Corporacion Yurupari

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miércoles, 11 de noviembre de 2009

La Violencia que se genera en la ciudad de Medellín, es una muestra de las innumerables violaciones a los derechos humanos que vive el país





Según Medicina Legal, el aumento de homicidios es del 79% con respecto al año anterior. Según estadísticas oficiales, en el año 2003 se presentaron en Medellín 2.012 homicidios, para una tasa de 98.2 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Fue la última ocasión que la capital antioqueña registró niveles alarmantes de criminalidad, los mismos que hoy, seis años después, amenazan con repetirse de no presentarse una reducción sustancial en la dinámica de muertes violentas registrada hasta ahora.

Así lo reconoce e Instituto Nacional de Medicina Legal, que en su más reciente informe señala que entre el 1 de enero y el 31 de octubre del presente año se han cometido 1.717 homicidios en la ciudad, siendo precisamente octubre, con 226 asesinatos, el mes más violento de todo 2009.

El informe detalla cómo la comuna 6 (Castilla) continúa siendo la zona donde más muertes violentas ocurren en la ciudad, con un total de 170. La confrontación entre bandas delincuenciales que tiene lugar en esta zona ha sido tan fuerte que la Administración Municipal se vio obligada a imponer un toque de queda en la noche para menores de edad desde el pasado 25 de agosto, que fue levantado la última semana de octubre.

Pese a la medida, esta comuna presentó nueve homicidios más en septiembre (22) con relación a agosto (13) y un total de 20 para octubre. Paradójicamente, otra de las comunas donde se impuso la restricción de circulación nocturna para menores de 18 años, como la 3 (Manrique), también registró un aumento en el número de personas asesinadas, ubicándose como la segunda más violenta de la ciudad.

Allí, mientras en agosto se registraron 18 asesinatos, en septiembre la cifra subió a 20 y en octubre a 26, para un total en el año de 158 homicidios, el mismo número para la comuna 10, otra de las zonas de alta conflictividad en la ciudad.

La situación despierta preocupación toda vez que a menos de 50 días para que finalice el año, Medellín ya superó la tasa de homicidios registrada en los últimos cinco años.

En 2004, por ejemplo, dicho medidor se ubicó en 57,3, producto de 1.187 asesinatos, mientras que en 2005 se logró una reducción aún mayor: 782 homicidios para una tasa de 33.5. Los años más tranquilos de las últimas dos décadas fueron 2006 y 2007, cuando se presentó una tasa de 35.7 (804 homicidios) y 33.8 (771) respectivamente.

En el año 2009, la tasa de homicidios ya se ubica en 73 por cada cien mil habitantes, superior a la de ciudades como Bogotá y Cali y sólo por debajo de otras urbes como Ciudad Juárez, en México, donde la tasa llega a 130 por cada cien mil habitantes; Caracas, Venezuela (tasa de 96); y Tijuana, México (92).

Contrastes
En su Informe, Medicina Legal muestra que los corregimientos, históricamente ajenos a la violencia urbana, también sufren un incremento considerable de las muertes violentas. A excepción de San Sebastián de Palmitas, los cuatro corregimientos suman 128 homicidios, siendo el más afectado San Antonio de Prado con 66 en lo que va corrido del año.

Lo anterior muestra un aumento de más del 50% con respecto a todo el año 2008, cuando en total se reseñaron 50 homicidios en los cinco corregimientos. Y es que, al parecer, el conflicto entre bandas está llegando con fuerza a las áreas rurales de Medellín, como se lo narró un líder comunitario de Belén Altavista a la Agencia de Prensa IPC.

El Informe muestra que cerca del 80% de los homicidios se cometen con arma de fuego.
“En los últimos tres meses la situación se ha puesto muy dura. Las balaceras son constantes, a la gente ya le da miedo salir de noche o mandar los niños a la escuela, porque en cualquier momento se ‘prende la cosa’. Lo triste es que todo el corregimiento está así, cuando aquí hubo sectores muy sanos”, expresó el líder, quien pidió reserva de su nombre.

El documento también señala cómo en los dos últimos meses se han registrado disminuciones en los homicidios en dos de las comunas más sensibles de la ciudad, como son la 8 (Villa Hermosa) y la 13 (San Javier). En esta última la cifra pasó de 22 muertes violentas en agosto a 20 en septiembre y de ahí a 12 en octubre. Asimismo, en la comuna 8 se presentaron 18 homicidios en agosto, 11 en septiembre y sólo 7 en octubre.

En estos dos sectores, la Policía Comunitaria, en apoyo de la Alcaldía de Medellín, han impulsado pactos de convivencia entre los mismos combos a fin de reducir las confrontaciones y por ende, disminuir ostensiblemente las afectaciones que éstas generan en la comunidad.

La medida también será replicada en la comuna 6 y aunque la Administración Municipal afirma que lo que se busca es quitarle mano de obra al conflicto, organizaciones no gubernamentales como la Corporación para el Desarrollo y la Paz (Corpades) sienten que con esto sólo se está generando un manto de impunidad en los barrios.

“Estos pactos de convivencia sólo favorecen la imagen de los actores armados, en detrimento de la democracia, la paz y la convivencia, sacrificando con ello de manera grave, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del accionar de las estructuras para-mafiosas y sus redes criminales, las bandas”, expresó la Corporación en un comunicado público.

Más allá de toda consideración, lo cierto es que Medellín está regresando peligrosamente a épocas aciagas que la ciudadanía creía superadas. El esfuerzo de las autoridades será no permitir que la violencia empañe los logros y avances alcanzados en otros aspectos de la ciudad.


CORPADES, denuncia ante la opinión pública de la ciudad metropolitana,
Colombia y el mundo, que en el *“*Medellín Metropolitano”,su Policía,
en cabeza del Coronel Luis Eduardo Martínez y la Administración del
AlcaldeAlonso Salazar, vienen realizando con el crimen organizado de
segundo nivel, *“*pactos de conveniencia” que sólo favorecen la
imagen de los anteriores, en detrimento de la democracia, la paz y la
convivencia, sacrificando con ello de manera grave, la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas del accionar de las
estructuras para- mafiosas y sus redes criminales, las bandas, que en
su mayoría no hacen parte de la delincuencia común, sino que son
paramilitares arropados en dichas bandas.

Se pregunta nuestra institución, ¿Si en una ciudad donde opera la
mafia en asocio con el paramilitarismo, la negociación debe hacerse
con quienes ocupan el último nivel en la cadena del crimen, los
considerados “soldados” pertenecientes a las llamadasbandas,
conociéndose de antemano que quienes se lucran de los negocios
legales e ilegales, que no son otros que los verdaderos jefes
mafiosos y sus lugartenientes, entre los cuales se encuentranValenciano
, Sebastián, Carlos Pesebre, no hacen parte de las mismas y mucho
menos están interesados en recibir educación, y el “escaso” dinero
que se les ofrece ($400.000 mil pesos mensuales) a cambio de acabar
con su actividad criminal, ya que los mismos reciben no menos de $30.
000.000 millones de pesos mensuales, sin contar las comisiones por
realizar de manera “efectiva” su labor de “patrones” de los asesinos?

¿Será que la racha de asesinatos concluirá con buscar que las bandas
con patrones para-mafiosos se sometan a programas “institucionales”
como el adefesio de los llamados pactos de no agresión, si lo que
reciben producto del trabajo ilegal representado en vacunas, tráfico
interno de drogas ilegales, encargos, les genera dividendos mucho más
altos?

¿Será que a la institucionalidad se le olvida que quienes mandan, no
son precisamente los jefes de bandas paramilitares, a los que
equivocadamente denomina bandas de delincuencia común?

Consideramos que es sumamente grave que la institucionalidad pretenda
con este tipo de propuestas trasnochadas, poco novedosas y cortoplacist
as, sin ningún tipo de estrategia real, bajar la violencia en la
ciudad; extraño parece que estos magos del inmediatismo no recuerden
la historia de la ciudad que dicen conocer y mucho menos que no
recuerden que en esta tierra ya se ensayó el modelo de la “para-
tranquilidad urbana”, que se tradujo en un pacto de la ilegalidad con
la legalidad y el poder real, además de habernos mostrado lo que
significa el Cogobierno de paras, mafiosos, institucionalidad y el
poder real.

Ante este tipo de exabruptos hacemos un llamado fraternal a las
organizaciones sociales, comunitarias, defensoras de los Derechos
Humanos y a la ciudadanía en general a no avalar los “pactos de
conveniencia” los cuales sólo generarán más impunidad y violencia en
la ciudad.

Reclamamos un pacto ciudadano e institucional democrático que
desmonte los acuerdos con la ilegalidad y un frente ciudadano anti
para-mafioso que recupere la ciudad para la democracia, la seguridad,
la convivencia y la paz con justicia social

Medellín 2009-11-04

LUIS FERNANDO QUIJANO MORENO
PRESIDENTE CORPADES
CELULAR: * 3128710191*
Correo electrónico: presidenciacorpades@gmail.com

Forjadores de paz urbana

Calle 62 No 48-24 Tel: 2548606 Fax: 2547881 Medellín- Colombia

E-Mail:corpades@une.net.co, corpadesong@gmail.com

DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADO A LA CARCEL DE LA DORADA CALDAS

El defensor de derechos humanos Winston Gallego esta detenido injustamente desde hace cuatro meses. Fue trasladado el pasado sábado 7 de noviembre de 2009 de la Cárcel Bellavista de Medellín a una Cárcel de Máxima seguridad en la Dorada Caldas.
La Corporación Yurupari se suma al llamado y a la denuncia que diversas organizaciones no gubernamentales de Medellín manifestaron su rechazo por el traslado del defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz, Winston Gallego Pamplona, quien se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Bellavista desde el pasado 10 de junio y fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de La Dorada.
Gallego Pamplona figuraba entre los cerca de 150 reclusos que desde la noche del jueves 5 de Noviembre de 2009, fueron confinados en la capilla católica de Bellavista a la espera de ser reubicados y que sólo en horas de la tarde del viernes partieron con rumbo a distintos centros penitenciarios del país.

El operativo se dio en respuesta a las denuncias formuladas en días pasados por el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, coronel Luís Eduardo Martínez, según las cuales miembros de grupos armados ilegales continuaban delinquiendo y coordinando acciones ilícitas en Medellín desde su sitio de reclusión en este penal.

De acuerdo con informaciones de familiares y testigos, durante el operativo se presentaron algunas irregularidades como el hecho que a los internos se les restringiera todo contacto con el exterior, así como el acceso a los servicios sanitarios y a la alimentación. Lo anterior aumentó la incertidumbre de familiares y allegados de Gallego Pamplona durante toda la tarde del viernes, pues ningún directivo del penal confirmó el traslado del defensor.

“Lo único claro es que salieron varios buses con destino a otras cárceles. No tenemos las identidades y el director nos dijo que hasta tanto no termine el operativo nos confirmaba quienes fueron los reclusos que trasladaron”, señaló Ana Patricia Aristizábal, coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín.

Sin embargo, fuentes no gubernamentales confirmaron la reubicación de Gallego Pamplona en la cárcel de La Dorada. Este hecho aumenta el malestar que ha generado el proceso que se adelanta contra el integrante de la Fundación Sumapaz, sindicado de rebelión. “Winston es un defensor de derechos humanos y no integrante o jefe de ningún grupo armado ilegal. Por ello, no entendemos el motivo de su posible traslado”, señaló César Mendoza, compañero de labores de Gallego Pamplona.

Como se recordará, la detención del defensor de derechos humanos se originó en el proceso radicado con el número S 0686/F74, que adelanta la Fiscalía 74 Delegada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, y en cuyo programa metodológico de investigación se ha involucrado, de forma arbitraria y a través de labores de inteligencia militar y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos del departamento.

Luego de conocer la investigación en su contra, Gallego Pamplona informó por escrito a la Fiscalía 74 que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos, así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra.

El despacho lo citó el miércoles 10 de junio para escucharlo en indagatoria y ese mismo día fue privado de su libertad, por orden de la Fiscal. El caso fue trasladado a la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía en Bogotá y a la fecha no había comparecido ante funcionario judicial alguno.

“La condición de Winston es la de sindicado. Incluso, su proceso estaba próximo al vencimiento de términos, lo que hace más arbitraria su reubicación”, agregó Cesar Mendoza representante legal de la Fundación Sumapaz, quien agregó que con esto se está cometiendo una grave irregularidad contra el proceso de Gallego Pamplona.

Organizaciones de defensoras de derechos humanos solicitaron la mediación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tanto en su sede regional de Medellín como en la sede central en Bogotá, para exponerle el caso y buscar garantías para el activista.

Por lo pronto, las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado a la Fiscalía General y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que se respeten los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso de Gallego Pamplona.