Colombia la reina de la IMPUNIDAD

miércoles, 13 de enero de 2010

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su rechazo y preocupación por la liberación de más de 30 militares implicados en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de 11 jóvenes de Soacha.
Hechos

- El pasado día jueves 7 de enero de 2010 fueron puestos en libertad 17 militares, el 12 de enero otros 6 militares y hoy, 13 de enero, podrían quedar en libertad el coronel Gabriel Rincón Amado y otros seis uniformados.

La defensa de los militares que durante el proceso de forma estratégica ha dilatado el proceso, argumenta que los militares acusados de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tienen que ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Este argumento fue respaldado durante el juicio por la Procuraduría General de la Nación. Según el personero de Soacha, Fernando Escobar, podrían en total quedar libres 42 militares de los 47 que se encuentran detenidos por las ejecuciones de los jóvenes de Soacha ante la solicitud que ha hecho la defensa.

Antecedentes
Las ejecuciones extrajudiciales se han constituido como una práctica sistemática bajo los sucesivos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, hecho que es ilustrado por los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que está investigando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El asesinato de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, fue tipificado en los convenios de Ginebra como crimen de Lesa Humanidad.
Las amenazas en contra de los testigos y las familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han sido constantes durante el 2008 y 2009. A pesar de una petición al Ministro del Interior, los testigos y familiares amenazados, hasta la fecha no cuentan todavía con una protección adecuada
Peticiones
- Exigimos a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance de los procesos, la protección de los testigos y familiares de las víctimas y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.

- Exigimos a la Procuraduría Nacional de la Nación ejercer su labor como ente controlador en función de la población civil y no de la Fuerza Pública

- Pedimos a los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos que condenen públicamente la excarcelación de los militares involucrados en estos crímenes de Lesa Humanidad, exijan la protección de los testigos y familiares y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición al Estado Colombiano

- Solicitamos a la Corte Penal Internacional elevar su observación en los procesos que se adelantan en contra de miembros del ejército nacional de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pronunciarse frente a la posible situación de impunidad que se está presentando por la puesta en libertad de los presuntos autores materiales de estos hechos.
13 de enero de 2010
MOVICE