DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

SEPTIEMBRE -09-  DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.

El Congreso de Colombia, en el año de 1985 proclamó el 9 de septiembre como el Día Nacional de los Derechos Humanos.

La Corporación Yurupari, aprovecha este día para aplaudir la labor que adelantan hombres y mujeres, Ongs, líderes sociales, campesinos, estudiantes, desplazados, etc.  En la defensa de los derechos humanos. Felicitamos a los ganadores del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, entregado el pasado 7 de septiembre por la Coordinación de agencias  Diálogo Inter-Agencial en Colombia DIAL, en el marco del Proyecto de la Unión Europea y Diakonia Suecia. Con mas de 10 jurados  reconocieron a quienes defienden lo DDHH en Colombia los galardonados fueron: Judith  Maldonado, en la categoría de Defensora del año; la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CCAJAR-, en la categoría de a Proceso colectivo; y Jackeline Rojas por su labor durante ¨Toda una vida¨. Este premio se constituye en un referente nacional a la garantía para el ejercicio y al pleno derecho de ser defensores y defensoras de DDHH.

Saludamos a buena hora ¨las conversaciones exploratorias de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP¨ y llamamos al cese  bilateral de las hostilidades militares, al respeto integral a los Derechos Humanos y DIH. Para que este camino por la PAZ sea duradero.  El artículo 22 de la constitución política ¨La Paz es un Derecho y un deber de obligatorio cumplimiento¨  el Estado y Gobierno Nacional tienen la responsabilidad política y económica para respetar los derechos y buscar las garantías sociales que garanticen  la vida de la gente, a la vez de investigar, juzgar la sistemática violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares.

La Corporación Yurupari, reitera que la paz, reúne unas condiciones que son integrales, que están unidas a la justicia, a la superación de la impunidad, a la libertad, igualdad, equidad social, y al goce efectivos de los Derechos humanos. 

Hoy día Nacional de los Derechos Humanos, lamentablemente tenemos que seguir informando y denunciando, que en la actualidad continúan los bombardeos indiscriminados, las violaciones a los principios de DIH, continua el desplazamiento forzado, el desconocimiento de derechos de la población carcelaria que vive en el hacinamiento total, en las localidades y los barrios la gente padece hambre, desnutrición y la falta de goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Reiteramos nuestro compromiso por seguir exigiendo el Derecho a la Paz con Justicia Social.

Septiembre 10 de 2012

POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA

Bogotá, Colombia 27 de julio de 2012

La CORPORACION YURUPARI, organización no gubernamental de derechos humanos, se solidariza con la HUELGA de los trabajadores de la EMPRESA FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. “FENOCO” y hace un llamado urgente al respeto de la convención colectiva de los trabajadores, a las garantías del derecho de huelga y al respeto del derecho a condiciones dignas de trabajo.

SINTRAIME, organización afiliada a FUNTRAENERGETICA – CUT y la  Federación Sindical Mundial, denuncia que desde que inicio la huelga el pasado 23 de julio, ¨los trabajadores han tenido que soportar la presión  y  arremetida del Presidente de FENOCO PETER BURROUS, con la complacencia de Funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes están tratando de romper e ilegalizar la Huelga, negándose a los sellamientos, así como amenazas y declaraciones mentirosas buscando desinformar a la opinión pública¨  según SINTRAIME estos hechos no son nuevos pues hace tres años la empresa y su Presidente utilizando todo el salvajismo y la fuerza bruta del ESMAD y las Fuerzas armadas con más de 2500 efectivos, desalojaron criminalmente a los trabajadores¨

El Sindicato presentó un pliego de peticiones el 30 de mayo del 2012, cuya negociación se ha desarrollado sin llegar a ningún acuerdo, lo que llevó a  la decisión de ir a Huelga, el día 23 de julio a partir de las 6:00 a.m. exigiendo condiciones dignas de trabajo, respeto por los Derechos Humanos y Sindicales, reintegro de un sin número de trabajadores despedidos injustamente en el conflicto anterior por el solo hecho de hacer uso del Derecho de Asociación y Negociación Colectiva.

De acuerdo a la denuncia recibida por nuestra organización vía email, a nuestro departamento de derechos humanos de la Corporación Yurupari, exige lo siguiente:

De las entidades del Gobierno Nacional:

1.    Ministerio de Trabajo,  el respeto a la Constitución política de 1991, el acatamiento de los Convenios Internacionales ratificados por Colombia en el marco de Naciones Unidas y el sistema de la OEA.

2.    El respeto integral del Derecho a la Huelga, la Libertad de Asociación, el Derecho a la Libre Protesta, y a la no estigmatización de los obreros y sus justas luchas.

3.    Solicitamos de la OIT, permanecer al tanto de cualquier agresión que ponga en riesgo los derechos de los trabajadores de FENOCO.

4.    Hacemos un llamo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos en Colombia, acompañar por medio de una visita las instalaciones huelguísticas de los trabajadores de FENOCO. Para prevenir acciones que puedan traducirse en violaciones a los derechos sindicales y humanos de los trabajadores.

5.    Exigimos a la EMPRESA FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. “FENOCO” responsable de la administración y mantenimiento de la vía férrea del norte de Colombia,  vía que  sirve de medio de transporte del carbón que va desde La Loma – Cesar a los puertos de Santa Marta y Ciénaga, de propiedad de las transnacionales Drummond, Prodeco, Vale y Colombian National Resources (CNR, subsidiaria del fondo de inversión Goldman Sachs), el respeto y garantías de los derechos sindicales; la Corporación Yurupari, les anuncia que estaremos pendientes de denunciarlos nacional e internacionalmente a cualquier hecho que ponga en vulneración los derechos de los obreros.

Atentamente

Departamento de DDHH Corporación Yurupari

Solidaridad con los pueblos indígenas del Cauca

LA CORPORACIÓN YURUPARI, Organismo no Gubernamental de DDHH, de Colombia, envía un mensaje de solidaridad con las justas luchas por la paz y los derechos humanos que adelanta  las comunidades indígenas del Norte del Cauca, sus autoridades como la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN, y el Consejo regional Indígenas del Cauca (CRIC).

Han sido innumerables los llamados que los pueblos indígenas del cauca han realizado a lo largo y ancho del territorio nacional exigiendo al Estado colombiano, a las fuerzas militares, a los paramilitares y a la guerrilla un respeto integral a los derechos humanos y al derecho Internacional Humanitario.

Esos llamados han tenido como respuesta la vía militar, el escalonamiento del conflicto, la construcción de bases militares ubicadas en el corazón de la población civil, convirtiendo en escudos humanos a mujeres, hombres, niños, ancianos, y blanco del cañón de los fusiles y de los bombardeos, que ha originado la pérdida de vidas humanas y daños a los bienes de la población civil que habita esta región del país constituyéndose en un vulneración del derecho Internacional humanitario

El Estado sigue incumpliendo las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, no adopta medidas preventivas para proteger la vida, la integridad  personal y libertad personal en un contexto en el cual  las violaciones masivas  y sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades indígenas ya adquieren rasgos de genocidio.

La valerosa lucha de los pueblos indígenas, exigiendo el respeto de sus derechos, a su autonomía, a su territorio, al derecho a la paz, es fundamental para pervivir como pueblos históricamente ancestrales.   

El Estado colombiano a través de sus autoridades  y organismos de control tienen la obligación y el deber de cumplir y garantizar los derechos de estas comunidades. La gravedad del conflicto y la alta militarización de los territorios indígenas muestran la ausencia de voluntad por parte del Estado para el cumplimiento al DIH  y la desmilitarización de los territorios indígenas.

Hacemos un llamado para articular esfuerzos para exigir al Estado  Colombiano el respeto a los derechos de estas comunidades indígenas que hoy reclaman la paz como derecho y la salida de los ejércitos enfrentados en sus territorios. A la Defensoría del pueblo para active una  ALERTA TEMPRANA como mecanismo

inmediato para la protección de los pueblos indígenas del Cauca y como medio preventivo de nuevas violaciones a  sus derechos.

Con base en lo anteriormente expuesto solicitamos a las autoridades civiles y militares quienes tienen la obligación de velar por la vida e integridad física y psicológica de los habitantes del país, lo siguiente:

1.      Al señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón , en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares que garantice los derechos a la vida, integridad personal, dignidad, de circulación y la libertad, entre otros derechos,  adopte las medidas de suspensión de operativos militares en el lugar donde se encuentra hoy en marcha la manifestación indígena lugar conocido como el resguardo Toribio y sus alrededores, y atienda las peticiones formuladas por estas comunidades orientadas al respeto de sus vidas, integridad personal y de sus bienes.

2.      Al señor Defensor del Pueblo  para que con urgencia, active una Alerta  Temprana sobre la zona, interviniendo  ante las autoridades competentes para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas,  partícipes de esta movilización de resistencia  a la vida, integridad personal y colectiva, a la reunión y manifestación y la asociación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a la protección de la honra y la dignidad, los derechos políticos, al territorio, la identidad cultura y la autonomía de los pueblos indígenas de los demás sectores sociales participantes de estas acciones de paz.

3.     A la  guerrilla y a las Fuerzas Militares, acordar un cese a las hostilidades militares de manera bilateral, que conduzca a la protección de la población indígena.

4.     A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en ejercicio de su mandato, mantener un equipo en el terreno para que realice una observación en el terreno y presente un informe sobre la situación de DH y DIH de los pueblos indígenas que se encuentra en movilización.

5.     Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ser veedores de este proceso que adelantan los indígenas de la Asociación de Cabildos del Norte Del Cauca y el CRIC.

Atentamente

CORPORACION YURUPARI

DEPARTAMENTO DE DDHH.

ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

“Los defensores y las defensoras de derechos humanos no sólo deben ser protegidos por el Estado sino respetados por todas las personas de un país, ya que su trabajo es fundamental para lograr que se llegue al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, y sociales, económicos y culturales. La ONU respalda y valora su trabajo”, dijo Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bogotá D.C., 10 de julio de 2012

CARTA PÚBLICA

ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

LA CORPORACIÓN YURUPARI, Organismo no Gubernamental de DDHH, de Colombia, y la ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LO PÚBLICO –ASOPÚBLICO-. Rechazamos vehementemente las amenazas de muerte proferidas contra las y los defensores de derechos humanos, ocurridas el pasado 4 de julio de 2012, en una carta panfleto dirigida por en autodenominado “ejército anti-restitución”.

Señores:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE

Fiscal General de la Nación

En esta oportunidad nos dirigimos con el más alto respeto, deseándoles muchos éxitos en las labores que adelantan en pro de la democracia y la justicia en el país. Respetados servidores públicos, nuestra Organización No Gubernamental de derechos humanos  solicita de manera urgente  la intervención inmediata para prevenir cualquier actuación que ponga en peligro la vida y la honra de las y los defensores de derechos humanos, pertenecientes a distinguidas y respetadas ONGs: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), defensoras. Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, Vice Presidenta de la FIDH, así como Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Jeison Paba, filiales de la FIDH; los Señores. Iván Cepeda, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE; Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE; Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP); José Humberto Torres, integrante de esta misma fundación, y a las Señoras. Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex senadora Piedad Córdoba.

Las amenazas de muerte proferidas por el ¨ejercito anti restitución¨ advierten lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también [HP] guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.

Ante estas amenazas sistemáticas y reiterativas  en el tiempo que se convierten en crimines de lesa humanidad a la luz de la Corte Penal Internacional.

Solicitamos del Sr. Fiscal General de la Nación, una respuesta contundente para dar con la identificación de este grupo que se autodenomina ¨ejercito anti-restitución¨, responder de manera eficaz ante las denuncia y peticiones realizadas por las y los defensores y  para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes de las organizaciones y de las personas amenazadas.

Excelentísimo señor presidente Juan Manuel Santos, le pedimos:  Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2).

Nos despedimos a la espera de poder contar con medidas eficaces para la protección de la legítima labor de las y los defensores de derechos humanos.

NO MAS IMPUNIDAD, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS DE LA MUJER.

Bogotá, junio 2 de 2012

La Corporación Yurupari, se suma a la invitación a participar de la movilización, este  3 de junio, que promueven  los y las Jóvenes de la Universidad Nacional, a las 10 de la mañana en el Parque Nacional de Bogotá “NI UNA MAS” no mas violaciones de derechos contra las mujeres en el país.

Comunicado público

Hacemos un llamado categórico al Estado Colombiano, a los órganos de control, a tomar medidas eficaces y contundentes contra  las violaciones sistemáticas y reiterativas y permanentes contra a los derechos de las mujer.

Los hechos de violencia contra la mujer no cesan, La muerte de Rosa Elvira Cely, quien tenía 35 años, estaba culminando su bachillerato y trabajaba en una cafetería del Hospital Militar, enlútese una vez más la conciencia de la humanidad.

En la madrugada del jueves pasado, 24 de mayo  Cely, llamó a la línea de emergencia 123 para reportar que estaba siendo violada. "Estoy en el Parque Nacional. Me están violando, me están violando", dijo la mujer en la comunicación. Seis horas después, la Policía de Carabineros la encontró y con asombro vieron que había sido torturada, tenía señales de ahorcamiento, una herida causada con arma blanca en su espalda, y había sido violada y empalada.

El empalamiento, que consiste en atravesar un palo o varilla en los genitales de la víctima, se conoció como forma de tortura durante la época de la inquisición y ha sido practicada por paramilitares en masacres como la de El Salado. Cuatro días después de estar internada en el Hospital Santa Clara, la mujer murió por una peritonitis (consecuencia del empalamiento), un trauma craneal y lesiones graves en su aparato intestinal y rectal. Este fue el diagnóstico que dio a conocer el médico José Páramo, subdirector científico del Hospital Santa Clara, según un comunicado difundido por la Defensoría del Pueblo

Vivimos tiempos de una alta impunidad y la voz de las mujeres, frente al abuso de sus derechos es ocultada, por miedo  o temor de las mujeres a denunciar de sus agresores victimarios, pues ellas no encuentran en el Estado protección eficaz y además  el estamento oficial  pasa por alto todas las directrices de organismos internacionales y de Naciones Unidas para frenar los abusos de violaciones a los derechos de las mujeres.

La Corporación Yurupari rechaza el aumento, de las violaciones sexuales, el maltrato, la tortura, la desaparición, asesinatos, la discriminación, la esclavitud sexual, prostitución forzada, los maltratos intrafamiliares, abuso sexual de niña y niños, tratos humillantes, desplazamiento forzado, reclutamiento militar,  Estos crímenes aborrecibles deben conmover la conciencia de la humanidad y de todos y cada uno de los colombianos

Proclamamos Verdad, Justicia y Reparación integral  con las mujeres víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

NO MAS IMPUNIDAD, NO MAS VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS DE LA MUJER.

Voces de memoria y dignidad

La CORPORACION YURUPARI, organización no gubernamental de derechos humanos INVITA a sus amigos y amigas a MARCHAR el próximo martes 6 de marzo en la ciudad de Bogotá: Lugar Calle 24 (frente a la torre Colpatria con carrera 7 a las 9 am.
El recorrido por la carrera 7 hasta el Ministerio de Agricultura, se contara con la presencia de Artistas y actos simbólicos, culturales y con la galería de la memoria del Capitulo Bogotá y la CUT.

En esta ocasión el 6 de marzo estará dedicado a poner en evidencia al despojo como otro crimen de Estado, así como las exigencias en torno a una restitución real e integral de las tierras, la no formalización de títulos y extranjerización de las mismas, el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares, hoy con un crecimiento y presencia en aproximadamente 406 municipios del país y garantías de protección a líderes reclamantes de tierras.

La Corporación Yurupari, rechaza enérgicamente todas las amenazas de (GRUPOS PARAMILITARES), que en los últimos días, bien apareciendo y allegadas a las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, a las victimas que reclaman sus derechos a la tierra, a la verdad y a la justicia, agrupadas el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado. Responsabilizamos al Estado Colombiano de cualquier hecho que pueda poner en peligro la vida de las victimas y de las y los defensores de derechos humanos. Que reclaman una real e integral reparación con verdad y justicia.

Llamamos al Estamento Gubernamental, acatar las normas Constitucionales e internacionales en materia de una real garantía de derechos, sumada aun serio compromiso por la paz, de lo contrario todas las normas y leyes que quieren proteger la reparación de las victimas será letra muerta y teoría sin cumplimiento.

Creemos como Corporación, que las medidas de reparación individual y colectiva puedan ser sostenibles, dichos mecanismos deben estar fundamentados en la reparación política, que concebimos en términos de reformas estructurales e institucionales, que promuevan el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos de la población Colombiana.

Mientras subsistan mecanismos de seguridad nacional con la idea del exterminio de opciones sociales alternativas, de intolerancia, discriminación hacia la diversidad multiétnica, pluricultural. Y persistan las múltiples impunidades y el Estado y los asesinos, torturadores, victimarios, juegan aparentar ser las victimas. Bajo esos ideales no abra condiciones para la verdad la justicia y la reparación.

Rechazamos categóricamente la burla con que pretende el Estado engañar a las victimas y a las y los colombianos, por un lado se muestra benévolo con la recién creada Ley de Victimas y seguidamente se empeña en el debilitamiento de los movimientos sociales que han buscado otras opiniones frente al modelo económico de las locomotoras y del desarrollo en el que se quiere entregar el país a las empresas multinacionales y a gobiernos foráneos, la explotación a cielo abierto de los recursos naturales y de la propiedad de la tierra acumulada en pocas manos.

Quisiéramos terminar recordando el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala “ la memoria de las víctimas es un aspecto sustancial de la memoria histórica de la Nación, y contribuye a dar sentido a los hechos de violencia ocurridos en el pasado , rescatando y dignificando el recuerdo de las víctimas en el presente, para evitar que sus derechos vuelvan hacer vulnerados en el futuro. Teniendo en cuenta que las particularidades de la victimización colectiva están relacionadas con la intencionalidad de desarticular procesos organizativos que adelantan los movimientos sociales”


Nos despedimos sumándonos y respaldando la Marcha de las victimas de Crímenes de Estado.

Corporación Yurupari

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

EN MEMORIA A JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO: DEFENSOR DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS

LOS TITIRITEROS DE CUELLO BLANCO AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD

El 27 de febrero de 1998, siendo las dos y quince de la tarde, dos hombres y una mujer, entraron al Edificio Colon ubicado en la calle 49 con carrera 51 del centro de la capital antioqueña. Portando pistolas con silenciador, accionaron sus armas contra el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, propinándole disparos mortales en la cabeza que de inmediato acabaron con su existencia y su labor de defensor de derechos humanos.

Catorce años de impunidad, las confesiones de paramilitares ocultan sin lugar a dudas a los titiriteros de cuello blanco que ordenaron acabar con la vida del honorable defensor.

Los verdugos querían silenciar las contundentes denuncias que realizaba Jesús María Valle, las cuales en muchas oportunidades develaba “lo más doloroso es que hemos encontrado una convivencia, una complicidad y una ayuda entre comandantes de la policía y del ejercito y esos grupos armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano”

Jesús María Valle, acompaño a las víctimas, en aquellos momentos difíciles cuando preguntaban por los desaparecidos, cuando defendía a las y los detenidos por razones políticas, a los campesinos desplazados forzosamente de sus tierras, a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares, a los estudiantes en sus luchas, a los indígenas, afro descendientes y las y los dirigentes sociales y populares.

El defensor incansable de las ideas y las palabras, era un convencido que sin justicia social no podrá existir una verdadera Paz.

De qué sirve hoy contar con la Ley de Victimas, si las confesiones de los criminales son una burla para las víctimas, las verdades son a medias y no revelan a los verdaderos titiriteros de cuello blanco, los castigos son irrisorios con parados los daños causados a sus víctimas y la justicia desdeña un perdón y olvido con los crímenes de lesa humanidad.

Para la Corporación Yurupari, está claro, que con la muerte de Jesús María Valle, los dueños del poder, no lograron, ni lograran jamás acabar con el mundo de las ideas de hombres y mujeres que dieron su vida a la causa de los derechos humanos y la paz. Nada quedara oculto bajo el sol y algún día saldrán las voces quijotescas de muchos hombres y mujeres guiados por las ideas de Jesús María Valle y otros tantos ejemplos para revelar la verdad y los verdaderos nombres de los titiriteros del poder cuello blanco que han causado tantos crímenes en el país.

La memoria es mejor que el olvido. Corporación Yurupari. 27 de febrero de 2012.

Derechos de los pueblos indígenas en Panamá vulnerados

Bogotá/Colombia, 6 de febrero de 2012
La Corporación Yurupari y la Asociación de Autoridades del Municipio de Jurado del Departamento del Choco Alertan a la Comunidad Nacional e Internacional los siguientes hechos de los cuales hemos tenido conocimiento en las últimas horas sobre los hermanos indígenas de Panamá.
El domingo 5 de febrero de 2012, los indígenas que adelantan luchas en Panamá contra los proyectos que pretenden la explotación de los recursos minerales y la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe / Bugle, aéreas anexa fueron Reprimidos por parte del Gobierno panameño.
Alertamos
1. El día 31 de enero del 2012 en un comunicado enviado a nuestros correos de parte del EL PUEBLO EMBERA Y WOUNAAN DE PANAMÁ, AGLUTINADO EN LOS CONGRESOS GENERALES DE LA COMARCA EMBERA Y WOUNAAN, CONGRESO GENERAL DE TIERRA COLECTIVA EMBERA Y WOUNAAN, CONGRESO NACIONAL DEL PUEBLO WOUNAAN, EL CONGRESO GENERAL EMBERA DE ALTO BAYANO, CONSEJO GENERAL BRIBRI, Y CONGRESO GENERAL BUGLE, TODOS ESTOS ORGANISMOS CONSTITUIDOS COMO MÁXIMOS ORGANISMOS TRADICIONALES DE DECISIÓN Y EXPRESIÓN DENTRO DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIO SE HAN DECLARADO EN ALERTA ROJA Y EN PIE DE GUERRA, Y ANUNCIARON AL GOBIERNO DEL ESTADO PANAMEÑO, QUE LE DAN UN PLAZO DE 07 DÍAS CONTINUOS PARA QUE SE ATIENDA DE MANERA URGENTE LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON:

1. Invasiones de Colonos en tierras y territorios de los pueblos Embera y Wounaan, establecidos por Decretos y Leyes en las regiones de: Sambu y Cemaco (Comarca Embera) y las regiones de Jaque, Rio Congo, Arimae, Bajo Lepe, Aruza, Pijibasal, Piriati, Ipeti, Maje Chiman, Platanare, Rio Hondo y Maje Cordillera (Tierras Colectivas).
2. Invasiones de Colonos en tierras y territorios de los pueblos Embera y Wounaan, establecidos por Decretos y Leyes en las regiones de: Sambu y Cemaco (Comarca Embera) y las regiones de Jaque, Rio Congo, Arimae, Bajo Lepe, Aruza, Pijibasal, Piriati, Ipeti, Maje Chiman, Platanare, Rio Hondo y Maje Cordillera (Tierras Colectivas).

3. Las entidades públicas competentes no están cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales para atender y resolver estos conflictos territoriales, que por muchos años han sido denunciados públicamente, por los pueblos Embera y Wounaan. Estas deficiencias administrativas y de procedimientos, están fomentando las invasiones de tierras y territorios, en detrimentos de los derechos de los pueblos indígenas; en clara violación a los derechos humanos.

4. Intimidación y persecución a las Autoridades Tradicionales Embera y Wounaan por Fiscales, Juzgados Municipales, Juzgados Mixto de Circuito de Darién, Honorables Alcaldes, y Autoridades Judiciales de Panamá Este, aplicando medidas arbitrarias e ilegales, desconociendo y violando normas que garantizan los derechos humanos y los derechos de los pueblos Indígenas.

Pueblo Indigena Ngabe/ Bugle

1. Desde hace ya varios días, cientos de indígenas de estos pueblos mantienen protestas contra el Gobierno de Panamá y las informaciones hablan de un fuerte contingente de policías antimotines dispuestos a contener las protestas pacificas de los indígenas.
2. La razón principal de la protesta es que desde hace un año el gobierno se comprometió a cambiar la ley minera respetando la Comarca Ngabe/Bugle como zona libre de minería e hidroeléctricas El incumplimiento con los acuerdo con la dirigencia de la Coordinadora por la defensa de los recursos naturales del Pueblo Ngäbe / Bugle, La Asamblea Nacional y los diputados eliminaron el artículo 5, que se refiere a las limitaciones de las concesiones mineras en la Comarca Ngäbe / Bugle y áreas anexas. (acuerdo firmado el día 27 de febrero de 2011).
3. El Gobierno de Martinelli pretende excluir del proyecto de ley 415, el articulo 5, el cual dice “ Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngäbe / Bugle, aéreas anexas, territorios y comunidades Ngäbe / Bugle, fuera de la comarca, y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando a cabo dichas empresas.”

4. De acuerdo a las ultimas noticias de Gilberto González Maroto, corresponsal de Prensa Indígena.org. mx “el presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, dio declaraciones oficiales y afirma una vez mas, que el no puede decir a la represas hidroeléctricas en la comarca Ngäbe / Bugle, porque estaría atentando contra el desarrollo del país y que si tiene que tomar medidas con la fuerza, lo va hacer.”

Antecedentes
Entre el 6 al 8 de Julio de 2011 se llevo acabo el III congreso indígena Colombo Panameño allí participaron las autoridades indígenas Embera Wounaan de las comarcas de Panamá; los hermanos indígenas dieron a conocer el contexto en el que viven los indígenas de Panamá, lo cual se resume de la siguiente manera: Los indígenas de Panamá viven en una situación alarmante y vergonzosa padecen de hambre, invasión territorial por parte de los colonos y desconocimiento de los mas mínimos derechos por parte del Estado Panameño. Existen siete pueblos indígenas, ellos son los Ngobe, Bugle, Bribri y Naso (en la región occidental) y los Kuna, Embera y Wounaan en la región Oriental, cuentan con cinco territorios legalizados a través de Comarcas Indígenas, que son divisiones políticas especiales para los pueblos indígenas.

Peticiones
1. La Corporación Yurpari y las autoridades indígenas Asociación de Autoridades del Municipio de Jurado del Departamento del Choco, de frontera, hacemos un llamado al señor presidente de la República de Panamá Ricardo Martinelli, a respetar los tratados internacionales de los derechos humanos, convenios, pactos y protocolos que protegen y salvaguardan los derechos de los pueblo indígenas.
2. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a escribir cartas al gobierno de Martinelli, para que este cumpla con los acuerdos firmados con los pueblos indígenas. Del mismo modo exigir el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios y su modelo de desarrollo que se implanta en ellos.
3. Exigimos el derecho a la protesta social y popular y rechazamos cualquier acto de violencia que pretenda acallar la voz de los pueblos indígenas de Panamá.
4. Atender de manera adecuada y democrática las demandas territoriales de los pueblos indígenas y poner soluciones a las invasiones de los colonos sobre tierras indígenas.


Atentamente
Corporación Yurupari
Asociación de Autoridades del Municipio de Jurado del Departamento del Choco


Correo electrónico: corporacionyurupari@yahoo.es, coryurupari.blogspot.com