POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA

Bogotá, Colombia 27 de julio de 2012

La CORPORACION YURUPARI, organización no gubernamental de derechos humanos, se solidariza con la HUELGA de los trabajadores de la EMPRESA FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. “FENOCO” y hace un llamado urgente al respeto de la convención colectiva de los trabajadores, a las garantías del derecho de huelga y al respeto del derecho a condiciones dignas de trabajo.

SINTRAIME, organización afiliada a FUNTRAENERGETICA – CUT y la  Federación Sindical Mundial, denuncia que desde que inicio la huelga el pasado 23 de julio, ¨los trabajadores han tenido que soportar la presión  y  arremetida del Presidente de FENOCO PETER BURROUS, con la complacencia de Funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes están tratando de romper e ilegalizar la Huelga, negándose a los sellamientos, así como amenazas y declaraciones mentirosas buscando desinformar a la opinión pública¨  según SINTRAIME estos hechos no son nuevos pues hace tres años la empresa y su Presidente utilizando todo el salvajismo y la fuerza bruta del ESMAD y las Fuerzas armadas con más de 2500 efectivos, desalojaron criminalmente a los trabajadores¨

El Sindicato presentó un pliego de peticiones el 30 de mayo del 2012, cuya negociación se ha desarrollado sin llegar a ningún acuerdo, lo que llevó a  la decisión de ir a Huelga, el día 23 de julio a partir de las 6:00 a.m. exigiendo condiciones dignas de trabajo, respeto por los Derechos Humanos y Sindicales, reintegro de un sin número de trabajadores despedidos injustamente en el conflicto anterior por el solo hecho de hacer uso del Derecho de Asociación y Negociación Colectiva.

De acuerdo a la denuncia recibida por nuestra organización vía email, a nuestro departamento de derechos humanos de la Corporación Yurupari, exige lo siguiente:

De las entidades del Gobierno Nacional:

1.    Ministerio de Trabajo,  el respeto a la Constitución política de 1991, el acatamiento de los Convenios Internacionales ratificados por Colombia en el marco de Naciones Unidas y el sistema de la OEA.

2.    El respeto integral del Derecho a la Huelga, la Libertad de Asociación, el Derecho a la Libre Protesta, y a la no estigmatización de los obreros y sus justas luchas.

3.    Solicitamos de la OIT, permanecer al tanto de cualquier agresión que ponga en riesgo los derechos de los trabajadores de FENOCO.

4.    Hacemos un llamo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos en Colombia, acompañar por medio de una visita las instalaciones huelguísticas de los trabajadores de FENOCO. Para prevenir acciones que puedan traducirse en violaciones a los derechos sindicales y humanos de los trabajadores.

5.    Exigimos a la EMPRESA FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. “FENOCO” responsable de la administración y mantenimiento de la vía férrea del norte de Colombia,  vía que  sirve de medio de transporte del carbón que va desde La Loma – Cesar a los puertos de Santa Marta y Ciénaga, de propiedad de las transnacionales Drummond, Prodeco, Vale y Colombian National Resources (CNR, subsidiaria del fondo de inversión Goldman Sachs), el respeto y garantías de los derechos sindicales; la Corporación Yurupari, les anuncia que estaremos pendientes de denunciarlos nacional e internacionalmente a cualquier hecho que ponga en vulneración los derechos de los obreros.

Atentamente

Departamento de DDHH Corporación Yurupari

Solidaridad con los pueblos indígenas del Cauca

LA CORPORACIÓN YURUPARI, Organismo no Gubernamental de DDHH, de Colombia, envía un mensaje de solidaridad con las justas luchas por la paz y los derechos humanos que adelanta  las comunidades indígenas del Norte del Cauca, sus autoridades como la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN, y el Consejo regional Indígenas del Cauca (CRIC).

Han sido innumerables los llamados que los pueblos indígenas del cauca han realizado a lo largo y ancho del territorio nacional exigiendo al Estado colombiano, a las fuerzas militares, a los paramilitares y a la guerrilla un respeto integral a los derechos humanos y al derecho Internacional Humanitario.

Esos llamados han tenido como respuesta la vía militar, el escalonamiento del conflicto, la construcción de bases militares ubicadas en el corazón de la población civil, convirtiendo en escudos humanos a mujeres, hombres, niños, ancianos, y blanco del cañón de los fusiles y de los bombardeos, que ha originado la pérdida de vidas humanas y daños a los bienes de la población civil que habita esta región del país constituyéndose en un vulneración del derecho Internacional humanitario

El Estado sigue incumpliendo las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, no adopta medidas preventivas para proteger la vida, la integridad  personal y libertad personal en un contexto en el cual  las violaciones masivas  y sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades indígenas ya adquieren rasgos de genocidio.

La valerosa lucha de los pueblos indígenas, exigiendo el respeto de sus derechos, a su autonomía, a su territorio, al derecho a la paz, es fundamental para pervivir como pueblos históricamente ancestrales.   

El Estado colombiano a través de sus autoridades  y organismos de control tienen la obligación y el deber de cumplir y garantizar los derechos de estas comunidades. La gravedad del conflicto y la alta militarización de los territorios indígenas muestran la ausencia de voluntad por parte del Estado para el cumplimiento al DIH  y la desmilitarización de los territorios indígenas.

Hacemos un llamado para articular esfuerzos para exigir al Estado  Colombiano el respeto a los derechos de estas comunidades indígenas que hoy reclaman la paz como derecho y la salida de los ejércitos enfrentados en sus territorios. A la Defensoría del pueblo para active una  ALERTA TEMPRANA como mecanismo

inmediato para la protección de los pueblos indígenas del Cauca y como medio preventivo de nuevas violaciones a  sus derechos.

Con base en lo anteriormente expuesto solicitamos a las autoridades civiles y militares quienes tienen la obligación de velar por la vida e integridad física y psicológica de los habitantes del país, lo siguiente:

1.      Al señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón , en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares que garantice los derechos a la vida, integridad personal, dignidad, de circulación y la libertad, entre otros derechos,  adopte las medidas de suspensión de operativos militares en el lugar donde se encuentra hoy en marcha la manifestación indígena lugar conocido como el resguardo Toribio y sus alrededores, y atienda las peticiones formuladas por estas comunidades orientadas al respeto de sus vidas, integridad personal y de sus bienes.

2.      Al señor Defensor del Pueblo  para que con urgencia, active una Alerta  Temprana sobre la zona, interviniendo  ante las autoridades competentes para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas,  partícipes de esta movilización de resistencia  a la vida, integridad personal y colectiva, a la reunión y manifestación y la asociación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a la protección de la honra y la dignidad, los derechos políticos, al territorio, la identidad cultura y la autonomía de los pueblos indígenas de los demás sectores sociales participantes de estas acciones de paz.

3.     A la  guerrilla y a las Fuerzas Militares, acordar un cese a las hostilidades militares de manera bilateral, que conduzca a la protección de la población indígena.

4.     A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en ejercicio de su mandato, mantener un equipo en el terreno para que realice una observación en el terreno y presente un informe sobre la situación de DH y DIH de los pueblos indígenas que se encuentra en movilización.

5.     Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ser veedores de este proceso que adelantan los indígenas de la Asociación de Cabildos del Norte Del Cauca y el CRIC.

Atentamente

CORPORACION YURUPARI

DEPARTAMENTO DE DDHH.

ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

“Los defensores y las defensoras de derechos humanos no sólo deben ser protegidos por el Estado sino respetados por todas las personas de un país, ya que su trabajo es fundamental para lograr que se llegue al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, y sociales, económicos y culturales. La ONU respalda y valora su trabajo”, dijo Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bogotá D.C., 10 de julio de 2012

CARTA PÚBLICA

ALERTA TEMPRANA, AMENAZAS DE MUERTE A 13 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

LA CORPORACIÓN YURUPARI, Organismo no Gubernamental de DDHH, de Colombia, y la ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LO PÚBLICO –ASOPÚBLICO-. Rechazamos vehementemente las amenazas de muerte proferidas contra las y los defensores de derechos humanos, ocurridas el pasado 4 de julio de 2012, en una carta panfleto dirigida por en autodenominado “ejército anti-restitución”.

Señores:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE

Fiscal General de la Nación

En esta oportunidad nos dirigimos con el más alto respeto, deseándoles muchos éxitos en las labores que adelantan en pro de la democracia y la justicia en el país. Respetados servidores públicos, nuestra Organización No Gubernamental de derechos humanos  solicita de manera urgente  la intervención inmediata para prevenir cualquier actuación que ponga en peligro la vida y la honra de las y los defensores de derechos humanos, pertenecientes a distinguidas y respetadas ONGs: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), defensoras. Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, Vice Presidenta de la FIDH, así como Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Jeison Paba, filiales de la FIDH; los Señores. Iván Cepeda, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE; Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE; Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP); José Humberto Torres, integrante de esta misma fundación, y a las Señoras. Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex senadora Piedad Córdoba.

Las amenazas de muerte proferidas por el ¨ejercito anti restitución¨ advierten lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también [HP] guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.

Ante estas amenazas sistemáticas y reiterativas  en el tiempo que se convierten en crimines de lesa humanidad a la luz de la Corte Penal Internacional.

Solicitamos del Sr. Fiscal General de la Nación, una respuesta contundente para dar con la identificación de este grupo que se autodenomina ¨ejercito anti-restitución¨, responder de manera eficaz ante las denuncia y peticiones realizadas por las y los defensores y  para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes de las organizaciones y de las personas amenazadas.

Excelentísimo señor presidente Juan Manuel Santos, le pedimos:  Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2).

Nos despedimos a la espera de poder contar con medidas eficaces para la protección de la legítima labor de las y los defensores de derechos humanos.