RECHAZAMOS AMENAZAS A LOS DEFENSORES DD.HH Y EXIGIMOS GARANTIAS DE PROTECCION

En pasados días vienen apareciendo en la Capital de Bogota Grafitis, donde amenazan de muerte al padre Javier Giraldo y a otros tres defensores de derechos humanos se les acusa de delitos inexistentes. A Danilo Rueda se le endilga asesinatos y fraude procesal, sin que haya pruebas jurídicas o fácticas, ni procesos abiertos tanto a nivel nacional como internacional, pues nunca ha cometido conductas punibles. A los padres Alberto Franco y Javier Giraldo se les acusa de terrorismo, discriminación racial y de haber participado en asesinatos.
A la Campaña de desprestigio y la operación de persecución mediática en contra de defensores de derechos humanos, se suman las recientes amenazas en contra de Danilo Rueda, Padre Alberto Franco (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) y Padre Javier Giraldo (director del Banco de Datos CINEP e integrante de base de la Comisión de Justicia y Paz).
Estas amenazas lo que de fondo evidencian es una campaña, que busca desprestigiar la labor de promoción de los derechos humanos en el bajo Atrato, encubrir los responsables y los beneficiarios de las operaciones paramilitares ocurridas en esta región desde 1996, de la mano del General RITO ALEJO DEL RÏO.
Rechazamos categóricamente estas amenazas y responsabilizamos directamente al Gobierno Nacional de cualquier hecho que ponga en peligro la vida de los defensores mencionados y sus familias.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional, y a demandar del el Gobierno Nacional investigue quiénes son los culpables de estas amenazas y defina con claridad las medidas de protección que ofrece a las personas afectadas por ello, sin lo cual no puede existir una real garantía al trabajo de los defensores de derechos humanos.

EL TLC COLOMBIA y LA UNIÓN EUROPEA UN NUEVO MODELO DE RECONQUISTA DEL SIGLO XXI

LA CORPORTACIO YURUPARI, manifiesta su rechazo a las políticas económicas y militares que se vienen aprobando y firmando en el exterior en materia económica por parte del Ejecutivo Colombiano y que sin pasar por la discusión de los congresos, de las altas cortes, y de la sociedad colombiana comprometen las riquezas colombianas. Empeorando la situación de los derechos humanos para las y los colombianos.
El 19 mayo de 2010 se firmó en Madrid el TLC de la Unión Europea con Colombia y Perú, tras más de dos años y medio de negociaciones en que los espacios de participación para las organizaciones sociales fueron inexistentes y la información se mantuvo clandestina durante todo el proceso.

Colombia terminó ampliando los beneficios y garantías para la actuación de las empresas transnacionales en el territorio nacional, lo que les permitirá continuar extrayendo recursos naturales sin beneficios para la población colombiana.
Los representantes gubernamentales de Colombia y la Unión Europea, afirman que el TLC protege los derechos laborales. Sin embargo, quien lea con detenimiento el texto del acuerdo concluirá que no hay una sola cláusula que impida que en Colombia o en Europa se desmejoren los derechos de los trabajadores. En los últimos veinte años las normas laborales colombianas se han modificado en favor del “libre comercio”, modelo que se profundiza en este TLC.

Este TLC perjudicará a la mayoría de la población, a través de la profundización de políticas económicas que han llevado a la crisis actual y beneficiará a una élite reducida de empresarios nacionales y a las grandes empresas europeas que tienen inversiones en el país.

La Corporación Yurupari hace un llamado respetuoso a los congresos y a las altas cortes de Colombia y de la Unión Europea, para que reconsideren lo firmado y tengan en cuenta de manera integral los Derechos Humanos en Colombia.

ASESINADO DEFENSOR DE DD.HH

LA CORPORACION YURUPARI RECHAZA EL ASESINATO del líder campesino, y defensor de derechos de las víctimas, Rogelio Martínez Mercado. Miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Sucre Sincelejo

El día de ayer, martes 18 de mayo, fue asesinado, aproximadamente a las 6 de la tarde, el líder campesino, y defensor de derecho de las víctimas, Rogelio Martínez Mercado, luego que fuera abordado por hombres vestidos de negro, con armas y encapuchados, quienes obstruyendo el paso de la moto taxi en que se movilizaba, le dispararon.


Rogelio quien contaba con medidas de protección del Ministerio del Interior, lideró el retorno de 52 familias desplazadas, en el año 2007, a la finca conocida como “La Alemania”, la cual les había sido adjudicada por el INCORA desde 1997, pero de la que tuvieron que huir luego que fuera ocupada en el año 2001 de manera violenta por paramilitares bajo el mando de Rodrigo Pelufo Mercado, alias “Cadena”, lo que le costó a Rogelio, hostigamientos, amenazas y señalamientos.
Dicha propiedad, que cuenta con una extensión de 556 hectáreas y se encuentra ubicada en la región conocida como Montes de María, a 20 minutos de San Onofre, fue embargada luego de la ocupación por parte de los paramilitares y el consecuente desplazamiento de las familias, ya que éstas, por obvias razones, cesaron de pagar sus cuotas.
La finca, fue durante esos 6 años el centro de operaciones de los hombres de alias Cadena, del Bloque Montes de María, donde los paramilitares torturaban y asesinaban a sus víctimas, las mismas que se presume fueron enterradas en fosas comunes en dicho lugar.
Frente a este punto, es necesario decir, que el pasado 23 de abril, Andrés Morales, Fiscal seccional 173 y el CTI, habían ingresado al lugar, con el fin de llevar a cabo una evaluación del terreno, con el fin de ubicar una fosa común.
Rogelio había sido informado el pasado 15 de enero del año en curso, por parte del Ministerio del Interior, sobre su reubicación temporal, dado el alto riesgo en que se encontraba y debido a las constantes amenazas y hostigamientos.
No obstante la importancia de la decisión, Rogelio fue inducido para que firmara un documento en que constaba que por decisión personal no aceptaba el programa, dada la presión ejercida sobre él, por la encargada de Derechos Humanos de la Policía de Sucre, Beatriz Rodríguez, quien además de explicarle que el subsidio era sólo por 15 días, le manifestó la premura para que tomara esa decisión ese mismo día.

REVELACIONES

La Corporación Yurupari ha hecho presencia en algunas Audiencias que se han llevado a cabo desde la Corte Suprema de Justicia en el caso que se adelanta en relación Jorge Nogera ex director del DAS, la relación y complicidad con el paramilitarismo, las chuzadas y legales y el espionaje a lideres defensores de derechos humanos, políticos izquierda, periodistas, y a integrantes de la Corte suprema de Justicia.

La Corporación espera que en algún momento de la historia Colombiana pueda haber una real verdad, una justicia integral y una verdadera reparación con las victimas de innumerables crímenes confesados a la opinión pública, pero que aún siguen en la impunidad y sin castigo.

De las confesiones en las declaraciones resumimos escalofriantes revelaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas, la libertad, la vida, la constitución colombiana y una burla a los instrumentos firmados y ratificados a nivel internacional por el Estado Colombiano.



1. El Paramilitar Mancuso afirmó que el ahora candidato Juan Manuel Santos se entrevistó por lo menos dos veces con los líderes paramilitares “Ha corroborado que el paramilitarismo es un fenómeno estatal“así mismo reafirmo la relación de Francisco Santos hoy vicepresidente de Colombia con la creación del grupo paramilitar Bloque CAPITAL que operara en la ciudad de Bogotá.
2. En las revelaciones de estas audiencias se ha podido establecer que desde el DAS fueron elaboradas listas de personas que posteriormente serian asesinadas por los paramilitares, investigación que entre otros matices a dado a conocer las llamadas chuzadas del DAS.
3. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuerpo que desde el 2003 desarrolló de manera generalizada y sistemática una serie de actividades ilegales dirigidas a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, altos funcionarios del gobierno y magistrados, para “neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas a quienes se consideraba 'blancos legítimos'”, por ser potenciales adversarios del actual presidente Alvaro Uribe. “Las acciones incluyeron espionaje a teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios (...) la autoría parece haber recaído en estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía”, refiere la investigación.

4. La interceptación ilegal lo que puede determinar es que existió una política sistemática de persecución y espionaje contra la oposición critica de este país, esta práctica se configura en un crimen de lesa humanidad de persecución, un crimen de lesa humanidad una tortura adelantado contra sectores independientes en Colombia: contra sectores como los periodistas independientes, los defensores de derechos humanos, sindicalistas, organizaciones sociales y contra los políticos de oposición. Estas chuzadas realizadas desde el DAS es un ataque a la libertad de expresión y al derecho que tenemos como ciudadanos de defender los derechos humanos.
5. Varios de los testigos sostienen que en varias oportunidades acudieron a la sede de la Presidencia para llevar y recibir informaciones, así como órdenes directas e indirectas de monitoreos ilegales.
6. Las acusaciones también alcanzan, entre otros altos cargos, al secretario Jurídico del Ejecutivo, Edmundo Del Castillo, acorde con recientes revelaciones de testigos vinculados a las investigaciones
7. Las audiencias a través de las declaraciones de los interrogados dejan ver claramente la responsabilidad directa de los funcionarios de alto nivel de la casa de Nariño y en particular la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe frente a estos hechos.
Finalmente la Corporación Yurupari, tiene la esperanza puesta que frente a estos hechos de espionaje, asesinatos, masacres y torturas, operaciones ofensivas ilegales, en algún momento pasen hacer parte dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En el caso de que la justicia colombiana no avance en la investigación, sanción y castigo a los responsables.