La Corporación Yurupari, agradece al Historiador, politólogo y asesor de la ONIC, Doctor, Hernán Molina Echeverri, por hacer llegar a nuestra institución sus ideas expresadas apropósito de la ¨celebración¨ de ¨independencia¨ y bicentenario, en Colombia y el estado actual de los pueblos indígenas, el cual damos a conocer.
QUÉ SIGNIFICA EL BICENTENARIO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Hernán Molina Echeverri
La conmemoración de los 200 años de la independencia tiene una fuerte significación desde distintas miradas en el contexto de la construcción del Estado-Nación y, por ende, para los distintos grupos sociales que conforman la nacionalidad colombiana. La historia de la independencia puede considerarse como la historia de los vencidos y de la negación de los actores centrales que al vaivén de las guerras independentistas ofrendaron sus vidas: negros, campesinos e indígenas. Es por ello, que en todas las guerras los muertos los colocan los pobres, los humildes y los oprimidos. La historia colombiana siempre nos habló de los caudillos y los eternizó en las grandes páginas, mientras los humildes fueron estigmatizados en el silencio y el anonimato.
Hablar del Bicentenario de la República implica hablar de una historia de desaciertos dado que sólo nos hemos quedado en la historia tradicional de las grandes epopeyas y gestas libertarias de los héroes y mártires. Es desde la memoria de los pueblos en la cual se debe indagar nuestros verdaderos orígenes y mirar cuál ha sido la evolución en este largo período de la historia y si realmente después de 200 años hemos gozado de una real independencia.
Un hito importante de la historia indígena fue el Decreto del Libertador expedido en
No obstante, la norma dictada por el Libertador, lo que siguió realmente fue una confrontación por el dominio de la tierra entre los indígenas que defendían sus resguardos territoriales, de origen colonial, y los gobiernos, centrales o de los estados federados, que veían en el régimen comunal un obstáculo al libre comercio de la tierra, lo que enmascaraba el interés de las haciendas por expandirse a costa de las tierras de las comunidades y proveerse de de la fuerza de trabajo de los indígenas.
El 21 de mayo de 1851, José Hilario López abolió la esclavitud en Colombia. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX la Amazonía colombiana tuvo un nuevo auge en su economía regional. Hacia 1878 con la extracción de la quina lo que permitió el “florecimiento” de la ciudad de Mocoa. En 1874, Rafael Reyes obtuvo por parte del emperador del Brasil facultades para navegar el río Amazonas con derechos de exención de impuestos de exportación, conformando la primera flotilla de embarcaciones de vapor de bandera colombiana que navegó por el Amazonas.[1] La Casa Elías Reyes hermanos inició sus operaciones cuatro años después dando inicio a la explotación de la quina que comprendía la población de Descansé, en la Bota Caucana, y los ríos Orteguaza y Putumayo. Sus trabajadores provenían de la región y de los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño y Boyacá.
Las comunidades indígenas sufrieron el contagio de las enfermedades traídas por los barcos caucheros, generando calamidades al interior de éstas, continuando el tráfico de esclavos del Caquetá y Putumayo a lo largo de este período. Con la caída de los precios internacionales hacia 1881, el negocio de la quina entró en decadencia para dar inicio a la economía del caucho. El empresario Julio César Arana, dueño de la empresa The Peruvian Amazon Rubber Company con sede en Iquitos, con socios ingleses inscrita en Londres y con el apoyo de la Armada Peruana, dominó el negocio del caucho, y esclavizó a los indígenas de la región.
Sir Roger Casement -1913-, autor de un informe sobre la situación del Putumayo afirma que:
(…) cada tonelada de látex costó siete vidas humanas en un período en el que este caucho selvático de alta calidad sobrepasó el valor de 700 libras de esterlinas la tonelada. En 12 años, 4000 toneladas de los cargamentos de Arana habían producido casi 1.500 libras esterlinas en el mercado inglés, pero también 30.000 indígenas habían muerto para hacer esto posible.[2]
La compañía Arana fue demandada por todas sus atrocidades contra los indígenas. Julio César Arana fue sometido a juicio en Londres a raíz de las denuncias del periodista W.H. Handerburgh -1913- y de Sir Roger Casement quienes estuvieron en la región del Putumayo para dar cuenta de la situación que se vivía, lo que generó investigaciones del gobierno inglés para establecer la responsabilidad de sus agentes en las zonas de explotación. Si el mayor peso recayó en Arana, la justicia del Perú nunca tomó medidas efectivas para castigar a los culpables –citado por Ariza y otros: 98-.
Como reacción al movimiento liquidacionista y con
1. La recuperación de la tierra de los resguardos
2. La ampliación de las tierras de los resguardos
3. El fortalecimiento de los cabildos
4. El no pago del terraje
5. Dar a conocer las leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas
El terraje era una forma de trabajo en la que el indígena agobiado por la pobreza, tenía acceso a un lote de tierras en la hacienda pagando como contraprestación, y sin otra remuneración, su trabajo en las tierras del hacendado durante varios días de la semana.
Lame fue un visionario, un caudillo y un líder carismático, pero todo giraba en torno a su personalidad y tenía una particular concepción de los procesos sociales de la época que lo distanció en los años 30 de uno de sus compañeros de lucha, el dirigente, también indígena nasa, José Gonzalo Sánchez, que militaba en el Partido Socialista Revolucionario. De Manuel Qintín Lame se incluyen algunos textos que muestran las ideas fundamentales del líder indígena.
No obstante
En el año de 1943 mediante Resolución N° 1 del 20 de mayo, el gobierno de Eduardo Santos declara inexistente el resguardo de San Lorenzo, por impulso del ministro Jorge Gartner, hecho que contradice el Decreto del Libertador de mayo 20 de 1820. Y es así como el desconocimiento de la sociedad hegemónica sobre la realidad de los problemas que se cernían sobre los pueblos indígenas de Colombia representados en masacres y exterminios de diversa índole, los casos más palpables se representan en las masacres de Planas y de la Rubiera en la región de la Orinoquia Colombiana.
La década del 60 del siglo pasado corresponde a un período trascendental en la historia indígena por darse, por vez primera, un debate público de nivel nacional sobre los problemas que vivían los pueblos indígenas al conocerse, primero, la masacre de 18 indígenas cuiva en el hato
Otras masacres como la del Nilo en diciembre de 1991, masacre de Bojayá perpetrada el 2 de mayo de 2002 y las masacres contra el pueblo awá durante el 2009, dimensionan el estado de vulnerabilidad de los distintos pueblos indígenas en Colombia, donde el principal derecho del ser humano como es la vida, es irrespetado a costa del sacrificio de vidas humanas inocentes en medio de la degradación del conflicto colombiano, hechos que son cometidos por distintos actores en disputa por recursos y expansión territorial y en la mayoría de los casos con la complicidad de actores estatales lo que acentúa la violación de sus derechos tanto humanos como colectivos.
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