¨Séptimo Día¨Canal Caracol, Tergiverso, Manipuló y Falseó, Información del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,

A pesar de que el Cajar presentó al programa Séptimo Día, toda la información disponible acerca de los pagos, éste señaló falsamente que los montos de las indemnizaciones a los familiares de las victimas superaron los $20.000.000.000 (20 mil millones de pesos), de los cuales el CAJAR se habría quedado con $6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos) El Cajar suministró a la periodista del programa Séptimo Día, la información en la que consta que la indemnización por la masacre de Caloto o Nilo no superó los $1.977.000.000 (mil novecientos setenta y siete millones de pesos M/Cte.) para el conjunto de los familiares de las víctimas demandantes, conforme las sentencias y resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Criminalización de movimientos sociales | Derecho a la honra | Indígenas | Defensores de derechos humanos | Cauca | Guajira |

Frente al Informe del programa Séptimo Día de Caracol Televisión, titulado “Desarmonización: La Flecha del conflicto”, emitido en sus dos primeras partes los días 26 de julio y 3 de agosto de 2015, expresamos a la Opinión Pública lo siguiente:

Este informe periodístico hace parte de una estrategia de difamación y persecución contra pueblos indígenas, los cuales han sido sometidos a un proceso de exterminio físico y cultural durante siglos, que los ha convertido en uno de los grupos más vulnerables y marginados del país, condición que exige un deber especial de protección para la salvaguarda, respeto y garantía de sus derechos fundamentales individuales y colectivos.

El capítulo en cuestión constituye un claro ejemplo de abuso del poder mediático. El enfoque del programa es racista, discriminatorio, estigmatizador, fomenta el odio e incita a la violencia y la exclusión en contra de los pueblos indígenas y en particular contra el pueblo Nasa, que ha sido señalado por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como uno de los 34 pueblos indígenas en Colombia en alto riesgo de extinción física y cultural. La tergiversación de la información presentada a la opinión pública profundiza los niveles de riesgo tal y como lo han expresado el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN (1) y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2).

En el mismo programa se hacen afirmaciones injuriosas y calumniosas sobre la actuación del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, en relación con el acompañamiento integral que ha realizado frente a los hechos conocidos como la “Masacre de Caloto o masacre del Nilo”, perpetrada el 16 de diciembre de 1991, en la que fueron asesinados 20 indígenas Nasa del resguardo de Huellas, por una alianza de terratenientes, narcotraficantes e integrantes de la Fuerza Pública.

El Cajar presentó a la investigadora enviada por el programa Séptimo Día toda la información en la que constaba el acompañamiento integral que la institución ha realizado durante más de 24 años para superar la impunidad por este crimen, lo que ha implicado la representación judicial en Jurisdicción Penal Militar, Justicia Penal Ordinaria, Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Procuraduría General de la Nación y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así como en actividades de formación, protección y fortalecimiento organizativo e incidencia, las cuales han sido adelantadas en apoyo y coordinación con CRIC y la ACIN.

Después de 24 años de perpetrados los hechos se logró demostrar la responsabilidad del Estado colombiano tanto en los procesos de la jurisdicción interna como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ante este organismo, se buscó una solución amistosa, acuerdos en los que el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la masacre. Fracasada la conciliación por incumplimiento de los acuerdos, la CIDH profirió el Informe 36/00 en el que se recogen los acuerdos alcanzados y se ordena al Estado colombiano la investigación de los responsables, así como la indemnización de las víctimas.

Como resultado de este trabajo, hoy están acusados ante la justicia el General de la Policía (r) Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, por los delitos de homicidio múltiple agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. 

El tendencioso programa omite esta información y se concentra en las indemnizaciones supuestamente recibidas por las víctimas, con cifras falsas e interpretación manipulada de las órdenes de tribunales nacionales e internacionales.

En relación con los procesos adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativa, el Estado Colombiano en cabeza del Ministerio de Defensa - Policía Nacional manifestó a la CIDH su voluntad de adelantar trámites conciliatorios para la indemnización de los familiares de las víctimas. Asimismo, producto de la incidencia, el Estado colombiano promulgó la Ley 288 de 1996, que establece instrumentos para la indemnización a víctimas de graves violaciones a derechos humanos en virtud de decisiones de órganos internacionales de protección.

En el marco de los procesos de conciliación tanto en la justicia ordinaria, como en el procedimiento de la ley 288/96, el Cajar representó a 139 familiares de las 20 víctimas asesinadas. Los jueces ordenaron indemnizaciones conforme a los criterios jurisprudenciales de la época y entre el año 2000 y 2004 el, Ministerio de Defensa - Policía Nacional ordenó mediante resoluciones el pago de dichas indemnizaciones, las cuales fueron canceladas a todos y cada uno de los familiares que representamos en estos mismos años.

Frente a 19 familiares demandantes la Policía Nacional no accedió a la conciliación, razón por la cual el proceso judicial siguió su trámite ordinario, y después de 22 años de presentadas las demandas, el Consejo de Estado en decisión de segunda instancia de26 de junio del 2014, ordenó a la Policía Nacional el pago de las respectivas indemnizaciones.

En esta misma decisión se condenó al General retirado Fabio Alejandro Castañeda Mateus y Mayor Jorge Enrique Durán Arguelles, a reintegrar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el 40% el valor de las condenas reconocidas a favor de los demandantes, así como medidas satisfacción consistentes en que el Ministro de Defensa debe poner en conocimiento del Presidente de la República el sentido de la sentencia y el Informe No. 036 del 13 de abril/2000 de la CIDH con el fin que el Consejo de Ministros analice y evalúe el grado de cumplimiento de los acuerdos de reparación colectiva celebrados entre las autoridades del pueblo Nasa del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional, los cuales incluyen la adquisición y adjudicación de tierras en favor del pueblo Nasa y la puesta en marcha de planes de desarrollo alternativo, decisión judicial que hasta la fecha no ha sido cumplida.

El Informe periodístico de Séptimo Día descontextualizó las declaraciones del Presidente y la Directora Ejecutiva del Cajar, impidiendo que la audiencia conociera las explicaciones suficientes y rigurosas que recibió la periodista sobre el proceso que ha llevado el Cajar durante 24 años en trabajo coordinado con el CRIC y la ACIN, velando siempre por los intereses de las víctimas y buscando la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de hechos como los ocurridos en el resguardo de Huellas municipio de Caloto.

A pesar de que el Cajar presentó al programa Séptimo Día, toda la información disponible acerca de los pagos, éste señaló falsamente que los montos de las indemnizaciones a los familiares de las victimas superaron los $20.000.000.000 (20 mil millones de pesos), de los cuales el CAJAR se habría quedado con $6.000.000.000 (Seis mil millones de pesos) El Cajar suministró a la periodista del programa Séptimo Día, la información en la que consta que la indemnización por la masacre de Caloto o Nilo no superó los $1.977.000.000 (mil novecientos setenta y siete millones de pesos M/Cte.) para el conjunto de los familiares de las víctimas demandantes, conforme las sentencias y resoluciones proferidas por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

A lo largo de 24 años, el Colectivo de Abogados recibió como aporte por sus servicios profesionales el 30% de las indemnizaciones recibidas, inferior porcentaje al estándar establecido por el Colegio Nacional de Abogados, entidad encargada por el Ministerio de Justicia de regular estas tarifas. Este porcentaje en gran medida se ha reinvertido en el acompañamiento jurídico del caso. Es de señalar que a ninguno de los familiares de las víctimas ni a las organizaciones indígenas se les ha solicitado cifra adicional por los gastos que ha demandado el litigio nacional e internacional, formación, incidencia y protección, en más de dos décadas de trabajo.

Es decir que el Cajar recibió un aporte aproximado de seiscientos millones de pesos ($600.000.000.), cifra que al dividirla en los 24 años que completa el litigio y acompañamiento integral y los 139 familiares representados, corresponden a un pago de alrededor de $16.000 pesos mensuales por cada persona representada en todos y cada uno de los procesos judiciales, los cuales hoy continuamos acompañando dado que actuamos en el juicio que se adelanta actualmente en la ciudad de Popayán en contra del General retirado Castañeda Mateus y el Mayor Durán Arguelles. Es necesario aclarar que esta cifra no fue sometida a un análisis sobre la variación de la inflación a lo largo de estos 24 años, y se calculó con base en el monto total de las resoluciones de distintos años ya citadas. Esta información debió dar lugar para que dicho programa reconociera que las acusaciones contra el Cajar no tenían fundamento alguno.

La cifra de $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos) que se citó en el programa Séptimo Día como total de la indemnización por este caso corresponde a un dato falso, tergiversado y mal intencionado con el objeto de afectar nuestro buen nombre y reputación, y hacer creer a la opinión pública que Cajar habría recibido altas sumas de dinero y los familiares de las víctimas no. Como fuente de dicha cifra, la periodista se basó en la resolución 00458 de 2001 que corrige la resolución 03853 del mismo año, emitida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por $19.807.786.285,80 (Diecinueve mil ochocientos siete millones, setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos con ochenta centavos) correspondientes al total de indemnizaciones que le correspondían a esta entidad por hechos victimizantes para la vigencia de ese año.

De la lectura de dicha resolución, se deduce claramente que para la vigencia 2001sólo había un monto destinado a algunos de los familiares de la masacre de Caloto por la suma de $471’614.893,72 (Cuatrocientos setenta y un millones, seiscientos catorce mil ochocientos noventa y tres pesos con setenta y dos centavos.)

Cabe resaltar también que todos los poderes otorgados por los familiares de las víctimas y presentados por el Cajar a lo largo de su trabajo de litigio en este caso fueron reconocidos por tribunales nacionales e internacionales. Cada uno de estos poderes, fueron dados a conocer a la periodista de Séptimo Día, quien también hizo caso omiso de esta prueba en la presentación de su informe.

Obedeciendo al principio de responsabilidad de los medios de comunicación frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos y atendiendo a la información tergiversada presentada por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión sobre la actuación del Cajar en el Caso Caloto, solicitamos se garantice el derecho de réplica y rectificación correspondientes, y manifestamos que iniciaremos las acciones judiciales correspondientes contra el Director del programa y las periodistas responsables de esta investigación.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” exige responsabilidad a los medios de comunicación y en particular a Caracol Televisión y su programa Séptimo Día, frente a la manera de abordar informativamente situaciones que se presentan al interior de las comunidades indígenas, pero que en manera alguna pueden generalizarse, descontextualizarse y manipularse con información falsa para deslegitimar sus procesos organizativos para la exigibilidad de derechos.

Llamamos la atención igualmente, sobre la campaña de difamación y desprestigio en contra de defensores que agrava la situación de riesgo tanto de los pueblos indígenas, sus organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos. Hacemos responsables a Caracol Televisión por los hechos de agresión que se han venido presentado después de emitidos estos programas.

TV Canal Caracol ¨Desinformación Contra Pueblos Indígenas¨ en Colombia

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional

                                                                                                                                                  

DESINFORMACIÓN: ESTRATEGIA NEOCOLONIAL Y XENOFÓBICA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

Bogotá, 3 de Agosto de 2015

La Consejería Mayor de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, luego de haber visto y analizar las emisiones del programa Séptimo Día, transmitidos los días 26 de julio y 2 de agosto pasado,  denominado “Desarmonización; la flecha del conflicto”, se permite comunicar a la opinión pública nacional e internacional que:

Rechazamos de manera categórica y enfática las afirmaciones realizadas por el programa Séptimo Día en el sentido de señalar y estigmatizar a los Pueblos Indígenas, sus autoridades y dirigentes como corruptos, violadores, injustos, anormales, desequilibrados, guerrilleros, entre otros, considerados como degradantes y discriminatorios.

Las afirmaciones realizadas en las dos emisiones de dicho programa no corresponden a la realidad de los Pueblos Indígenas en Colombia, y en gran medida han sido editadas a favor de un libreto, cuyo propósito es desconocer los grandes aportes de los Pueblos Indígenas a la convivencia, así como nuestro condición de principales víctimas del conflicto armado y de las iniciativas económicas conexas al mismo.  

No resulta ser una coincidencia que el programa Séptimo Día tenga como fuente, en su gran  mayoría, a personas que pertenecen a la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) creada por militares y paramilitares en el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y a Senadores del partido político Centro Democrático, razón por la cual nos resulta fundamental saber cuál es el interés de este movimiento político en generar una campaña de desprestigio del movimiento indígena colombiano. Si algo tiene que decirnos, deben hacerlo de frente. En ese sentido, somos de la idea de generar un debate público para que expliquen al país cuáles son los intereses que los motivan y exponer nosotros nuestros argumentos de frente y sin dilaciones. Los Pueblos Indígenas somos gente de palabra, que no le huimos al debate y no tenemos la necesidad de recurrir a artimañas ni campañas mediáticas para defender nuestros Derechos.

En atención a la responsabilidad social que les asiste, es imprescindible que el Programa ´Séptimo Día´ y el Canal Caracol le hablen con la verdad a Colombia, y planteen claramente los intereses en deslegitimar nuestro proceso organizativo, mediante el uso de la casuística e información carente de datos y sustento real, y sobre todo, cuál es el vínculo que tienen con un movimiento político en particular, más cuando nos acercamos a un debate electoral que define el control de las instancias regionales de poder.

Insinuar que ser indígena y ser guerrillero es lo mismo en algunas regiones del país, no sólo es una irresponsabilidad y un insulto a la memoria histórica de nuestros Pueblos Indígenas milenarios, sino que además es una afirmación temeraria que pone en grave riesgo la vida, la integridad física y moral de la dirigencia indígena colombiana.  La sociedad no puede olvidar que recientemente en el norte del Cauca, la Guardia Indígena capturó a los guerrilleros acusados del homicidio de dos guardias indígenas y luego la justicia especial indígena los condenó a penas de entre 40 y 60 años de cárcel.   

En esa misma región del país, la Guardia Indígena rescató a una niña secuestrada por la guerrilla y la entregó a sus familiares, desmanteló laboratorios de cocaína, entre múltiples acciones más de control territorial y ejercicio de la autonomía.

Es oportuno recordar que los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país hemos sido víctimas de los actores armados: la guerrilla y los paramilitares han asesinado a muchos de nuestros dirigentes y comuneros, así mismo, la fuerza pública también ha colocado su cuota de asesinatos, persecución y vulneración de Derechos en contra de nuestra población.

Mientras las Naciones Unidas promulgó en 2007 que “todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas” , el programa Séptimo Día se ha fundado en un sesgo ideológico, xenofóbico y con un claro interés de político, haciendo uso de la libertad de expresión e información de manera irresponsable, poniendo en riesgo la vida, la integridad y mancillando el buen nombre de los Pueblos Indígenas. No en vano la Corte Constitucional afirmó en el Auto 004 de 2009 que muchos Pueblos nos encontramos en grave riesgo de exterminio físico y cultural, a consecuencia del conflicto armado, el abandono estatal y las políticas económicas conexas.

A los Pueblos Indígenas nos ha caracterizado la rectitud y la defensa de la vida, no solo de nuestras gentes sino de la madre tierra y de los colombianos (as) en general. No han podido diezmar nuestra moral y firmeza con el uso de la violencia, el señalamiento y la persecución, y ahora disponen el monopolio de los medios empresariales de comunicación para difamar y justificar el exterminio, la discriminación y racismo en nuestra contra.

Por tanto, responsabilizamos a las personas del programa Séptimo Día, a las directivas de Canal Caracol Televisión por cualquier acto de violencia o vulneración de Derechos en contra de miembros de comunidades y dirigentes indígenas, pues las afirmaciones hechas en las dos emisiones, de tres programadas, están dirigidas a crear un ambiente hostil y acrecentar la xenofobia en contra de nuestros Pueblos. 

Como en toda sociedad, en nuestros Pueblos Indígenas existen fallas y errores que deben corregirse, seguramente se requieren apoyos para mejorar situaciones críticas que se presentan en nuestras comunidades. Rechazamos todo acto de violencia y agresiones sexuales contra nuestras niñas, jóvenes y mujeres, cometidos por comuneros indígenas y por actores armados legales e ilegales. Estos hechos son y deben ser investigados y juzgados en las instancias correspondientes.

De otro lado, los recursos públicos que son asignados a los Resguardos indígenas corresponden al 0,52% del total del Sistema General de Participaciones y durante más de 24 años han sido administrados por las Alcaldías. Si existen hechos de corrupción, los cuales hemos denunciado oportunamente, es en dichas instancias donde se deben consultar. Ojalá hubiera los resultados que esperamos en dichas investigaciones de corrupción con los recursos que nos corresponde. Nosotros también somos colombianos y aportamos a la recolección de los mismos. 

Lejos de considerar que los asuntos de los Pueblos Indígenas sean un tabú para la sociedad, debemos preguntarnos cuál es el interés de gran parte de los medios masivos de comunicación en generar una campaña en contra de los Derechos legítimos de nuestras comunidades. Los derechos, recursos y responsabilidades que tenemos los Pueblos Indígenas no son una concesión de ningún gobierno ni el resultado de la filantropía de grupo económico alguno, son producto de nuestra resistencia y lucha organizada por conquistarlos.

Los Pueblos Indígenas ´no somos el folclor de la democracia´, ni artículos de museo. Somos actores políticos que contribuimos a la concreción de una sociedad incluyente para todos los colombianos y colombianas. No atentamos contra los derechos de nadie, mucho menos de las clases menos favorecidas, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde.

Resulta fundamental que la sociedad  colombiana, los sectores populares, los partidos políticos y el pueblo en general analice el papel de los medios masivos de comunicación en la construcción del Estado Social de Derecho y su rol en la construcción de una paz con justicia social, en justa proporción, respeto y garantía de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección, la democratización de estos medios comunicación y su aporte para la consecución de país justo, tolerante y equitativo.

Desde ya anunciamos que la ONIC iniciará las acciones legales, políticas, de incidencia nacional e internacional y, fijaremos la Minga Indígena Social y Popular con toda la fuerza de la movilización social, en defensa del buen nombre, la dignidad, la riqueza ética, moral y organizativa del movimiento indígena colombiano. No descansaremos en ese propósito y ni siquiera el establecimiento y las élites económicas con sus serviles medios de comunicación, podrán contener la fuerza y la unidad de todo un pueblo que hoy adolorido y atacado vilmente, seguirá resistiendo y enarbolando las banderas de la Autonomía, el Territorio, la Unidad y la Cultura.

Finalmente, convocamos a todos los medios de comunicación de carácter nacional e internacional, a los medios alternativos e independientes, a los medios propios, a una rueda de prensa el próximo Lunes 10 de agosto, a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la ONIC (Calle 12 B No. 4 – 38) en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de Agosto) a fin que conozcan e informen la verdadera realidad, en aportes y amenazas, de nuestros Pueblos Indígenas en Colombia.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC - CONSEJERÍA MAYOR DE GOBIERNO

De dos males

Ahora todos piensan que el mal menor es Santos, porque Colombia tiene una infinita capacidad de equivocarse.

Por: William Ospina. 31 Mayo 2014 http://www.elespectador.com/opinion/de-dos-males-columna-495794

Pero he llegado a la conclusión, que nadie tiene por qué compartir, de que en estos momentos el mal menor de Colombia se llama Oscar Iván Zuluaga. De que es un mal, no tengo dudas. Es el representante de Uribe, quien tuvo en sus manos ocho años la posibilidad de cambiar a Colombia, de modernizarla, de construir la paz, y no lo hizo. Más aún, siempre he estado en contra de su discurso de guerra total; siento que Colombia vivió de crispación en crispación bajo su mandato; repruebo que por matar a un colombiano haya bombardeado el suelo hermano del Ecuador y no comparto su rechazo a los procesos democráticos de la nueva izquierda latinoamericana, ya que, como se sabe, soy partidario de Chávez, de Correa, de Evo Morales, de Rousseff, de Pepe Mujica y de Cristina Kirchner. Sin embargo, considero a Zuluaga el menor de los dos males. ¿Por qué? Yo lo resumiría diciendo que el uribismo es responsable de muchas cosas malas que le han pasado a Colombia en los últimos 20 años, pero el santismo es responsable de todas las cosas malas que han pasado en Colombia en los últimos cien años. Y si me dicen que Santos no tiene cien años, yo le respondería que tiene más. No es algo personal: Santos es un hombre inteligente, sagaz y hasta elegante. Pero la mirada que arroja sobre el mundo, la manera de su gobierno, es la de la vieja élite bogotana que se siente designada por Dios para manejar este país con una mezcla de desdén y de indiferencia que aterra. Son expertos en hacerlo todo y no ser nunca responsables de nada. Lo que hoy es Colombia, con sus desigualdades, su miseria, su inautenticidad, sus violencias, sus guerrillas, sus delincuentes, sus narcotraficantes, su atraso, su premodernidad, su docilidad ante la manipulación, se les debe por entero. Y no es que ellos quieran hacerlo, es que no pueden cambiarlo: son una cosmovisión, son un destino, son la última casta del continente. Tuvieron el talento asombroso de mantenerse en el poder más de cien años, y si lo permitimos, tendrán la capacidad de condenarnos todavía a otros cien años de soledad. Por eso siento que no hay nada más urgente que decirle adiós a esa dirigencia elegante, desdeñosa y nefasta; porque mientras ellos gobiernen, nada en Colombia cambiará. Tan excelentes son en su estilo, que ahora han logrado que una parte importante y sensible de Colombia olvide la historia y cierre filas alrededor de ellos, viéndolos como la encarnación de las virtudes republicanas, del orden democrático y de la legalidad. Hace mucho manejan el talento de apadrinar o tolerar el caos, y beneficiarse de él, y cada cierto tiempo encuentran un monstruo al cual culpar de todo: fue Rojas Pinilla, fue Sangrenegra, fue Camilo Torres, fue Fabio Vásquez, fue Pablo Escobar, fueron los Rodríguez, fue Carlos Castaño, fue Manuel Marulanda. Es asombroso pensarlo, pero estos señores engendraron a todos los monstruos, y después con gran elegancia se deshicieron de ellos. Uribe, con su inteligencia, su astucia y su tremenda energía de animal político, se inventó un poder nuevo que benefició muy poco al pueblo, pero que benefició enormemente al viejo establecimiento colombiano que hacía agua por todas partes. Sin ignorar quién era, Santos se alió con Uribe, guerreó a su lado, gobernó con él, pecó con él, se hizo elegir gracias a la política y el talento del otro, y ahora descarga en él todo el desprestigio de esa acción conjunta, para quedarse con el género y sin el pecado. Yo he abogado 20 años por la paz negociada, pero, con el perdón de las Farc, nada me parece más inverosímil que la paz de Santos. La paz, para que sea verdadera, tiene que ser otra cosa, y ya muchos han advertido que si la paz sólo puede hacerse con el enemigo, una paz sin Uribe es como una mesa de dos patas. La verdad es que temo que Santos, por reelegirse, firme todo pero no cumpla nada. Una paz con Zuluaga tal vez sea más difícil, pero hay más probabilidades de que se cumpla. Uribe y Zuluaga representan ya a otro sector de la sociedad. Sé que no representan a los pobres ni a los excluidos, sé que cada vez necesitamos con más urgencia la Franja Amarilla, pero ya no representan a esa vieja élite clasista, racista, que gobernó al país por muchas décadas y nunca supo qué país era este. Por la ilusión de la paz, Colombia podría firmarle otra vez un cheque en blanco a la vieja aristocracia. Y hoy somos testigos de la última paradoja de Colombia: que el postrer salvavidas para una élite que naufraga se lo arrojen la izquierda y las guerrillas. Zuluaga y Uribe también son neoliberales, también son partidarios de la economía extractiva, también son autoritarios, también son el adversario, pero algo saben del país y no venden imagen. No fingen ser de izquierda para darle después la espalda a todo; no fingen ser tus amigos cuando les conviene. Con ellos no es posible llamarse a engaños: si hablan de guerra, hacen la guerra; si odian a la oposición, no fingen amarla. Parece una diferencia de matiz, pero es mucho más. Ante un adversario, más vale saber con qué se cuenta. Sé que si gana Zuluaga estaré en la oposición todo el tiempo. Pero con la vieja dirigencia puesta a un lado, tal vez sea más posible ver luz al final de este túnel, de este largo siglo de centralismo, de desprecio por Colombia y de arrogancia virreinal.

Un llamado al diálogo y la paz en Venezuela

La Corporación Yurupari,  siempre ha denunciado las violaciones de derechos humanos, acometidas por la estructura de los Estados, que tienen el deber y la obligación de, garantizar y respetar.

Respetando el uso de la soberanía de los pueblos y sus gobiernos, creemos que los conflictos tanto internos, como internacionales del orden social, económico  o de tipo militar, deberían siempre de resolverse por la vía del dialogo y la concertación entre las partes. En este sentido colgamos en nuestra página la siguiente carta: El presidente Nicolás Maduro.

Ha escrito un artículo para el diario estadounidense New York Times, con el título Un llamado a la paz desde Venezuela, que se puede leer en inglés aquí en la web, y que se aparecerá  mañana en la edición impresa. La versión original en español la publicamos seguidamente:

Un llamado a la paz desde Venezuela

Por Nicolás Maduro

Las recientes protestas en Venezuela han llamado la atención de la comunidad internacional. Gran parte de la cobertura en los medios de comunicación internacionales ha distorsionado la realidad de mi país y los hechos de actualidad.

Los venezolanos nos sentimos orgullosos de nuestra democracia. Hemos construido un movimiento democrático y participativo desde la base que ha asegurado que tanto el poder y los recursos sean distribuidos de manera equitativa a nuestro pueblo.

Según las Naciones Unidas y el Banco Mundial, Venezuela ha reducido consistentemente la desigualdad, transformándose de ser uno de los países más desiguales de América Latina en 1998 a convertirse en el país menos desigual de América Latina de hoy. Hemos reducido la pobreza enormemente – del 29 por ciento en 1998 al 19,6 por ciento en 2013. La pobreza extrema disminuyó en el mismo período, pasando de 21,5% a 6,5%.

También hemos creado emblemáticos programas sociales de salud y educación, gratuitos y accesibles a todos los habitantes de nuestro país. Hemos logrado estas extraordinarias hazañas sociales en gran parte a través de la redistribución y el uso de los ingresos procedentes del petróleo venezolano.

Mientras que nuestras políticas sociales han mejorado la vida de los ciudadanos sobre todo, el gobierno también ha enfrentado serios problemas económicos en los últimos 16 meses, incluyendo la inflación y la escasez de algunos productos básicos. Continuamos consiguiendo soluciones a través de un número de medidas, incluyendo un nuevo sistema de cambio de divisas que ya ha reducido la inflación durante las últimas semanas y también a través del monitoreo de empresas para asegurar que no están especulando o acaparando productos.

Adicionalmente, Venezuela ha sufrido con una alta tasa de crimen que estamos combatiendo directamente a través de la creación de un nuevo cuerpo de policía nacional, fortaleciendo la cooperación entre las comunidades y la policía y la reforma de nuestro sistema penitenciario.

Desde 1998, el movimiento fundado por Hugo Chávez ha ganado 18 elecciones presidenciales, parlamentarias y locales a través de un proceso electoral que el ex presidente estadounidense Jimmy Carter ha llamado “el mejor del mundo.” Más recientemente, nuestro partido, el Partido Socialista de Venezuela, logró una mayoría aplastante en las elecciones para alcaldes en diciembre de 2013, ganando en 255 de 335 municipios.

La participación popular en la política en Venezuela se ha incrementado dramáticamente en la última década. Como un ex sindicalista, creo profundamente en el derecho de asociación y el deber cívico de manifestar preocupaciones legítimas a través de la protesta pacífica con el fin de garantizar que la justicia prevalezca.

Estos hechos desmienten afirmaciones hechas por algunos políticos en los EE.UU., y por gran parte de los medios de comunicación, alegando que Venezuela tiene un déficit de democracia y que las protestas actuales representan el sentir de la mayoría. Por el contrario, la mayor parte de las protestas contra el gobierno se están llevando a cabo por los sectores más ricos de la sociedad que se oponen y tratan de revertir los logros del proceso revolucionario que han beneficiado a la inmensa mayoría del pueblo venezolano.

Manifestantes anti-gubernamentales han atacado físicamente y han hecho daño a clínicas públicas de salud, quemaron una universidad pública en el estado Táchira y han lanzado bombas molotov y piedras a autobuses del transporte público con pasajeros a bordo. También han atacado a las instituciones públicas, tirando piedras y antorchas a las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, la empresa pública de telefonía CANTV y la oficina de la Fiscalía General. Estas acciones violentas han causado miles de millones de dólares en daños. Es por esto que las protestas han recibido ningún apoyo en los barrios pobres y de la clase obrera.

Los manifestantes tienen un solo objetivo: el derrocamiento inconstitucional del gobierno elegido democráticamente. Los líderes antigubernamentales lo dejaron claro cuando lanzaron la campaña en enero, comprometiéndose a “crear caos en las calles.” Las personas que tienen preocupaciones y críticas legítimas sobre la economía o la inseguridad que merecen ser discutidas, por desgracia están siendo socavados por líderes de la oposición con una agenda antidemocrática y violenta.

Después de dos meses, 36 personas han sido asesinadas. Los manifestantes son directamente responsables por más de la mitad de las víctimas mortales. Seis miembros de la Guardia Nacional han sido asesinados; otros ciudadanos han sido asesinados al intentar eliminar los obstáculos colocados por los manifestantes para bloquear el tránsito.

Una pequeña minoría de funcionarios de las fuerzas de seguridad también han participado en actos violentos, y varias personas han muerto como resultado. Estos son eventos ilegales y lamentables, y el gobierno venezolano ha respondido arrestándolos.

Hemos creado un Consejo de Derechos Humanos para investigar todos los incidentes relacionados con estas protestas. Cada víctima merece justicia, y cada autor – ya sea un defensor o un opositor al gobierno – tendrán que rendir cuentas por sus acciones.

En los EE.UU., estos eventos han sido representados de una manera diferente, y los manifestantes están ampliamente descritos como “pacíficos”, mientras dicen que el gobierno es violento y represivo. Esta narración presenta al gobierno de los EE.UU. en el lado del pueblo de Venezuela, cuando en realidad el gobierno de EE.UU. está en el lado del 1 % que quiere arrastrar a nuestro país de nuevo a una época en que el 99 % era excluida de la vida política y sólo la élite, incluyendo las empresas de EE.UU., se beneficiaba del petróleo de Venezuela.

No olvidemos que algunos de los que apoyaron el derrocamiento ilegal del gobierno democráticamente electo de Venezuela en el año 2002 están liderando las protestas de hoy. Los involucrados en el golpe de 2002 inmediatamente disolvieron el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y desecharon la Constitución. Hoy, aquellos que incitan a la violencia o intentan ejecutar acciones inconstitucionales parecidas deben ser sometidos al sistema judicial.

El gobierno estadounidense apoyó el golpe de 2002 y de inmediato reconoció el gobierno golpista a pesar de su comportamiento antidemocrático. Hoy en día, el gobierno de Obama gasta más de $5 millones anuales para apoyar los movimientos de oposición en Venezuela. Un proyecto de ley para un adicional de $15 millones para estas organizaciones anti-gobierno se encuentra ahora en el Congreso.

Actualmente, el Congreso de EE.UU. está decidiendo si impondrán sanciones para castigar a Venezuela; sanciones que al final afectarían a los sectores más pobres de nuestra nación. Espero que el pueblo estadounidense, conociendo la verdad, exprese que Venezuela y su pueblo no merecen tal castigo, y llamen a sus líderes políticos para que abstengan de tales sanciones.

Ahora es un momento para el diálogo y la diplomacia. En Venezuela, hemos extendido la mano a la oposición. También hemos aceptado las recomendaciones de la Unión de Naciones de América del Sur para que participen como testigos del diálogo con la oposición.

También hemos hecho un llamado público al presidente Barack Obama, expresando nuestro deseo de intercambiar embajadores de nuevo. Esperemos que su administración, al igual que los elementos menos radicales de la oposición interna en Venezuela, responda de manera recíproca.

Venezuela necesita paz. Venezuela necesita el diálogo, y Venezuela tiene que seguir adelante. Damos la bienvenida a cualquier persona que sinceramente quiera ayudar a alcanzar estos objetivos.

La Corporación Yurupari informa a la opinión pública nacional e internacional, que durante dos días, trascurrieron las discusiones dentro de la cumbre Agraria, campesina, étnica y popular  dejando como resultado la siguiente manifestación

DECLARACIÓN POLÍTICA

CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR

“Sembrabdo dignidad, labrando esperanza y cosechando país”

BOGOTÁ, MARZO 16 DE 2014.

Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbra Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.

La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.

La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.

Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.

En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.

La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.

El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.

El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.

Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.

Las garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas  construidas por las comunidades de manera autónoma.

Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.

 El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo en el sector rural.

El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.

La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la sociedad.

La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo,  con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia. 

La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas. 

Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo.  A partir de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de bloque popular. 

Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.

Comunicado Público a la Comunidad Internacional

La Minga Social, Indígena y Popular, Por la Vida, Territorio, La Autonomía y La Soberanía son actualmente  reprimidas y amenazadas por grupo paramilitar los Rastrojos.

Bogotá 18 de Octubre.

 

La Corporación Yurupari organización No Gubernamental de Derechos Humanos con presencia en Colombia, hace un llamado al Estado Colombiano, a las Fuerzas Militares, al Señor presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, suspender la grave situación de vulneración de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se vienen presentando en el marco de la Minga Social, Indígena y Popular, Por la Vida, Territorio, La Autonomía y La Soberanía.

 

Los pueblos indígenas que se movilizan desde el pasado 12 de octubre, desde sus resguardos, en diversos puntos de la geografía nacional, las  concentraciones de la Minga Indígena y popular se encuentran ubicadas en los Municipios de:  Irra, Buenaventura, la Virginia, Santander de Quilichao, Caldono, Piendamó, Puracé, Caloto, Ricaurte, Saldaña, Hobo,  Apartadó, Carmen de Atrato,  Yopal, Saravena, Puerto Gaitán,  Saldaño, Chinú, Valledupar, Riohacha, Albania, Leticia 

Reclaman:

Una política agraria que tenga en cuenta a los más humildes habitantes de la ruralidad colombiana, afros, campesinos e indígenas.

El respeto por los derechos de los pueblos indígenas el derecho a la vida y la autonomía territorial,  

Luchan contra los tratados de libre comercio que traerán consigo la pobreza en el campo  y la entrega de grandes extensiones de tierra para grandes multinacionales.

Por el cumplimiento de los acuerdos logrados en las mesas de concertación incumplidos por los diversos estamentos del Estado.

Marchan contra la política minero energética impulsada por el gobierno en sus grandes locomotoras de desarrollo. La explotación indiscriminada en petróleo, oro, coltán, carbón y todo tipo de minerales que están desangrando la madre tierra, contaminando los ríos, tumbando montañas, deforestando bosques, desplazando comunidades campesinas, indígenas, negras, llenado los campos y ciudades de pobreza y miseria; este actuar irracional a la larga y a todos afectaría los derechos constitucionales de cada uno de los colombianos a la alimentación, y el derecho al agua.

El Derecho a la protesta social y a la libre expresión  vienen siendo reprimidas según las denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia de la siguiente manera: el día 18 de octubre reportan 34 personas heridas, algunas con heridas de bala, golpeadas, gaseadas. 

En varias regiones del país, la Fuerza Pública (Ejército y Policía) arremete a sangre    y fuego contra toda la población movilizada, sin respetar infancia, mujeres y ancianos.

Es el caso de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. En este último, donde la movilización es convocada    por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y sus 9 Asociaciones, hay un saldo inicial de 15 heridos, tres menores         de edad alcanzados por balas de la Fuerza Pública.

(18 de octubre), desde el amanecer, el ESMAD y el Ejército se metieron en la concentración de      los indígenas ubicada en la vereda La Agustina (Santander de Quilichao), quemando y destruyendo los cambuches donde
duermen, las cocinas donde preparan los alimentos y toda la infraestructura logística de la población movilizada, sin importar que los niños y mujeres aún se encontraban durmiendo, haciendo uso excesivo de la fuerza y violencia.

A todos estos hechos se agrega las amenazas proferidas por el grupo paramilitar los Rastrojos, en panfleto emitido por este “declarar “objetivo militar” a los líderes indígenas “Luis Fernando Arias y demás directivos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, a  las Autoridades indígena de CRIC, Aida Quilcue, Feliciano Valencia, a los asesores Gilberto Yajue, Luis Acosta, Enry Caballero, Jorge Vicente  Otero, ACIN, Medios de Comunicación del Suroccidente e indígenas populares”. Tomado del Comunicado público No 17 zona Norte del Cauca octubre 15 de 2013.

La Corporación Yurupari Hace un llamado:

Petición al Gobierno Nacional: atender con Urgencia la Salvaguarda de los derechos humanos  de los pueblos indígenas y campesinos del país, si mayor dilación.

Solicitamos al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro Aurelio Irragorri, cumplir los acuerdos de las mesas de concertación y reanudar los diálogos dando cumplimiento a los acuerdos firmados.

 

A los entes de control del estado encargados de vigilar por el respeto de los derechos humanos cumplir con sus funcionarios y empezar aplicar las es disciplinarias con los funcionarios públicos que ocasionan daño a la libertad de expresión

A la fiscalía General de la Nación investigar y sancionar las amenazas proferidas por este grupo paramilitar los Rastrojos. 

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y al cuerpo diplomático internacional  para que actúen prontamente para evitar más violaciones a los derechos humanos y  salvaguardar  a la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia.

Por ultimo

La Corporación Yurupari manifiesta la solidaridad con las protestas sociales  indígenas, campesinas y hace un llamado al estamento militar  de evitar las confrontaciones con la población  marchante, que desproporcionadamente utilizan la fuerza dejando violaciones imborrables en los derechos humanos.

 

Defendamos el Derecho a la Salud

La Corporación Yurupari, Organismo no gubernamental de derechos humanos, se suma a la defensa del Derecho a la Salud Pública, para todos y todas, no mas impunidad para los crímenes cometidos amparados en la supuesta crisis de la salud. ¨la salud no es una mercancía¨  Rechazamos categóricamente que el  Congreso de la República entregue un cheque en blanco a las Gestoras EPS para que sigan lucrándose mas y mas  a costilla de población que cotiza fielmente mes a mes y mueren esperando su derecho a la salud.  

 

Reenviamos comunicado de SINDESS – donde INVITA

A PREPARAR, POR PARTE DE LOS SINDICATOS – USUARIOS Y EN GENERAL A TODA LA CIUDADANÍA A LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SALUD, SIN RESTRICCIONES DE NINGUNA CLASE Y SIN NEGOCIO

 

EL 19 DE JULIO -2013 EN BOGOTÁ Y TODAS LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTOS

 

COMUNICADO DE SINDESS- SOBRE LA SALUD

SINDESS Y otras organizaciones sindicales en particular del sector salud pertenecientes a las centrales sindicales, CUT, CGT y CTC, teniendo en cuenta, que se aprobó tanto en senado y cámara la ley Estatutaria de la salud. así como su conciliación , de la misma manera como sucedió con la reforma a la Justicia, a altas horas de la noche, sin llenar los requisitos de ley y de espaldas a la opinión pública, manteniendo por parte del gobierno y la mayoría del congreso con asiento en la Unidad Nacional , el actual estado del sistema de salud, sin resolver los problemas fundamentales develados por los usuarios y por las organizaciones de los trabajadores, sin tener cuenta las audiencias públicas, ni los proyectos sociales de lo que se ha denominado ANSA, y lo mismo puede decirse de lo tramitado hasta hoy lo del proyecto de ley Ordinaria, por todo esto :

 

Manifestamos ante la opinión pública

1. En la ley Estatutaria y lo que va de la Ordinaria aprobado por el gobierno nacional junto CON EL CONGRESO MAYORITARIO DE LA UNIDAD NACIONAL ( Con la oposición férrea de los congresistas del POLO-PROGRESISTAS, EL MOVIMIENTO MIRA y algunos del Partido Verde), no se termina con la intermediación financiera, con ánimo de lucro, que rige actualmente el Sistema a través de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS. Por el contrario simplemente les cambia de Nombre por GESTORAS, con amplia Autonomía de apropiarse de las redes, con total manejo e impunidad en el sistema, creando más barreras de acceso en Autorizaciones y apropiación de los Recursos de la Salud mediante sumas fijas recibidas por el Estado dependiendo de las afiliaciones que tenga, posibilitando generar excedentes que se convierten en recursos de capital, los cuales pueden utilizar a su antojo con el único propósito de generar más ganancias de lo que hoy tienen las EPS.

2. No se cumple con el principio de la salud como un derecho humano fundamental. Por el contrario, se mantiene la prestación de los servicios de la salud como un negocio, al servicio del capital privado, no reconociendo la responsabilidad del Estado y de las EPS en la crisis actual del sistema, sin que se detalle en ninguna parte de los Articulados de La ley Estatutaria, ni en el proyecto de ley Ordinaria que se debe pagar la Deuda Actual que tienen con el sistema, dejándolas como Gestoras en cero kilómetros, sin asumir su responsabilidad Social, económica y Administrativa.

3. Se somete el derecho fundamental a la salud a la progresividad y sostenibilidad fiscal, administrativa y económica, contrariando la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho fundamental al acceso a los servicios de salud, sin ninguna barrera administrativa, fiscal y económica. Al articular de esta manera el Derecho Humano Fundamental, vulnera a un más el Derecho de lo que se tiene actualmente.

4. Se continúa con las barreras de acceso al servicio en el sistema de salud, dividiendo en una red primaria y una complementaria, acabando con el espíritu de la integralidad en el servicio de salud, quedando en manos de las Gestoras el Derecho y potestad de establecer quien tiene el Derecho de ir de una red a otra.

5. Con los proyectos de Gobierno se hace más complejo el uso de la TUTELA, llenando de obstáculos, como la regla fiscal, movilidad entre las redes y requisitos el acceso a este derecho fundamental, limitando aún más con el dinamismo y Autonomía de Médica y de los Jueces

6. Se vulneran los derechos de los/as trabajadores/as de la salud a la estabilidad laboral, la convención colectiva, la carrera administrativa y continuidad en el servicio, lo que se reflejará en la calidad y confianza en el mismo, desconociendo las sentencias de la Corte Constitucional que ordenan la formalización del empleo en el sector salud , por el contrario agudizando aún más la problemática de tercerización y trabajo digno por parte del Sector, que quedaría en manos de la politiquería y burocracia Nacional y territorial , retrocediendo en más de 80 años.

Las organizaciones sindicales, sociales y de usuarios de la salud presentaron proyectos de ley, tanto estatutario como ordinario, que rescatan los principios de: obligación del Estado a garantizar el servicio como un derecho humano fundamental, el acceso universal a la salud sin barreras administrativas, económicas y fiscales, la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los trabajadores y usuarios de la salud. Estos principios no han sido considerados y contemplados en Senado y Cámara de Representantes en la aprobación de la ley Estatutaria, ni en lo que va de la ley Ordinaria. Contrariando lo que a manifestado el Gobierno nacional a través del Ministro ALEJANDRO GAVIRIA, de que esto fue consensuado. Aclaramos que la Junta Medica no representa a las y los trabajadores de la Salud, ni mucho menos al total de los Médicos y profesionales de la Salud, ni mucho menos a los pacientes y Usuarios.

Por lo sucedido en el Congreso de la República, repitiendo lo que sucedió con la Reforma a la Justicia, de espaldas al pueblo Colombiano, participar masiva y activamente en la movilización que se llevara a cabo el 19 de Julio de 2013, para obligar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, abrir nuevos espacios de discusión y concertación con las organizaciones sindicales, sociales y de los usuarios de los servicios, para lograr un sistema de salud que garantice el derecho fundamental a la salud, la calidad del servicio a los usuarios y el respeto de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo lo anterior SINDESS INVITA A TODOS a los USUARIOS, ORGANIZACIONES DE PACIENTES, ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICATOS EN GENERAL, ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y EN GENERAL A TODA LA POBLACIÒN COLOMBIANA

A LA GRAN MOVILIZACION EL 19 DE JULIO DE 2013- EN DEFENSA DE LA SALUD – Y EN LA DERROTA DE LA LEY ESTATUTARIA EN LA HONORABLE CORTE CONSNTITUCIONAL Y EL HUNDIMIENTO DE LA LEY ORDINARIA

LA SALUD NO ES UN NEGOCIO Y NO SE VENDE- LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL- QUE NO DEBE TENER BARRERAS DE ACCESO DE NINGUNA CLASE

Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social SINDESS NACIONAL

Personería Jurídica No 001131 de 1993

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