estado y los medios de Comunicación.
6. Trabajamos en el marco constitucional, promoviendo la educación, la defensa, la asesoría a las víctimas, el respeto a los derechos humanos.
7. Luchamos por la paz y los derechos humanos y sin lugar a dudas exigiendo la verdad, la justicia y el castigo frente a innumerables crímenes de lesa humanidad, pues creemos que un Estado que se fundamente en la guerra y en la muerte a los que piensan diferente a los modelos vigentes inconsultos de desarrollo.
8. Hoy le exigimos a la fiscalía y a los órganos de control del Estado Colombiano, respuestas claras frente los más de 2000 indígenas asesinados y cuya información es conocida por la Fiscalía. El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Christian Salazar, durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Según el funcionario de la ONU, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas". Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que éstas fueron supuestamente "cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos". Entre estas víctimas, añadió, "hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años". Para Salazar, la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más graves", y Colombia, subrayó, "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos". Según el representante de la ONU, "décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias" y agregó que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de cuatro personas, "se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada". Dónde están quedando las investigaciones de más 2.828 cadáveres que han sido encontrados en 2.316 fosas comunes en el marco de Justicia y Paz.
9. Las diversas organizaciones de derechos humanos y de victimas que hacen parte del MOVICE han podido recopilar la ocurrencia de 314 actos de re victimización contra los miembros de la organización hasta el 6 de agosto del 2011. De estas 314 agresiones, 85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos.

Exigimos al Estado

1. Que a las personas u organizaciones de dd.hh, incriminadas en expedientes de inteligencia militar se les garantice el ejercicio efectivo de su derecho constitucional a obtener la rectificación, aclaración o nulidad de las informaciones.

2. A garantizar el debido proceso. Además de la igualdad ante la ley, el derecho sin discriminación a igual protección de la ley y el derecho a la presunción de inocencia hasta tanto se establezca la culpabilidad.

3. Al Estado y al Gobierno incumbe la responsabilidad de ciertas actuaciones u omisiones de algunas instituciones, medios de comunicación y autoridades que han podido contribuir al desarrollo de un ambiente de desconfianza, estigmatización y rechazo de las actividades de los defensores y sus organizaciones; principalmente como resultado de la publicación de opiniones adversas, de señalamientos y acusaciones infundadas en contra de organizaciones y personas de las organizaciones de derechos humanos.

Por último a los organismos internacionales de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ser veedores de las actuaciones judiciales que se prevén en lo anunciado por la Fiscalía General de la Nación frente al caso Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Bogotá 28 de octubre de 2011

LUCHA SILENCIOSA POR EL DERECHO A LA SALUD

DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
UNA LUCHA SILENCIOSA POR EL DERECHO A LA SALUD

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos multiétnicos y pluriculturales, el Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH Bogotá, y el Observatorio de Derechos Humanos de Usme (OLDHU), se suman a las luchas que adelanta hombres y mujeres trabajadores de la salud del Programa de Enfermedades transmitidas por vectores ETV, del Departamento del Caquetá.

En Florencia Caquetá, las y los obreros afiliados a ANTHOC, libran una lucha silenciosa por el derecho a la salud y al reestablecimiento de los derechos laborales y sindicales. El pasado viernes 26 de agosto de 2011, delegados de nuestras organizaciones pudieron constatar y tomar testimonios directos de las y los obreros que decidieron llevar a cabo una protesta pacifica por tiempo indefinido frente a las instalaciones de IDESAC.

Los obreros en estado de agotamiento y con señales de cansancio, permanecen amarrados a las cadenas, como signo de residencia, de lucha y de reclamo frente a las instalaciones donde hace pocos días eran sus sitios de trabajo. Rechazan las decisiones del Señor gobernador del Departamento del Caquetá, el secretario de salud Departamental y de la Asamblea Departamental; al tomar la decisión de liquidar la empresa INDESAC y llevarla con la misma razón social en la transformación de fondo a una empresa privada.

Las y los líderes sindicales de ANTHOC Caquetá, señalan:

1. Despido injustificado de la planta de trabajadores 45 en total, encargados del programa de salud de enfermedades transmitidas por vectores.
2. El Decreto de liquidación emitido el 23 de junio de 2011 por la Asamblea Departamental, en el cual advierten se expresa una siniestra forma de privatizar IDESAC y la Planta de trabajadores de ETV.
3. Advertimos la vulneración a todos los derechos fundamentales individuales colectivos y sindicales.
4. Se esta violando el derecho a la salud de toda la comunidad caqueteña. El Caquetá es un departamento endémico, por su posición geográfica, propenso a enfermedades como Dengue, Lehismania, Malaria, enfermedades de Chagas y demás patologías propias del trópico Ecuatorial; los constantes cambios climáticos favorecen la proliferación de los vectores y el incremento de los índices epidemiológicos sin que hasta ahora se vean soluciones para las poblaciones afectadas para los indígenas, campesinos y la población en general.
5. La empresa nos adeuda el incremento salarial, las cesantías del presente año, liquidación e indemnización.
6. Con el despido injustificado se pone en peligro nuestro derecho a la salud y el de nuestra familia, “literalmente las y los obreros y nuestras familias estamos aguantando hambre”.

Los sindicalistas en huelga exigen:

1. El cumplimiento al articulo 25 de la Constitución Política de Colombia “ El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la especial protección del Estado: Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”
2. Exigen el reintegro inmediato a nuestras labores en IDESAC y en el programa de salud ETV.
3. El respeto a nuestro fuero sindical y el derecho a la libre asociación.
4. Estabilidad laboral.
5. La cancelación inmediata a las prestaciones laborales adeudadas por la empresa.
6. El derecho al ingreso a los puestos laborales. Pues en estos momentos el personal de vigilancia tiene la orden del Secretario de Salud de prohibir la entrada de todos los empleados y trabajadores del programa ETV.
7. La garantía de los Derechos colectivos de las y los trabajadores aforados consagrados en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, las normas de la OIT y la Jurisprudencia Constitucional.

La Corporación Yurupari y los organismos de Derechos Humanos que suscribimos este comunicado hacemos un llamado a las organizaciones del sector de la salud, a las ONGs de Derechos Humanos nacionales e internacionales: a escribir cartas, documentos, comunicados y denuncias de solidaridad y apoyo a los sindicalistas que adelantan pacíficamente esta huelga; peticiones exigiendo explicaciones por parte del señor gobernador del Departamento del Caqueta Germán Medina Triviño; del Secretario de salud Luis Gonzalo Plata Serrano; del Ministerio de la Protección Social Mauricio Santamaría Salamanca.

Exigimos el cumplimiento y garantía de los Derechos Humnanos de las y los huelguistas, quienes hoy se encuentran en condiciones que atentan contra su salud e integridad física y su seguridad personal, dado que ya han sido objeto de amenazas y señalamientos sin que los organismos de control del Estado hayan adoptado medidas de protección.

Por todo lo anterior llamamos al respeto integral de los derechos de los trabajadores que pacíficamente adelantan esta jornada indefinida de protesta en Florencia Caquetá y reiteramos el llamado a la solidaridad y acompañamiento de todos los sectores del Movimiento Social que nos identificamos con la defensa de los Derechos Humanos.


COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE USME (OLDHU)

CORPORACIÓN YURUPARI
Jhon Jairo Gutiérrez
Director
Bogotá, 31 de agosto de 2011