Corporacion Yurupari

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domingo, 1 de junio de 2014

De dos males

Ahora todos piensan que el mal menor es Santos, porque Colombia tiene una infinita capacidad de equivocarse.


Pero he llegado a la conclusión, que nadie tiene por qué compartir, de que en estos momentos el mal menor de Colombia se llama Oscar Iván Zuluaga. De que es un mal, no tengo dudas. Es el representante de Uribe, quien tuvo en sus manos ocho años la posibilidad de cambiar a Colombia, de modernizarla, de construir la paz, y no lo hizo. Más aún, siempre he estado en contra de su discurso de guerra total; siento que Colombia vivió de crispación en crispación bajo su mandato; repruebo que por matar a un colombiano haya bombardeado el suelo hermano del Ecuador y no comparto su rechazo a los procesos democráticos de la nueva izquierda latinoamericana, ya que, como se sabe, soy partidario de Chávez, de Correa, de Evo Morales, de Rousseff, de Pepe Mujica y de Cristina Kirchner. Sin embargo, considero a Zuluaga el menor de los dos males. ¿Por qué? Yo lo resumiría diciendo que el uribismo es responsable de muchas cosas malas que le han pasado a Colombia en los últimos 20 años, pero el santismo es responsable de todas las cosas malas que han pasado en Colombia en los últimos cien años. Y si me dicen que Santos no tiene cien años, yo le respondería que tiene más. No es algo personal: Santos es un hombre inteligente, sagaz y hasta elegante. Pero la mirada que arroja sobre el mundo, la manera de su gobierno, es la de la vieja élite bogotana que se siente designada por Dios para manejar este país con una mezcla de desdén y de indiferencia que aterra. Son expertos en hacerlo todo y no ser nunca responsables de nada. Lo que hoy es Colombia, con sus desigualdades, su miseria, su inautenticidad, sus violencias, sus guerrillas, sus delincuentes, sus narcotraficantes, su atraso, su premodernidad, su docilidad ante la manipulación, se les debe por entero. Y no es que ellos quieran hacerlo, es que no pueden cambiarlo: son una cosmovisión, son un destino, son la última casta del continente. Tuvieron el talento asombroso de mantenerse en el poder más de cien años, y si lo permitimos, tendrán la capacidad de condenarnos todavía a otros cien años de soledad. Por eso siento que no hay nada más urgente que decirle adiós a esa dirigencia elegante, desdeñosa y nefasta; porque mientras ellos gobiernen, nada en Colombia cambiará. Tan excelentes son en su estilo, que ahora han logrado que una parte importante y sensible de Colombia olvide la historia y cierre filas alrededor de ellos, viéndolos como la encarnación de las virtudes republicanas, del orden democrático y de la legalidad. Hace mucho manejan el talento de apadrinar o tolerar el caos, y beneficiarse de él, y cada cierto tiempo encuentran un monstruo al cual culpar de todo: fue Rojas Pinilla, fue Sangrenegra, fue Camilo Torres, fue Fabio Vásquez, fue Pablo Escobar, fueron los Rodríguez, fue Carlos Castaño, fue Manuel Marulanda. Es asombroso pensarlo, pero estos señores engendraron a todos los monstruos, y después con gran elegancia se deshicieron de ellos. Uribe, con su inteligencia, su astucia y su tremenda energía de animal político, se inventó un poder nuevo que benefició muy poco al pueblo, pero que benefició enormemente al viejo establecimiento colombiano que hacía agua por todas partes. Sin ignorar quién era, Santos se alió con Uribe, guerreó a su lado, gobernó con él, pecó con él, se hizo elegir gracias a la política y el talento del otro, y ahora descarga en él todo el desprestigio de esa acción conjunta, para quedarse con el género y sin el pecado. Yo he abogado 20 años por la paz negociada, pero, con el perdón de las Farc, nada me parece más inverosímil que la paz de Santos. La paz, para que sea verdadera, tiene que ser otra cosa, y ya muchos han advertido que si la paz sólo puede hacerse con el enemigo, una paz sin Uribe es como una mesa de dos patas. La verdad es que temo que Santos, por reelegirse, firme todo pero no cumpla nada. Una paz con Zuluaga tal vez sea más difícil, pero hay más probabilidades de que se cumpla. Uribe y Zuluaga representan ya a otro sector de la sociedad. Sé que no representan a los pobres ni a los excluidos, sé que cada vez necesitamos con más urgencia la Franja Amarilla, pero ya no representan a esa vieja élite clasista, racista, que gobernó al país por muchas décadas y nunca supo qué país era este. Por la ilusión de la paz, Colombia podría firmarle otra vez un cheque en blanco a la vieja aristocracia. Y hoy somos testigos de la última paradoja de Colombia: que el postrer salvavidas para una élite que naufraga se lo arrojen la izquierda y las guerrillas. Zuluaga y Uribe también son neoliberales, también son partidarios de la economía extractiva, también son autoritarios, también son el adversario, pero algo saben del país y no venden imagen. No fingen ser de izquierda para darle después la espalda a todo; no fingen ser tus amigos cuando les conviene. Con ellos no es posible llamarse a engaños: si hablan de guerra, hacen la guerra; si odian a la oposición, no fingen amarla. Parece una diferencia de matiz, pero es mucho más. Ante un adversario, más vale saber con qué se cuenta. Sé que si gana Zuluaga estaré en la oposición todo el tiempo. Pero con la vieja dirigencia puesta a un lado, tal vez sea más posible ver luz al final de este túnel, de este largo siglo de centralismo, de desprecio por Colombia y de arrogancia virreinal.

miércoles, 2 de abril de 2014

Un llamado al diálogo y la paz en Venezuela

La Corporación Yurupari,  siempre ha denunciado las violaciones de derechos humanos, acometidas por la estructura de los Estados, que tienen el deber y la obligación de, garantizar y respetar.

Respetando el uso de la soberanía de los pueblos y sus gobiernos, creemos que los conflictos tanto internos, como internacionales del orden social, económico  o de tipo militar, deberían siempre de resolverse por la vía del dialogo y la concertación entre las partes. En este sentido colgamos en nuestra página la siguiente carta: El presidente Nicolás Maduro.

Ha escrito un artículo para el diario estadounidense New York Times, con el título Un llamado a la paz desde Venezuela, que se puede leer en inglés aquí en la web, y que se aparecerá  mañana en la edición impresa. La versión original en español la publicamos seguidamente:

Un llamado a la paz desde Venezuela
Por Nicolás Maduro
Las recientes protestas en Venezuela han llamado la atención de la comunidad internacional. Gran parte de la cobertura en los medios de comunicación internacionales ha distorsionado la realidad de mi país y los hechos de actualidad.
Los venezolanos nos sentimos orgullosos de nuestra democracia. Hemos construido un movimiento democrático y participativo desde la base que ha asegurado que tanto el poder y los recursos sean distribuidos de manera equitativa a nuestro pueblo.
Según las Naciones Unidas y el Banco Mundial, Venezuela ha reducido consistentemente la desigualdad, transformándose de ser uno de los países más desiguales de América Latina en 1998 a convertirse en el país menos desigual de América Latina de hoy. Hemos reducido la pobreza enormemente – del 29 por ciento en 1998 al 19,6 por ciento en 2013. La pobreza extrema disminuyó en el mismo período, pasando de 21,5% a 6,5%.
También hemos creado emblemáticos programas sociales de salud y educación, gratuitos y accesibles a todos los habitantes de nuestro país. Hemos logrado estas extraordinarias hazañas sociales en gran parte a través de la redistribución y el uso de los ingresos procedentes del petróleo venezolano.
Mientras que nuestras políticas sociales han mejorado la vida de los ciudadanos sobre todo, el gobierno también ha enfrentado serios problemas económicos en los últimos 16 meses, incluyendo la inflación y la escasez de algunos productos básicos. Continuamos consiguiendo soluciones a través de un número de medidas, incluyendo un nuevo sistema de cambio de divisas que ya ha reducido la inflación durante las últimas semanas y también a través del monitoreo de empresas para asegurar que no están especulando o acaparando productos.
Adicionalmente, Venezuela ha sufrido con una alta tasa de crimen que estamos combatiendo directamente a través de la creación de un nuevo cuerpo de policía nacional, fortaleciendo la cooperación entre las comunidades y la policía y la reforma de nuestro sistema penitenciario.
Desde 1998, el movimiento fundado por Hugo Chávez ha ganado 18 elecciones presidenciales, parlamentarias y locales a través de un proceso electoral que el ex presidente estadounidense Jimmy Carter ha llamado “el mejor del mundo.” Más recientemente, nuestro partido, el Partido Socialista de Venezuela, logró una mayoría aplastante en las elecciones para alcaldes en diciembre de 2013, ganando en 255 de 335 municipios.
La participación popular en la política en Venezuela se ha incrementado dramáticamente en la última década. Como un ex sindicalista, creo profundamente en el derecho de asociación y el deber cívico de manifestar preocupaciones legítimas a través de la protesta pacífica con el fin de garantizar que la justicia prevalezca.
Estos hechos desmienten afirmaciones hechas por algunos políticos en los EE.UU., y por gran parte de los medios de comunicación, alegando que Venezuela tiene un déficit de democracia y que las protestas actuales representan el sentir de la mayoría. Por el contrario, la mayor parte de las protestas contra el gobierno se están llevando a cabo por los sectores más ricos de la sociedad que se oponen y tratan de revertir los logros del proceso revolucionario que han beneficiado a la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
Manifestantes anti-gubernamentales han atacado físicamente y han hecho daño a clínicas públicas de salud, quemaron una universidad pública en el estado Táchira y han lanzado bombas molotov y piedras a autobuses del transporte público con pasajeros a bordo. También han atacado a las instituciones públicas, tirando piedras y antorchas a las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, la empresa pública de telefonía CANTV y la oficina de la Fiscalía General. Estas acciones violentas han causado miles de millones de dólares en daños. Es por esto que las protestas han recibido ningún apoyo en los barrios pobres y de la clase obrera.
Los manifestantes tienen un solo objetivo: el derrocamiento inconstitucional del gobierno elegido democráticamente. Los líderes antigubernamentales lo dejaron claro cuando lanzaron la campaña en enero, comprometiéndose a “crear caos en las calles.” Las personas que tienen preocupaciones y críticas legítimas sobre la economía o la inseguridad que merecen ser discutidas, por desgracia están siendo socavados por líderes de la oposición con una agenda antidemocrática y violenta.
Después de dos meses, 36 personas han sido asesinadas. Los manifestantes son directamente responsables por más de la mitad de las víctimas mortales. Seis miembros de la Guardia Nacional han sido asesinados; otros ciudadanos han sido asesinados al intentar eliminar los obstáculos colocados por los manifestantes para bloquear el tránsito.
Una pequeña minoría de funcionarios de las fuerzas de seguridad también han participado en actos violentos, y varias personas han muerto como resultado. Estos son eventos ilegales y lamentables, y el gobierno venezolano ha respondido arrestándolos.
Hemos creado un Consejo de Derechos Humanos para investigar todos los incidentes relacionados con estas protestas. Cada víctima merece justicia, y cada autor – ya sea un defensor o un opositor al gobierno – tendrán que rendir cuentas por sus acciones.
En los EE.UU., estos eventos han sido representados de una manera diferente, y los manifestantes están ampliamente descritos como “pacíficos”, mientras dicen que el gobierno es violento y represivo. Esta narración presenta al gobierno de los EE.UU. en el lado del pueblo de Venezuela, cuando en realidad el gobierno de EE.UU. está en el lado del 1 % que quiere arrastrar a nuestro país de nuevo a una época en que el 99 % era excluida de la vida política y sólo la élite, incluyendo las empresas de EE.UU., se beneficiaba del petróleo de Venezuela.
No olvidemos que algunos de los que apoyaron el derrocamiento ilegal del gobierno democráticamente electo de Venezuela en el año 2002 están liderando las protestas de hoy. Los involucrados en el golpe de 2002 inmediatamente disolvieron el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y desecharon la Constitución. Hoy, aquellos que incitan a la violencia o intentan ejecutar acciones inconstitucionales parecidas deben ser sometidos al sistema judicial.
El gobierno estadounidense apoyó el golpe de 2002 y de inmediato reconoció el gobierno golpista a pesar de su comportamiento antidemocrático. Hoy en día, el gobierno de Obama gasta más de $5 millones anuales para apoyar los movimientos de oposición en Venezuela. Un proyecto de ley para un adicional de $15 millones para estas organizaciones anti-gobierno se encuentra ahora en el Congreso.
Actualmente, el Congreso de EE.UU. está decidiendo si impondrán sanciones para castigar a Venezuela; sanciones que al final afectarían a los sectores más pobres de nuestra nación. Espero que el pueblo estadounidense, conociendo la verdad, exprese que Venezuela y su pueblo no merecen tal castigo, y llamen a sus líderes políticos para que abstengan de tales sanciones.
Ahora es un momento para el diálogo y la diplomacia. En Venezuela, hemos extendido la mano a la oposición. También hemos aceptado las recomendaciones de la Unión de Naciones de América del Sur para que participen como testigos del diálogo con la oposición.
También hemos hecho un llamado público al presidente Barack Obama, expresando nuestro deseo de intercambiar embajadores de nuevo. Esperemos que su administración, al igual que los elementos menos radicales de la oposición interna en Venezuela, responda de manera recíproca.
Venezuela necesita paz. Venezuela necesita el diálogo, y Venezuela tiene que seguir adelante. Damos la bienvenida a cualquier persona que sinceramente quiera ayudar a alcanzar estos objetivos.


jueves, 20 de marzo de 2014

La Corporación Yurupari informa a la opinión pública nacional e internacional, que durante dos días, trascurrieron las discusiones dentro de la cumbre Agraria, campesina, étnica y popular  dejando como resultado la siguiente manifestación

DECLARACIÓN POLÍTICA
CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR
“Sembrabdo dignidad, labrando esperanza y cosechando país”

BOGOTÁ, MARZO 16 DE 2014.

Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Movimiento por la Constituyente PopularMCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbra Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.

La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.

La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.

Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.

En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.

La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.

El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.

El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.

Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.

Las garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas  construidas por las comunidades de manera autónoma.

Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.

 El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo en el sector rural.

El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.

La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la sociedad.

La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo,  con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia. 

La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas. 

Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo.  A partir de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de bloque popular. 

Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.