“Los defensores y las defensoras de derechos humanos no sólo deben ser protegidos por el Estado sino respetados por todas las personas de un país, ya que su trabajo es fundamental para lograr que se llegue al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, y sociales, económicos y culturales. La ONU respalda y valora su trabajo”, dijo Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Bogotá D.C., 10 de julio de 2012
CARTA PÚBLICA
ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Señores:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Presidente de la República de Colombia
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
En esta oportunidad nos dirigimos con el más alto respeto, deseándoles muchos éxitos en las labores que adelantan en pro de la democracia y la justicia en el país. Respetados servidores públicos, nuestra Organización No Gubernamental de derechos humanos solicita de manera urgente la intervención inmediata para prevenir cualquier actuación que ponga en peligro la vida y la honra de las y los defensores de derechos humanos, pertenecientes a distinguidas y respetadas ONGs: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), defensoras. Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, Vice Presidenta de la FIDH, así como Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Jeison Paba, filiales de la FIDH; los Señores. Iván Cepeda, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE; Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE; Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP); José Humberto Torres, integrante de esta misma fundación, y a las Señoras. Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex senadora Piedad Córdoba.
Las amenazas de muerte proferidas por el ¨ejercito anti restitución¨ advierten lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también [HP] guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.
Ante estas amenazas sistemáticas y reiterativas en el tiempo que se convierten en crimines de lesa humanidad a la luz de la Corte Penal Internacional.
Solicitamos del Sr. Fiscal General de la Nación, una respuesta contundente para dar con la identificación de este grupo que se autodenomina ¨ejercito anti-restitución¨, responder de manera eficaz ante las denuncia y peticiones realizadas por las y los defensores y para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes de las organizaciones y de las personas amenazadas.
Excelentísimo señor presidente Juan Manuel Santos, le pedimos: Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2).
Nos despedimos a la espera de poder contar con medidas eficaces para la protección de la legítima labor de las y los defensores de derechos humanos.
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