Corporacion Yurupari

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miércoles, 27 de enero de 2010

Balance de violaciones de derechos humanos en Medellin 2009

Incremento en homicidios y masacres: lo que dejó el 2009 para Antioquia


Medellín, ene 22 (IPC). - En materia de violaciones a los derechos humanos, el 2009 dejó un negativo balance para el departamento de Antioquia y especialmente para su capital, Medellín. Según el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, el año anterior se registraron aumentos con respecto a 2008 en los homicidios, las masacres y asesinatos de indígenas.

De acuerdo con la medición realizada por el Programa de la Vicepresidencia, en 2009 se cometieron en el departamento un total de 2.846 homicidios, 575 más que los registrados en el 2008, año en el que se documentaron 2.271. El reporte, realizado con datos de la Policía Nacional, señala a Medellín, con 1.432, como el municipio más violento seguido por Itagüí con 182; Caucasia con 126 y Bello con 104.

No obstante, la cifra global podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, sólo en la capital antioqueña se presentaron 2.178 homicidios. Tal desfase en las estadísticas obedece a los criterios empleados por ambas entidades a la hora de realizar los registros.

En declaraciones entregadas a diversos medios de comunicación, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, General Orlando Páez Barón, señaló que “a diferencia de Medicina Legal, nosotros sólo reseñamos aquellos homicidios que afectan la seguridad de los ciudadanos. Es decir, no contabilizamos a los delincuentes dados de baja, por citar sólo un caso”.

Más allá de la discusión metodológica, lo que muestra la realidad es un aumento en las acciones que atentan contra el derecho a la vida de los antioqueños. Tal es el caso de las masacres. Mientras en 2008 se presentaron cinco masacres que cobraron la vida de 23 personas, el Programa documentó 11 acciones de este tipo, que dejaron un saldo trágico de 47 víctimas.

Nuevamente Medellín encabeza la lista de municipios donde más casos se registraron con cuatro en total. Barbosa, Envigado, Ituango, Puerto Berrío, Sabaneta y Yalí fueron los municipios donde también se cometieron masacres.

Sin embargo, en las estadísticas del Programa no figuran los hechos acaecidos el 5 de abril en Cáceres, cuando hombres armados que vestían prendas de uso privativo del Ejército ingresaron hasta el corregimiento Manizales de esta localidad, dando muerte a cinco campesinos.

Tampoco fue registrada la acción perpetrada por tres sujetos armados con pistolas quienes dispararon indiscriminadamente contra un grupo de pobladores apostados en una vivienda del corregimiento El Doce, municipio de Tarazá. La acción, cometida el 2 de abril, cobró la vida de cuatro personas y dejó otras dos heridas.

También fue omitida la masacre cometida el 11 de octubre por un comando armado de aproximadamente 15 hombres, quienes ingresaron a la vereda Chonta, corregimiento Bijagual, municipio de Necoclí y, lista en mano, procedieron a sacar a cuatro labriegos de sus casas, quienes fueron hallados muertos en cercanías de la quebrada conocida como La Ciénaga.

Con estos hechos, documentados por organizaciones no gubernamentales como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), se elevan a 14 las masacres cometidas en 2009 en Antioquia así como el número de víctimas, al pasar de 47 a 60 en total.

La cruenta disputa por el control del negocio del narcotráfico que sostienen en varias subregiones del departamento las denominadas “bandas criminales” como “los rastrojos”, “los paisas”, “la banda de Urabá; así como alias Valenciano y Sebastián en la capital paisa, constituye el primer elemento explicativo del aumento de este fenómeno, que se creía cosa del pasado. De hecho, a excepción del caso de Puerto Berrío, en el total de casos la autoría fue atribuida a estos grupos.

Las minorías étnicas también se vieron afectadas con el incremento de los homicidios. En Andes, Apartadó, Caucasia, El Bagre, Necoclí y Tarazá se presentaron asesinatos de indígenas, para un total de 6, mientras que en 2008, el Programa Presidencia documentó 4 casos.

De otro lado, el Informe destaca una reducción sensible en los casos de desplazamiento forzado en el departamento. Según el Programa, en 2009 un total de 14.101 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, cifra que muestra una disminución con respecto a los 19.000 desplazados forzados registrados en 2008.

Otro de las conductas violatorias a los derechos humanos que registró una disminución importante fueron los secuestros, que pasaron de 49 en 2008 a solamente 12 en todo 2009, de los cuales el 50% (6) se cometieron en Medellín.

Si bien las cifras del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ya comienzan a ser refutadas por organizaciones no gubernamentales de la ciudad, lo cierto es que ambas instancias comparten la preocupación por el aumento de la violencia en la región, pues lo que esconden las estadísticas es el temor de los ciudadanos al resurgir de una violencia agobiante que nadie quiere volver a repetir.

Colombia se raja en materia de derechos humanos

Colombia nunca ha salido bien librada de los exámenes que regularmente hacen los organismos de derechos humanos. Y esta vez, el informe anual de la Human Rights Watch (HRW) no hace la excepción con el país: hay críticas al gobierno por los ataques frecuentes a la Corte Suprema de Justicia que investiga la parapolítica; también destaca su preocupación por los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales) que tienen enredadas a las Fuerzas Militares; llama la atención sobre los sucesores de los paramilitares; y señala que la guerrilla de las Farc sigue reclutando menores, instalando minas antipersonal y masacrando civiles, como lo hizo con los 17 integrantes de la comunidad Awá en febrero José Miguel Vivanco, director de este organismo, “el gobierno de Uribe y su coalición evidencia pocas garantías de respeto a los derechos humanos de los magistrados” en referencia a varios casos, entre ellos a las interceptaciones ilegales que el DAS ha hecho a miembros de este tribunal.

Al respecto, dice el informe de HRW, capítulo Colombia, que “el gobierno de Uribe, en varias oportunidades, ha tomado medidas que podrían frustrar las investigaciones, como atacar públicamente a los miembros de la Corte Suprema a título personal”.

El informe también advierte que aunque el gobierno dice que ya no existen paramilitares, hay una nueva generación de sucesores que continúan delinquiendo. Y señala que las víctimas siguen a la espera de la verdad y la reparación y sufren amenazas y violencia de grupos armados.

“El gobierno de Uribe sostiene que ya no existen paramilitares. Sin embargo, si bien más de 30.000 personas participaron en un proceso de desmovilización paramilitar, existen evidencias que demuestran que muchas de ellas no eran paramilitares. Otros nunca se desmovilizaron, y algunos retomaron sus actividades delictivas luego de la desmovilización. La mayoría de estas personas nunca fueron investigadas”, señala Human.

El tema de los "falsos positivos", muy polémico en el último año y medio al develarse casos como el de los once jóvenes desaparecidos en Soacha que fueron ejecutados por militares en Ocaña, el organismo internacional dice que las circunstancias indican que estos asesinatos se realizaron casi de forma sistemática.

“Durante años, el Presidente Uribe negó públicamente la existencia del problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban las ejecuciones de formar parte de una campaña promovida por las guerrillas que estaba destinada a desacreditar a las fuerzas militares (...) Sin embargo, el Presidente Uribe ha continuado afirmando que las ejecuciones no son más que casos aislados”, critica Human Rights Watch.

El informe también advierte que los grupos guerilleros siguen atacando a la población civil. "Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos contra civiles. Las FARC, en particular, se ven involucradas frecuentemente en masacres, asesinatos, amenazas y reclutamiento de niños para el combate", dice el informe.

Por último, la HRW destaca la ineficiencia de la justicia en los casos de sindicalistas asesinados, la insuficiencia de los programas de protección a los defensores de derechos humanos y los informes sobre ataques a la población Lgtb.

jueves, 14 de enero de 2010

Culpabilidad de Fujimori en crímenes de lesa humanidad

La Corte Suprema confirma la sentencia por crímenes contra la humanidad contra el ex presidente Alberto Fujimori.
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i) La sentencia de la Corte Suprema ratifica culpabilidad de Fujimori en crímenes de lesa humanidad.
Los organismos de derechos humanos mostraron su satisfacción por la sentencia emitida por la Primera Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 25 años de prisión contra el ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a derechos humanos durante su gobierno.
En conferencia de prensa celebrada en la sede de Aprodeh, Ronald Gamarrra Herrera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), destacó que la sentencia emitida por la Corte Suprema confirma la culpabilidad de Alberto Fujimori en los crímenes de lesa humanidad.
“Saludamos y felicitamos al Poder Judicial por haber llevado a cabo un proceso penal de una manera independiente, imparcial y objetiva ante los ojos del mundo. Hoy, el Poder Judicial se ha legitimado ante la sociedad y el pueblo peruano y ha dado un mensaje claro a la ciudadanía: todos somos iguales ante la ley”, aseveró.
Gamarra Herrera también resaltó la entereza y coraje de las madres y los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que no se dejaron vencer por la adversidad y hoy, después de 18 años de lucha encontraron justicia. “Esta sentencia es un mensaje de justicia para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y sus familiares”.
A su turno, Francisco Soberón, director ejecutivo de Aprodeh agradeció el apoyo brindado por los organismos internacionales de derechos humanos que siempre estuvieron pendientes del proceso penal y contribuyeron desde sus organizaciones en esta lucha contra la impunidad.
Justicia para las víctimas
Por su parte, Gisela Ortiz Perea representante de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta afirmó que esta sentencia culmina un largo camino en la búsqueda de verdad y justicia por sancionar a los responsables de las muertes de sus seres queridos.
“Estamos satisfechos porque al fin se hizo justicia contra el principal responsable de las muertes de nuestros familiares y esperamos que esta sentencia siente un precedente en los casos de violaciones a derechos humanos que todavía están pendientes en el Poder Judicial”, reveló.
Ortiz Perea también agradeció el acompañamiento y la defensa legal que brindaron los organismos de derechos humanos a los familiares de Barrios Altos y La Cantuta a lo largo del proceso. “Los organismos de derechos humanos fueron la voz de los familiares y sin su ayuda y colaboración permanente no hubiéramos concretado esta victoria”, finalizó.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alirio Uribe, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Jo Marie Burt, representante de WOLA; abogados y familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y activistas de derechos humanos.
Lima, 3 de enero de 2010
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Situación de los DDHH indígenas resulta exacerbada

RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS HACE PÚBLICO SU INFORME SOBRE SU VISITA A COLOMBIA EN EL CONTEXTO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE SU PREDECESOR
13 de enero de 2010

El Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas hizo la declaración siguiente:

“Resulta patente que existe una atención de parte del Estado de Colombia a los asuntos indígenas y el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones de mi predecesor; sin embargo, estoy preocupado por las múltiples indicaciones de que la situación de los pueblos indígenas en el país no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación merece”, dijo el experto de la ONU en su informe publicado hoy.

“En general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país” dijo el Relator Especial.

Hoy, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el profesor James Anaya, hace público su informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia que visitó entre el 22 y 27 de julio de 2009. Este informe presenta las observaciones del Sr. Anaya en el contexto de seguimiento a las recomendaciones del anterior Relator Especial, Profesor Rodolfo Stavenhagen, hechas en su informe de 2004.

El informe demuestra que la situación de los indígenas resulta exacerbada e intensificada por causa del conflicto armado interno que aflige al país. “He recibido información sobre una situación sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de desplazamiento forzado y confinamientos, que amenaza a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas del país” declaró el profesor Anaya.
A pesar del nivel importante de atención de parte del Estado de Colombia a los asuntos indígenas, el informe revela que todavía existen grandes desafíos que debe enfrentar el Gobierno para cumplir con sus obligaciones de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, incluyendo en materia de derechos a tierras y recursos naturales y la consulta previa con los pueblos indígenas en decisiones que les afectan. A la misma vez, existen brechas significativas en el efectivo disfrute en general de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas con respecto al promedio general de la población.
En su informe, el Relator Especial presenta una serie de recomendaciones con el fin de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos del Estado en esta materia. Invitamos a consultar el informe completo y las recomendaciones en la página web: www.hchr.org.co

Nuevas denuncias en el Cauca por amenazas de paramilitares

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra gran preocupación por las amenazas, hostigamiento, persecución y muerte que se extiende por todo el territorio del noroccidente del Cauca, particularmente en los municipios de Morales y Suarez, generando un ambiente de terror y zozobra en toda la comunidad. Situación que ha desestabilizado la armonía y normal desarrollo de las actividades de los pobladores de esta región
Como es de público conocimiento y se había advertido por medio de las acciones urgentes emitidas por nuestra organización, las amenazas y hechos que han atentado contra la vida de comuneros indígenas, líderes afro descendientes, organizaciones sociales y ONG de derechos humanos se incrementaron desde el mes de Octubre de 2009.

HECHOS

El día 1 de enero la Gobernadora del Cabildo Cerro Tijeras MELBA GUETIO recibió un mensaje a su número celular en donde la sentenciaban a muerte.

El día 5 de enero de 2010, siendo las 04:50:50 p.m. del celular N°. 3127842468 Centro de mensajes: +573103154210 Los gobernadores de los cabildos de Agua Negra JARLEY MUELAS VIVAS y Chimborazo MILTON CRUCES SANCHEZ recibieron el siguiente mensaje: "Bamos a matar a gob's concej'scumplimos con robert nilson sigue juan v. santiago yolanda oscar sam.oscar guach. directivos atizo y otros mas en hon. aguane. chim. muertea milicianos. sapos. matones. ladrones. violadores. coqueros que talla autonomia. At. Aguilas N.".

Es importante anotar de igual manera que la Asociación Nomadesc continua siendo objeto de seguimiento, persecución a los alrededores de la oficina, y casa del diplomado, seguimiento que según se ha denunciado se quiere hacer evidente, ya que las personas y vehículos que vigilan la oficina al parecer no tienen la intención de ocultarlo.
Adicionalmente hemos advertido que continua la interceptación de las líneas telefónicas de NOMADESC, tanto de los números de teléfonos fijos como de los teléfonos celulares, cuando se reciben o se efectúan llamadas, luego de un minuto o minuto y medio de estar hablando cortan la llamadas y solo se puede volver a discar hasta tanto se apaga el celular, se saca la memoria y se vuelve a instalar.
Pese a que estos casos se han denunciado reiteradamente que aun no existen las medidas de prevención y atención necesarias para frenar estos hechos que atentan contra la integridad física y sicológica de las personas amenazadas y hostigadas.
SOCIACIONNOMADESC
CONCEJO COMUNITARIO DE LA TOMA
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA PCN
CABILDO CERRO TIJERAS
CABILDO CHIMBORAZO
CABILDO AGUA NEGRA
CABILDO HONDURAS
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR

Colombia la reina de la IMPUNIDAD

miércoles, 13 de enero de 2010

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su rechazo y preocupación por la liberación de más de 30 militares implicados en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de 11 jóvenes de Soacha.
Hechos

- El pasado día jueves 7 de enero de 2010 fueron puestos en libertad 17 militares, el 12 de enero otros 6 militares y hoy, 13 de enero, podrían quedar en libertad el coronel Gabriel Rincón Amado y otros seis uniformados.

La defensa de los militares que durante el proceso de forma estratégica ha dilatado el proceso, argumenta que los militares acusados de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tienen que ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Este argumento fue respaldado durante el juicio por la Procuraduría General de la Nación. Según el personero de Soacha, Fernando Escobar, podrían en total quedar libres 42 militares de los 47 que se encuentran detenidos por las ejecuciones de los jóvenes de Soacha ante la solicitud que ha hecho la defensa.

Antecedentes
Las ejecuciones extrajudiciales se han constituido como una práctica sistemática bajo los sucesivos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, hecho que es ilustrado por los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que está investigando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El asesinato de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, fue tipificado en los convenios de Ginebra como crimen de Lesa Humanidad.
Las amenazas en contra de los testigos y las familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han sido constantes durante el 2008 y 2009. A pesar de una petición al Ministro del Interior, los testigos y familiares amenazados, hasta la fecha no cuentan todavía con una protección adecuada
Peticiones
- Exigimos a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance de los procesos, la protección de los testigos y familiares de las víctimas y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.

- Exigimos a la Procuraduría Nacional de la Nación ejercer su labor como ente controlador en función de la población civil y no de la Fuerza Pública

- Pedimos a los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos que condenen públicamente la excarcelación de los militares involucrados en estos crímenes de Lesa Humanidad, exijan la protección de los testigos y familiares y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición al Estado Colombiano

- Solicitamos a la Corte Penal Internacional elevar su observación en los procesos que se adelantan en contra de miembros del ejército nacional de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pronunciarse frente a la posible situación de impunidad que se está presentando por la puesta en libertad de los presuntos autores materiales de estos hechos.
13 de enero de 2010
MOVICE

Culpabilidad de Fujimori en crímenes de lesa humanidad

Los organismos de derechos humanos del Peru, mostraron su satisfacción por la sentencia emitida por la Primera Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 25 años de prisión contra el ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a derechos humanos durante su gobierno.

En conferencia de prensa celebrada en la sede de Aprodeh, Ronald Gamarrra Herrera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), destacó que la sentencia emitida por la Corte Suprema confirma la culpabilidad de Alberto Fujimori en los crímenes de lesa humanidad.