ASESINADA LA LIDER Y DEFENSORA DE DD.HH

DENUNCIA INTERNACIONAL

ASESINADA LA LÍDER Y DEFENSORA DE DD.HH

ANA FABRICIA CÓRDOBA, el día 7 de junio de 2011,

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos en Colombia, con sede en la capital de Bogotá, se suma al repudio y condena del asesinato de la defensora de los derechos humanos y líder comunitaria ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, quien pertenecía a la Asociación Líderes Hacia Adelante Por Un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ), a la Mesa Interbarrial de Desconectados y a la Ruta Pacífica de las Mujeres en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Antecedentes

ANA FABRICIA llegó a Medellín hace cerca de una década huyendo de las matanzas cometidas por grupos paramilitares de las que fueron víctimas varios de sus familiares en la región del Urabá.

En el año 2002 se inició el proceso de paramilitarización en los barrios de Medellín, entre ellos La Cruz y La Honda. ANA FABRICIA CÓRDOBA denuncio públicamente estos hechos y la connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares. Así mismo fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos.

Estas denuncias le acarrearon persecuciones, señalamientos y amenazas que fueron denunciados ante los Organismos de Control de la ciudad, la Alcaldía de Medellín y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suboficina Medellín.

El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA de 19 años de edad. Desde ese mismo instante ANA FABRICIA denunció a la policía del barrio La Cruz como la responsable del hecho, a raíz de ello cursa actualmente una investigación en La Fiscalía.

Hechos

El día 7 de junio de 2010, ANA FABRICIA CÓRDOBA fue asesinada cuando se movilizaba en un bus de la ruta Santa Cruz, por un hombre que le disparó en la cabeza con un arma con silenciador, quien después emprendió la huida.

De acuerdo a informes denunciados por los organismos de derechos humanos de la ciudad de Medellín entre ellos: Corporación Jurídica Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Antioquia- Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia-, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL, “Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos”

La corporación Yurupari solicita la solidaridad a los organismos de derechos humanos a nivel internacional:

· Enviar cartas de rechazo ante las embajadas y al gobierno de Juan Manuel Santos por el incremento y asesinato de las y los defensores de derechos humanos en Colombia.

· Solicitar al Gobierno de Colombia, una pronta investigación al estamento de la Policía Metropolitana de Medellín y castigo a los responsables de estos hechos.

· Una pronta investigación a la estación de policía de San Blas ubicada en el barrio Manrique de Medellín, por las denuncias reiteradas de la defensora Ana Fabricia Córdoba. Donde posiblemente se están cometiendo actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos.

· Que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.

La Corporación Yurupari rechaza la postura asumida por los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras y del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, tratando de esquivar en sus declaraciones la responsabilidad del Estado por acción u omisión, frente a la protección de las y los lideres, aduciendo que la líder había renunciado a los estudios de seguridad que la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá le propuso a ANA FABRICIA la práctica de un Análisis de Riesgo, que únicamente implica una evaluación para eventuales medidas de chequeo de seguridad, por parte del órgano policial.

ANA FABRICIA se negó a dicho análisis, por la desconfianza que le generaba los antecedentes que señalan a la Policía como el organismo que siempre la persiguió a ella y a su familia.

En la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizada en el mes de abril de 2011, ANA FABRICIA hizo de público conocimiento las amenazas de las que era víctima.

Atentamente

Corporación Yurupari

Corporacionyurupari@yahoo.es

coryurupari.blogspot.com

Demandar Ante la Corte Constitucional ¨Ley de Victimas y Restitución de Tierras¨.

Las bufonadas de la aprobada ¨Ley de Victimas y Restitución de Tierras¨.

La Corporación Yurpari, organismo no gubernamental de Derechos humanos, manifiesta públicamente sus interrogantes frente a la recién aprobada ¨LEY de VICTIMAS y RESTITUCION de TIERRAS y dejar claro a nuestros lectores, especialmente a las víctimas, las cuales han padecido las innumerables, sistemáticas y reiteradas violaciones a sus derechos individuales, como colectivos de los pueblos; también a las miles de víctimas organizadas a lo largo y ancho del país, a través del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, a quienes les manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento en sus luchas contra la impunidad y por que en algún momento de la historia Colombiana pueda existir sin engaños, ni dilaciones, ni bufonadas, una verdadera ley de compromiso real, por la Verdad, la Justicia y la reparación Integral.

La corporación Yurupari, considera que desde el surgimiento de “Ley de Victimas y restitución de tierras” planteamiento bandera; del actual Gobierno de Juan Manuel Santos, no se conto con la participación real y efectiva tanto individual como colectiva de las víctimas, así como, de las organizaciones de derechos humanos, ni de los movimientos representativos de las víctimas de crímenes de Estado. Igualmente, se ha pasado de largo la consulta previa para los pueblos indígenas y afrodescendientes violando una vez más el 169 de la OIT, ni se consideraron los aportes mencionados en diversas sentencias de la Corte Constitucional en materia de protección a los derechos de las víctimas.

Estamos seguros, que la llamada unidad nacional impulsada por el Presdiente Juan Manuel Santos esta en caminada en adormecer y dividir a las organizaciones sociales, a través de las llamadas mesas de concertación con los pueblos indígenas, comunidades de afrodescendientes, sindicalistas, ONGs de DD.HH, campesinos, ofreciendo unos mínimos que no compensa en manera alguna las obligaciones en materia de protección a los derechos fundamentales. ¿A quién trata de engañar la Unidad del gobierno de Juan Manuel Santos?

El actual congreso de la Republica está feliz porque por fin le está entregando una buena caja de herramientas al Presidente Juan Manuel Santos para que ponga en marcha las cinco locomotoras para el “desarrollo colombiano”. Por fin el Vicepresidente, la cancillería y sus altos funcionarios tendrán algo para hacer, en su carrera de diplomacia, con la que se pretende mostrar a nivel internacional ante la, Unión europea, EEUU, Naciones Unidas, que este es un país preparado, con la mejor legislatura en materia de derechos humanos, despejar las dudas frente a un país y un gobierno que históricamente ha sido violador de los derechos humanos, y con ello garantizar, salvaguardar las grandes inversiones extranjeras o mejor dicho; los tratados de Libre Comercio.

La Corporación Yurupari cree oportuno demandar la ¨Ley de Victimas y Restitución de Tierras¨ por lo siguiente:

a) Por violación a la Consulta Previa Libre e informada para con los pueblos indígenas.

b) Por no contar con una metodologíapara la participación de las víctimas, de sus organizaciones, de los organismos no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

c) Desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional en materia de protección y atención de los derechos humanos, contraviniendo la jurisprudencia constitucional.

d) Por contemplar figuras como ¨contrato de transacción¨ lo cual llevara a obstaculizar la justicia y viola el derecho a una justa indemnización.

e) La Ley no cuanta con criterios ni objetivos precisos en materia de indemnización administrativa.

f) La ley no cuenta con un reconocimiento explicito que de fundamento a las mediadas de reparación y no reconoce la responsabilidad del Estado como garante de protección de los derechos humanos.

g) La ley deja por fuera el enfoque y los parámetros de reparación en estándares internacionales.

h) La ley plantea el reconocimiento de reparación como ayuda humanitaria y prestación de servicios sociales. A esto no se le puede llamar reparación.

i) La ley no tiene claridad frente al principio de sostenibilidad fiscal.

j) La ley ha desdibujado el carácter transicional de restitución de tierras.

k) No está claro por parte del ente oficial ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? van hacer atendidas las reclamaciones de las victimas para poder acceder al derecho de reparación.

l) El Estado podrá llegar a acuerdos con las victimas en materia de pagos e indemnizaciones obligando a las víctimas a renunciar a cualquier otro tipo de demandas.

m) Artículos de la Ley quedan bajo la potestad de ser reglamentados por el presidente de la republica, lo cual viola la distinción y división de poderes, entre el poder ejecutivo y el legislativo.

n) Vulnera el derecho al carácter universal de víctima y viola el derecho a la igualdad.

o) La ley no contempla políticas de búsqueda de las victimas de desaparición forzada y las garantías de investigación, juzgamiento, y sanción de este delito.

La Corporación Yurpari, lamenta la forma como hoy se habla de una ¨Ley de Víctimas y Restitución de Tierras¨, en el congreso de la republica y como se vende la idea de que en Colombia es el Estado comprometido con los derecho humanos, cuando en la realidad el Estado y gobierno dista de ese compromiso de proteger los derechos de las comunidades. ¿Dónde queda el compromiso y el respeto por los derechos de las víctimas? ¿Dónde está la atención a los miembros de la Zona Humanitaria de Curvaradó y Jiguamiandó? ¿Dónde están los 57 mil desaparecidos forzosamente? ¿Quién atiende a los 4 millones de desplazados forzosamente de de sus tierras? ¿Quién responde por las denuncias presentadas por el incremento paramilitar en todas las zonas del país? continúan realizándose operativos militares sin distinguir en las normas de protección a la población civil, menos cavando los principios del DIH.

La corporación Yurupari seguirá denunciando y acompañando a las víctimas, tratando de hacer posible que en un futuro, las víctimas sean consideradas como sujetos de derechos y no mendigos del derecho.

Bogotá 2 de junio de 2011.

Corporacionyurupari@yahoo.es

Rechazamos la ¨Ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨

Nuevas amenazas a los derechos humanos ¨La ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨

La Corporación Yurpari, organismo no gubernamental de derechos humanos, rechaza la aprobada ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ por ser esta una herramienta que puede permitir un incremento mayor a las violaciones de derechos humanos; a la vez que se convierte en una medida de fuerza coercitiva que reprime, castiga, si buscar otro tipo de soluciones a los problemas que vivimos las y los colombianos.

Hoy el país requiere con urgencia resolver temas de fondo que realmente se requieren en este país, a las problemáticas crecientes en el orden social y económico, de pobreza creciente en el país. No creemos que las salidas para responder a la Criminalidad tengan que ser solo coercitivas y aumentando las penas, reformando el código Penal, de Procedimiento y de Infancia, dando mayores herramientas a la justicia y a la policía. La Corporación se pregunta ¿es la Cárcel la única solución a la inseguridad deshabitada de los derechos?. O quizás lo que tenemos que hacer hoy, es ocuparnos de temas que requieren de mayor atención, como lo es, el tema de los cuatro millones de desplazados, generar empleo, darle mayor oportunidad a los jóvenes para que estudien, o tal vez combatir las estructuras mafiosas anquilosadas en todas las esferas de las estructuras gubernamentales regionales, y nacionales, etc.

Puede ser, que tal vez a la Rama Legislativa, no le importe resolver los problemas sociales, y puede estar más interesada en mantener el viejo modelo de seguridad antidemocrática que desde, hace mas de 33 años se instauro en Colombia, un modelo represivo para contener el descontento popular y las necesidades de la gente pobre, que reclaman sus derechos. Estas medidas de seguridad sirven también como herramienta para contener a los opositores del desarrollo y las ¨locomotoras¨ que se impulsan de manera oficial en los llamados ¨Planes de Desarrollo¨ o los TLC. No podemos olvidar como en este sentido se han aprobado medidas como: El Estatuto de Seguridad Democrática del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), el Estatuto para la Defensa de la Democracia del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el Estatuto para la Defensa de la Justicia de la administración de cesar Gaviria (1990- 1994), y el Estatuto Anti-terrorista de Álvaro Uribe (2002-2006-2010), hoy la unidad de gobierno de Juan Manuel Santos sigue ese camino con la creación de la llamada ¨ ley de seguridad Ciudadana¨ estas son las bases de la legislación del orden publico que pueden asegurar a la inversión extrajera mayor confianza en el orden económico Colombiano.

La Ley contempla nuevos delitos y aumento de penas, pero no deja de sorprender que en uno de sus artículos de la ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ se consagre ¨Quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares tendrá penas de 6 a 8 años y multas que podrán oscilar entre 600 y 700 salarios mínimos¨ esta Ley, compara con la Ley de Justicia y Paz, la cual le entrega beneficios a los Paramilitares por colaborar con la justicia (penas de 8 años de prisión que pueden ser reducidos a 5 años), estas contradicciones de la ley, nos deja estupefactos pues encontramos irrisoriamente como para los Paramilitares que han confesado más de 45.499 asesinatos según fuente de la Fiscalía General de la Nación. Además la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía ha registrado un total de 1.597 masacres, 13.850 casos de desaparición y desplazamiento. Miremos este otro caso de un solo paramilitar según fuentes de el fiscal octavo de Justicia y Paz, ¨alias el Iguano habría incurrido en delitos tales como: concierto para delinquir, homicidios en persona protegida, homicidios agravados, terrorismo, fabricación arbitraria, toma de rehenes y actos de barbarie…ha confesado más de 3 mil delitos los cuales se encuentra el asesinato de personas que se encuentran en más de 20 fosas. También confesó que tiro 15 cadáveres al rio Pamplona; realizo 27 masacres en Cúcuta¨. En este caso y en muchos más confesados por los paramilitares las penas impuestas son pura impunidad.

La ley también establece ¨ penas de máximo dos años por bloqueo de vías. El castigo se aplicara para quienes incentiven dicha conducta¨

Se le entrega a la policía en la vigilancia de las personas que se encuentran en detención domiciliaria o vigilancia electrónica.

Se permite hacer allanamientos a partir de las seis de la tarde, sin presencia obligatoria de la Procuraduría. Se aumentan los términos de la formulación, por parte de la Fiscalía, para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. Ahora serán de 90 días. Asimismo, cuando se presentan concurso de delitos será de 120 días.

Otra medida de aplicación en la Ley es el incremento de las interceptaciones que pasan de 3 meses a extenderse hasta 6 meses. Lo curioso de esta medida es que no hemos salido del escándalo de las Chuzadas ilegales del DAS y ya estamos ampliando esta medida, que no sabemos qué utilidad y beneficios traerá a los derechos humanos, cuando hay sin lugar a dudas un mar de impunidad frente a los delitos cometidos atreves de esta medida de andar Chuzando y escuchando las conversaciones de los Magistrados de la Corte Constitucional y de las y los defensores de de los derechos humanos perpetrados por los organismos de seguridad del Estado Colombiano.

La Corporación Yurupari reitera su más enérgico rechazo con las mediadas anunciadas en este campo pues quedamos desnudos de inseguridad.

Bogotá 3 de junio de 2011

Corporacionyurupari@hayoo.es