Colombia se raja en materia de derechos humanos

Colombia nunca ha salido bien librada de los exámenes que regularmente hacen los organismos de derechos humanos. Y esta vez, el informe anual de la Human Rights Watch (HRW) no hace la excepción con el país: hay críticas al gobierno por los ataques frecuentes a la Corte Suprema de Justicia que investiga la parapolítica; también destaca su preocupación por los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales) que tienen enredadas a las Fuerzas Militares; llama la atención sobre los sucesores de los paramilitares; y señala que la guerrilla de las Farc sigue reclutando menores, instalando minas antipersonal y masacrando civiles, como lo hizo con los 17 integrantes de la comunidad Awá en febrero José Miguel Vivanco, director de este organismo, “el gobierno de Uribe y su coalición evidencia pocas garantías de respeto a los derechos humanos de los magistrados” en referencia a varios casos, entre ellos a las interceptaciones ilegales que el DAS ha hecho a miembros de este tribunal.

Al respecto, dice el informe de HRW, capítulo Colombia, que “el gobierno de Uribe, en varias oportunidades, ha tomado medidas que podrían frustrar las investigaciones, como atacar públicamente a los miembros de la Corte Suprema a título personal”.

El informe también advierte que aunque el gobierno dice que ya no existen paramilitares, hay una nueva generación de sucesores que continúan delinquiendo. Y señala que las víctimas siguen a la espera de la verdad y la reparación y sufren amenazas y violencia de grupos armados.

“El gobierno de Uribe sostiene que ya no existen paramilitares. Sin embargo, si bien más de 30.000 personas participaron en un proceso de desmovilización paramilitar, existen evidencias que demuestran que muchas de ellas no eran paramilitares. Otros nunca se desmovilizaron, y algunos retomaron sus actividades delictivas luego de la desmovilización. La mayoría de estas personas nunca fueron investigadas”, señala Human.

El tema de los "falsos positivos", muy polémico en el último año y medio al develarse casos como el de los once jóvenes desaparecidos en Soacha que fueron ejecutados por militares en Ocaña, el organismo internacional dice que las circunstancias indican que estos asesinatos se realizaron casi de forma sistemática.

“Durante años, el Presidente Uribe negó públicamente la existencia del problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban las ejecuciones de formar parte de una campaña promovida por las guerrillas que estaba destinada a desacreditar a las fuerzas militares (...) Sin embargo, el Presidente Uribe ha continuado afirmando que las ejecuciones no son más que casos aislados”, critica Human Rights Watch.

El informe también advierte que los grupos guerilleros siguen atacando a la población civil. "Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos contra civiles. Las FARC, en particular, se ven involucradas frecuentemente en masacres, asesinatos, amenazas y reclutamiento de niños para el combate", dice el informe.

Por último, la HRW destaca la ineficiencia de la justicia en los casos de sindicalistas asesinados, la insuficiencia de los programas de protección a los defensores de derechos humanos y los informes sobre ataques a la población Lgtb.