Nuevas amenazas a los derechos humanos ¨La ley de seguridad Ciudadana En Colombia¨
La Corporación Yurpari, organismo no gubernamental de derechos humanos, rechaza la aprobada ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ por ser esta una herramienta que puede permitir un incremento mayor a las violaciones de derechos humanos; a la vez que se convierte en una medida de fuerza coercitiva que reprime, castiga, si buscar otro tipo de soluciones a los problemas que vivimos las y los colombianos.
Hoy el país requiere con urgencia resolver temas de fondo que realmente se requieren en este país, a las problemáticas crecientes en el orden social y económico, de pobreza creciente en el país. No creemos que las salidas para responder a la Criminalidad tengan que ser solo coercitivas y aumentando las penas, reformando el código Penal, de Procedimiento y de Infancia, dando mayores herramientas a la justicia y a la policía. La Corporación se pregunta ¿es la Cárcel la única solución a la inseguridad deshabitada de los derechos?. O quizás lo que tenemos que hacer hoy, es ocuparnos de temas que requieren de mayor atención, como lo es, el tema de los cuatro millones de desplazados, generar empleo, darle mayor oportunidad a los jóvenes para que estudien, o tal vez combatir las estructuras mafiosas anquilosadas en todas las esferas de las estructuras gubernamentales regionales, y nacionales, etc.
Puede ser, que tal vez a la Rama Legislativa, no le importe resolver los problemas sociales, y puede estar más interesada en mantener el viejo modelo de seguridad antidemocrática que desde, hace mas de 33 años se instauro en Colombia, un modelo represivo para contener el descontento popular y las necesidades de la gente pobre, que reclaman sus derechos. Estas medidas de seguridad sirven también como herramienta para contener a los opositores del desarrollo y las ¨locomotoras¨ que se impulsan de manera oficial en los llamados ¨Planes de Desarrollo¨ o los TLC. No podemos olvidar como en este sentido se han aprobado medidas como: El Estatuto de Seguridad Democrática del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), el Estatuto para la Defensa de la Democracia del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el Estatuto para la Defensa de la Justicia de la administración de cesar Gaviria (1990- 1994), y el Estatuto Anti-terrorista de Álvaro Uribe (2002-2006-2010), hoy la unidad de gobierno de Juan Manuel Santos sigue ese camino con la creación de la llamada ¨ ley de seguridad Ciudadana¨ estas son las bases de la legislación del orden publico que pueden asegurar a la inversión extrajera mayor confianza en el orden económico Colombiano.
La Ley contempla nuevos delitos y aumento de penas, pero no deja de sorprender que en uno de sus artículos de la ¨Ley de Seguridad Ciudadana¨ se consagre ¨Quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares tendrá penas de 6 a 8 años y multas que podrán oscilar entre 600 y 700 salarios mínimos¨ esta Ley, compara con la Ley de Justicia y Paz, la cual le entrega beneficios a los Paramilitares por colaborar con la justicia (penas de 8 años de prisión que pueden ser reducidos a 5 años), estas contradicciones de la ley, nos deja estupefactos pues encontramos irrisoriamente como para los Paramilitares que han confesado más de 45.499 asesinatos según fuente de la Fiscalía General de la Nación. Además la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía ha registrado un total de 1.597 masacres, 13.850 casos de desaparición y desplazamiento. Miremos este otro caso de un solo paramilitar según fuentes de el fiscal octavo de Justicia y Paz, ¨alias el Iguano habría incurrido en delitos tales como: concierto para delinquir, homicidios en persona protegida, homicidios agravados, terrorismo, fabricación arbitraria, toma de rehenes y actos de barbarie…ha confesado más de 3 mil delitos los cuales se encuentra el asesinato de personas que se encuentran en más de 20 fosas. También confesó que tiro 15 cadáveres al rio Pamplona; realizo 27 masacres en Cúcuta¨. En este caso y en muchos más confesados por los paramilitares las penas impuestas son pura impunidad.
La ley también establece ¨ penas de máximo dos años por bloqueo de vías. El castigo se aplicara para quienes incentiven dicha conducta¨
Se le entrega a la policía en la vigilancia de las personas que se encuentran en detención domiciliaria o vigilancia electrónica.
Se permite hacer allanamientos a partir de las seis de la tarde, sin presencia obligatoria de la Procuraduría. Se aumentan los términos de la formulación, por parte de la Fiscalía, para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. Ahora serán de 90 días. Asimismo, cuando se presentan concurso de delitos será de 120 días.
Otra medida de aplicación en la Ley es el incremento de las interceptaciones que pasan de 3 meses a extenderse hasta 6 meses. Lo curioso de esta medida es que no hemos salido del escándalo de las Chuzadas ilegales del DAS y ya estamos ampliando esta medida, que no sabemos qué utilidad y beneficios traerá a los derechos humanos, cuando hay sin lugar a dudas un mar de impunidad frente a los delitos cometidos atreves de esta medida de andar Chuzando y escuchando las conversaciones de los Magistrados de la Corte Constitucional y de las y los defensores de de los derechos humanos perpetrados por los organismos de seguridad del Estado Colombiano.
La Corporación Yurupari reitera su más enérgico rechazo con las mediadas anunciadas en este campo pues quedamos desnudos de inseguridad.
Bogotá 3 de junio de 2011
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