El defensor de derechos humanos Winston Gallego esta detenido injustamente desde hace cuatro meses. Fue trasladado el pasado sábado 7 de noviembre de 2009 de la Cárcel Bellavista de Medellín a una Cárcel de Máxima seguridad en la Dorada Caldas.
La Corporación Yurupari se suma al llamado y a la denuncia que diversas organizaciones no gubernamentales de Medellín manifestaron su rechazo por el traslado del defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz, Winston Gallego Pamplona, quien se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Bellavista desde el pasado 10 de junio y fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de La Dorada.
Gallego Pamplona figuraba entre los cerca de 150 reclusos que desde la noche del jueves 5 de Noviembre de 2009, fueron confinados en la capilla católica de Bellavista a la espera de ser reubicados y que sólo en horas de la tarde del viernes partieron con rumbo a distintos centros penitenciarios del país.
El operativo se dio en respuesta a las denuncias formuladas en días pasados por el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, coronel Luís Eduardo Martínez, según las cuales miembros de grupos armados ilegales continuaban delinquiendo y coordinando acciones ilícitas en Medellín desde su sitio de reclusión en este penal.
De acuerdo con informaciones de familiares y testigos, durante el operativo se presentaron algunas irregularidades como el hecho que a los internos se les restringiera todo contacto con el exterior, así como el acceso a los servicios sanitarios y a la alimentación. Lo anterior aumentó la incertidumbre de familiares y allegados de Gallego Pamplona durante toda la tarde del viernes, pues ningún directivo del penal confirmó el traslado del defensor.
“Lo único claro es que salieron varios buses con destino a otras cárceles. No tenemos las identidades y el director nos dijo que hasta tanto no termine el operativo nos confirmaba quienes fueron los reclusos que trasladaron”, señaló Ana Patricia Aristizábal, coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín.
Sin embargo, fuentes no gubernamentales confirmaron la reubicación de Gallego Pamplona en la cárcel de La Dorada. Este hecho aumenta el malestar que ha generado el proceso que se adelanta contra el integrante de la Fundación Sumapaz, sindicado de rebelión. “Winston es un defensor de derechos humanos y no integrante o jefe de ningún grupo armado ilegal. Por ello, no entendemos el motivo de su posible traslado”, señaló César Mendoza, compañero de labores de Gallego Pamplona.
Como se recordará, la detención del defensor de derechos humanos se originó en el proceso radicado con el número S 0686/F74, que adelanta la Fiscalía 74 Delegada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, y en cuyo programa metodológico de investigación se ha involucrado, de forma arbitraria y a través de labores de inteligencia militar y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos del departamento.
Luego de conocer la investigación en su contra, Gallego Pamplona informó por escrito a la Fiscalía 74 que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos, así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra.
El despacho lo citó el miércoles 10 de junio para escucharlo en indagatoria y ese mismo día fue privado de su libertad, por orden de la Fiscal. El caso fue trasladado a la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía en Bogotá y a la fecha no había comparecido ante funcionario judicial alguno.
“La condición de Winston es la de sindicado. Incluso, su proceso estaba próximo al vencimiento de términos, lo que hace más arbitraria su reubicación”, agregó Cesar Mendoza representante legal de la Fundación Sumapaz, quien agregó que con esto se está cometiendo una grave irregularidad contra el proceso de Gallego Pamplona.
Organizaciones de defensoras de derechos humanos solicitaron la mediación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tanto en su sede regional de Medellín como en la sede central en Bogotá, para exponerle el caso y buscar garantías para el activista.
Por lo pronto, las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado a la Fiscalía General y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que se respeten los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso de Gallego Pamplona.
Corporacion Yurupari
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